Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Contaminación y Regulación

Contaminación y Regulación

Cómo inciden las contingencias ambientales en el desarrollo regulatorio.



Por Ricardo Katz
I. C., M. Sc
Director Gerente de Gestión Ambiental Consultores

Cuando no existe una política pública clara que oriente en el mediano y largo plazo, en este caso en materia de medio ambiente y específicamente contaminación, se corre el riesgo de legislar o regular caso a caso y sin prioridades establecidas. Eso es precisamente lo que trató de evitar la Ley sobre Bases del Medio Ambiente y sus reglamentos, sin perjuicio de que en muchas ocasiones es necesario proceder proactivamente con relación a situaciones no previstas.

Con anterioridad a la citada ley, en nuestro país se regulaba caso a caso y sin coordinación entre ministerios. La regulación era funcional a intereses sectoriales, pero no a una concepción integral del medio ambiente y, por qué no decirlo, con relación a contaminantes o situaciones de “moda”. Fue así como nuestra regulación ambiental se fue poblando de casuística, muchas veces de manera descoordinada y sin prioridades claras a nivel territorial, sectorial y temporal. Esto mismo, a su vez, redundaba en que las instituciones fiscalizadoras carecieran de recursos profesionales capacitados y de los recursos tecnológicos y materiales que les permitieran llevar a cabo sus funciones de manera eficiente y eficaz.

El caso Quintero Ventanas es un ejemplo claro de eso. Una contingencia, aún no aclarada, generó efectos en la comunidad que redundaron en una crisis de ámbito nacional y que, por lo tanto, hicieron imposible que la Autoridad no actuara. Ante la imposibilidad de determinar culpables (probablemente la falta de capacitación y de instrumental de los fiscalizadores que acudieron, en primera instancia, haya hecho difícil determinar los agentes responsables de la contingencia), el Estado ha respondido generando legislación que pena con cárcel a responsables de delitos ambientales, algo con lo que obviamente estamos de acuerdo en el sentido de que estas infracciones deben tener el mismo tratamiento que otro tipo de delitos.

No queremos criticar la acción del Estado, que muestra su compromiso con los objetivos de calidad ambiental, pero hay que tener claro que presentar un proyecto de ley no elimina la posibilidad de que se generen nuevos episodios de contaminación y tampoco mejora la probabilidad de reaccionar a tiempo e identificar a los responsables de la situación. Más aún cuando no sabemos con qué urgencia fue presentado y, por lo tanto, no podemos prever cuándo se promulgará; cabe recordar, por ejemplo, que el proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas fue presentado al Congreso durante el primer período del Presidente Sebastián Piñera y todavía no ha sido promulgado.

Manejo de Contingencias

Es imprescindible que el Estado cuente con los recursos, propios o de terceros, que le permitan reaccionar rápidamente ante situaciones episódicas que generen efectos agudos en la población. Y que cuando se trate de efectos crónicos se cuente con “un poco más de tiempo para reaccionar”. Una situación similar es la relacionada con los incendios forestales o los accidentes químicos en empresas donde sólo Bomberos cuenta con equipos especializados. Un atisbo de lo anterior, pero malamente materializado, fue la creación a fines del siglo pasado del Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA), institución que por falta de decisión estatal terminó convirtiéndose en una consultora más para poder subsistir.

Lea este artículo completo en InduAmbiente 156 (enero-febrero 2019), páginas 74 a 75.