Ambiente Presidencial

El cuidado de nuestro entorno natural, así como un desarrollo energético sostenible, son claves para el bienestar social y para lograr un crecimiento económico que permita al país avanzar hacia la sustentabilidad. Sin embargo, poco y nada se habla de estos temas en los debates presidenciales o en las entrevistas a los candidatos a La Moneda.

Para conocer sus propuestas en estas materias, entonces, planteamos dos preguntas abiertas a los ocho postulantes. Y a continuación, presentamos las respuestas de las seis candidaturas que contestaron, ordenadas de acuerdo con el número asignado en la papeleta de votación del próximo 16 de noviembre.

Preguntas:

1.- ¿Cuáles son sus principales propuestas para compatibilizar adecuadamente el resguardo del medio ambiente con el crecimiento económico y el bienestar social?

2.- ¿Qué otros planteamientos prioriza su programa en las áreas de medio ambiente y desarrollo energético sostenible?

FRANCO PARISI

1.- Nuestra hoja de ruta parte de una idea simple: sin legitimidad social y trazabilidad ambiental no hay crecimiento sostenible. Para compatibilizar ambiente, economía y bienestar, proponemos cinco pilares operativos:

a) Reglas claras, certeza para invertir y fiscalización efectiva que evite la judicialización crónica. Fortalecer el SEIA manteniendo su estándar técnico y acelerando plazos con gestión, sin rebajar exigencias: ventanilla única digital y fast-track solo para proyectos que cumplan criterios públicos de ubicación, desempeño y MRV (monitoreo-reporte-verificación).

b) Participación temprana e informada, antes de la evaluación formal, con actas públicas, respuesta trazable a observaciones y mediación técnico-social. Esta práctica, probada en Chile, reduce conflictos, tiempos y costos.

c) Eficiencia primero, infraestructura después: En agua, priorizar tecnificación de riego (goteo/aspersión), entubamiento/revestimiento de canales y telemetría, las medidas de mayor costo-efectividad y luego evaluar obras mayores para controlar crecidas y seguridad en sequía con líneas de base ambientales robustas. En energía, programas de eficiencia residencial para que los hogares reduzcan 18% a 20% su cuenta (diagnóstico + recambio focalizado).

d) Economía circular con empleo local: Despliegue del modelo "Comuna cero basura": recolección diferenciada de orgánicos, compostaje y biogás a escala local, viveros y vermicompost.

e) Política climática costo-efectiva y socialmente justa: Revisar gradualmente el impuesto al carbono (hoy US$5/tCO?) hacia el costo social estimado (~US$71/tCO?), estudiando esquemas con devolución a hogares y competitividad para pymes. El objetivo es incentivar tecnologías limpias sin castigar a las familias ni a la inversión productiva.

2.- a) Energía 24/7 limpia y asequible: Subastas 24/7 (suministro continuo de energía libre de carbono) que combinen ERNC con almacenamiento y respaldo, bajando el costo sistémico. Contratos de compra de energía estandarizados y garantías parciales para cooperativas energéticas municipales y de pymes. Modernización de la red de transmisión y flexibilidad operativa con IoT (sensores) y ciberseguridad, sin dependencia de un proveedor.

b) Agua y cuencas: Plan nacional de eficiencia hídrica, con tecnificación, entubamiento, telemetría y caudales ecológicos; priorizar "demanda primero". Cuando se requieran embalses por eventos extremos (crecidas, sequía), exigiremos líneas de base actualizadas (suelos, flora, fauna, comunidad), MRV independiente y un plan social verificable.

c) Biodiversidad y territorio: Llevar la categoría Reserva de la Biósfera del "título" a la gestión real, con metas anuales en conservación, desarrollo y apoyo logístico; comités locales con universidades, entre otros. Restauración y corredores biológicos con monitoreo satelital y ciencia abierta, articulando turismo de naturaleza y bioeconomía local.

d) Resiliencia ante desastres: En 12 meses, actualizar el Plan de Reducción de Riesgo de Desastres y los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático en municipios priorizados, usando Esfera (estándar humanitario internacional) como guía operativa en dignidad humana, agua, saneamiento, refugio, salud y seguridad alimentaria, con simulacros estacionales y brigadas comunitarias.

e) Minería y licencia social: Monitoreo independiente, trazabilidad ecológica, innovación y resolución de conflictos basada en evidencia para minería del cobre, litio y tierras raras. Innovación aplicada y validada en manejo de pasivos y procesos, enfocada en elevar estándares y dar certeza a proyectos con beneficios locales.

f) Economía circular: Integrar la Responsabilidad Extendida del Productor con logística municipal y cadena de valor local. Impulsar compras públicas verdes y ecodiseño para dinamizar mercados circulares.

g) Transparencia total: Implementar un panel público en línea: contratos, avances, indicadores, MRV ambiental y social por proyecto, con compromisos cuantitativos.


JEANNETTE JARA

1.- Nuestra propuesta aborda el desafío ambiental desde una mirada integral: creemos que el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la justicia social no deben enfrentarse, sino avanzar juntos. Por eso, el programa "Un Chile que Cumple" impulsa una estrategia de crecimiento verde, que permita al país transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo más diversificado, tecnológico y ecológicamente responsable.

Esto implica fortalecer la regulación ambiental reduciendo tiempos de tramitación sin afectar estándares ambientales, promoviendo la participación ciudadana temprana y eliminando instancias políticas en decisiones técnicas, como el Comité de Ministros del SEIA. También proponemos instrumentos económicos verdes (incentivos a las MIPYMES sostenibles y aplicación efectiva del principio "quien contamina paga") junto con una planificación territorial ecológica y una gestión integrada de aguas, suelos y biodiversidad.

Avanzaremos en minería verde, agroindustria sostenible, turismo y construcción con bajo impacto ambiental, acompañando estos cambios con reconversión laboral y formación en energías limpias e innovación tecnológica.

Además, fijamos metas claras de descarbonización, hidrógeno verde y electromovilidad, y la protección del 30% de los ecosistemas.

2.- La transición energética es una oportunidad estratégica para Chile: no solo para enfrentar la crisis climática, sino también para impulsar un nuevo ciclo de desarrollo productivo, innovación y bienestar social. Nuestro programa plantea que la sostenibilidad y el crecimiento deben avanzar de la mano, rompiendo con décadas de dependencia de un modelo extractivo y poco diversificado.
Chile necesita invertir en sectores de futuro, y la energía es la palanca central de ese cambio. Apostamos por una matriz limpia, moderna y competitiva, que reduzca la dependencia de combustibles fósiles, baje los costos de producción y genere empleos verdes de calidad. Por eso, proponemos que al 2030 el 20% de la capacidad instalada cuente con sistemas de almacenamiento energético, junto con acelerar el hidrógeno verde, la electromovilidad y la modernización de la red de transmisión.

Nuestra propuesta también aborda la crisis hídrica desde una gestión integral: construcción de embalses multipropósito, impulso a la desalinización con criterios ambientales y fortalecimiento de la gobernanza por cuencas. En paralelo, vinculamos sostenibilidad y alivio económico mediante un Consumo Eléctrico Vital, que asegura 85 kWh mensuales a precio reducido, y programas de generación distribuida para que un millón de hogares produzcan su propia energía solar.

Todo esto se enmarca en un Modelo de Desarrollo Verde, la participación ciudadana temprana y la certeza jurídica para la inversión sostenible. En síntesis, proponemos una transición justa que permita a Chile avanzar hacia una economía verde, resiliente y con equidad, donde el progreso no dependa de agotar nuestros recursos, sino de usarlos responsablemente para asegurar bienestar presente y futuro.


JOHANNES KAISER

1.- Compatibilizar desarrollo y protección ambiental es posible si se establecen prioridades claras dentro del marco constitucional. Propongo corregir distorsiones legales y de gestión que hoy obstaculizan la inversión, mediante una administración más ágil y eficiente.

La principal medida es crear una Subsecretaría de Gestión Ambiental (SGA) dependiente del Ministerio de Economía, encargada de integrar la política ambiental con la planificación económica. Esta reemplazaría al actual Ministerio de Medio Ambiente y tendría como misión promover el desarrollo productivo con prevención y control de la contaminación.

Además, se plantea transformar la Superintendencia del Medio Ambiente en un Servicio de Fiscalización Ambiental (SFA) más eficiente; modernizar el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con permisos simplificados (RECA y SPA) dentro de un nuevo Sistema de Evaluación de Permisos Ambientales (SEPA); y orientar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) a una gestión eficaz de las áreas protegidas.

2.- Nuestro objetivo es lograr una matriz energética independiente, eficiente y accesible, que impulse el crecimiento económico y reduzca costos para hogares, pymes y empresas. Para ello se promoverá la electrificación de procesos industriales, transporte y calefacción, fortaleciendo el financiamiento ESCO.

Propongo eliminar trabas burocráticas que frenan inversiones energéticas y revisar el Acuerdo de Escazú para evitar paralizaciones judiciales de proyectos aprobados.

Entre las medidas específicas quiero destacar:

• Optimizar el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) con datos abiertos para acelerar estudios y evaluaciones.

• Agilizar los permisos de conexión y construcción con plazos acotados y contrapartes técnicas designadas.

• Reducir la discrecionalidad del Consejo de Monumentos Nacionales en hallazgos menores.
En conjunto, las propuestas buscan un Estado más eficiente, con gestión ambiental moderna, fomento del emprendimiento y respeto al derecho constitucional de vivir en un medio libre de contaminación.


JOSÉ ANTONIO KAST

1.- La supuesta tensión entre el crecimiento económico y la protección ambiental es un falso dilema. De hecho, los países que más han avanzado en desarrollo son, justamente, aquellos que han alcanzado altos estándares de protección ambiental.

Chile debe avanzar hacia un desarrollo sostenible, que combine el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente. La clave para lograr ese equilibrio está en la construcción de políticas que permitan prosperar sin sacrificar nuestras fuentes de vida. El crecimiento económico debe ir de la mano de normas y procesos que garanticen la protección ambiental. En nuestro gobierno, y como sociedad, asumimos ese compromiso: crecer con responsabilidad, velando siempre por el bienestar de las personas y del medio ambiente.

Nosotros creemos firmemente que en Chile contamos con una institucionalidad ambiental robusta, con un instrumento como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que permite asegurar que todo proyecto cumpla con las normas exigidas. Pero también sabemos que debemos mejorar y modernizarse. Por eso, hemos propuesto, como medidas prioritarias para un futuro gobierno, dos grandes acciones para avanzar hacia un desarrollo sostenible:

• Facilitación regulatoria: Eliminar regulaciones innecesarias, simplificar procesos y dictar normas enfocadas en la eficacia, eficiencia y el riesgo ambiental significativo. Una regulación inteligente y focalizada permitirá que los proyectos sostenibles avancen sin trabas burocráticas, cuidando lo esencial y protegiendo realmente nuestro medio ambiente.

• Modernización de la institucionalidad ambiental: Fortalecer el componente técnico y enfocar nuestros esfuerzos en los riesgos ambientales más relevantes. Modernizar nuestras instituciones nos permitirá tomar decisiones más ágiles, fundamentadas y eficaces, siempre pensando en el bienestar de las personas y la protección del entorno.

2.- También resulta fundamental llevar adelante una transición energética segura, eficiente y responsable. El mundo demanda una nueva forma de generar y utilizar energía. Debemos impulsar proyectos que contribuyan a la transición energética en relación a los minerales críticos (cobre y litio), y el fomento de proyectos de forestación que permitan el cumplimiento del compromiso de la carbono-neutralidad para el 2050, como medidas efectivas para enfrentar el cambio climático.


EVELYN MATTHEI

1.- En mi visión, esa incompatibilidad no existe. El desarrollo económico es condición necesaria para la sostenibilidad ambiental y el bienestar social. Los países más libres y prósperos son justamente los que mejor protegen su entorno, porque cuentan con instituciones sólidas, innovación y recursos para invertir en soluciones verdes. Y eso es lo que buscamos. Nuestro programa impulsa un crecimiento verde basado en la libertad económica y en la promoción de la inversión en tecnologías limpias, la reconversión industrial y la colaboración público-privada.

En lo personal, tengo un compromiso incuestionable con el medio ambiente, demostrado por ejemplo en mi gestión como alcaldesa de Providencia, donde implementé proyectos concretos de mitigación y adaptación climática. Hoy contamos con el programa presidencial más sólido en materia ambiental, el cual está técnicamente respaldado por el mejor equipo del país, conformado por expertos tanto de Santiago como de regiones.

2.- Nuestro programa propone convertir a Chile en una potencia de energías limpias y sostenibles, aprovechando sus ventajas naturales en radiación solar, costa y minerales críticos como el litio y el cobre. Buscamos reducir a la mitad las emisiones al 2035, electrificar completamente el transporte público y avanzar hacia la carbono-neutralidad en 2050, aunque siempre fomentando el crecimiento económico. Para eso, es clave destrabar la permisología.

Además, priorizaremos la recuperación ambiental de zonas industriales, el fortalecimiento de la economía circular, la inversión en infraestructura verde para ciudades más resilientes y la descontaminación de nuestras ciudades. Todo esto con un enfoque pragmático: marcos regulatorios modernos, incentivos a la inversión y colaboración entre Estado, empresas y ciudadanía. En definitiva, una política ambiental efectiva, realista y compatible con el progreso.


HAROLD MAYNE-NICHOLLS

1.- Las propuestas centrales son:

• Planificación urbana sostenible: Reforzaremos los Planes Regionales de Desarrollo Urbano que articulen la construcción de viviendas con el cuidado del entorno. Fortaleceremos las capacidades del MINVU para coordinarse con los gobiernos regionales y municipios para que las expansiones urbanas cuenten con áreas verdes, transporte público, servicios y respeten las zonas de valor ambiental. Revisaremos el funcionamiento del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial como de la COMICIVYT, para que se completen los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial. Promoveremos ciudades compactas y bien planificadas, evitando los extensos loteos periféricos sin equipamiento que terminan creando problemas sociales y ambientales.

Impulsaremos una Ley de Uso de Suelo moderna que limite la urbanización en áreas de riesgo (bordes de ríos, zonas propensas a incendios forestales) y prime la densificación equilibrada por sobre la extensión descontrolada. Particular énfasis pondremos en la prevención de incendios forestales, dotando de la mejor tecnología a CONAF, junto con una capacitación sostenida a sus brigadistas.

• Transición energética y acción climática: Continuaremos y potenciaremos el cambio de matriz energética hacia energías limpias. Apoyaremos decididamente el cronograma de descarbonización, confirmando el cierre paulatino de las centrales a carbón antes de 2040 (o acelerando a 2035 si es posible), reemplazándolas por proyectos solares, eólicos y geotérmicos. Impulsaremos el hidrógeno verde como nuevo sector exportador, con estándares ambientales y de beneficio local. Implementaremos el Acuerdo de París con metas concretas de reducción de emisiones, incluidas en una nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional más ambiciosa. Apoyaremos el cambio de hogares y pymes a energías limpias.

• Transporte sostenible e integración territorial: Nuestra propuesta incluye invertir en más trenes de pasajeros y de carga: concretar el tren Santiago-Valparaíso, extender el tren Chillán-Concepción, mejorar el servicio Santiago-Talca-Chillán. Seguiremos mejorando las rutas estratégicas (Santiago-Valparaíso, Arica-Pozo Almonte, entre otras) para evitar su congestión. Ampliaremos la flota de buses eléctricos en Santiago y en regiones, e incentivaremos los taxis y camiones eléctricos. Habilitaremos más ciclovías.

2.- La transición energética debe construirse con legitimidad social. Para eso, se propone impulsar un nuevo modelo de gobernanza para el desarrollo energético, centrado en la participación temprana y vinculante de las comunidades. En ese contexto, se plantea crear un mecanismo legal que permita a las comunidades locales participar en las utilidades de los proyectos, recibir compensaciones económicas justas y tener prioridad en la contratación de mano de obra local. También se pretende fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, asegurando información clara y accesible, acuerdos de beneficios concretos para las comunidades y su integración activa en la planificación y monitoreo de los proyectos. Se espera que todo esto reduzca la oposición social a los proyectos, acortando los plazos de construcción y reduciendo los sobrecostos; y brinde acceso a energía limpia y segura a comunidades que históricamente han dependido de soluciones costosas y contaminantes, entre otros beneficios.

Además, se propone implementar un Plan Nacional de Transmisión y Almacenamiento con un enfoque de tramitación ágil y estratégica, considerando las zonas específicas donde se requieren las instalaciones e impulsando el almacenamiento a gran escala para dar estabilidad a la red. Así se espera reducir el vertimiento de energías renovables y aumentar la resiliencia energética.

Otra prioridad es resolver los desafíos de la distribución eléctrica para dar seguridad a hogares e industrias, a través de una reforma regulatoria, el incentivo a las distribuidoras para que integren nuevas tecnologías y el establecimiento de protocolos entre las empresas y la autoridad para afrontar eventos climáticos, entre otras medidas.

De igual modo, se pretende mejorar la coordinación institucional del sector y lograr un uso más eficiente de los recursos técnicos y profesionales existentes. Además, se pondrá énfasis en el aspecto comunicacional, haciendo un esfuerzo mayor por acercar y hacer más entendibles los temas energéticos a la ciudadanía.

Artículo publicado en InduAmbiente n° 196 (septiembre-octubre 2025), páginas 42 a 46.