Un Puente Necesario

Por Alfonso Vial Arriaga
Gerente General
Gestión Ambiental Consultores

En el año 2018 la vida estadística de un chileno tenía un valor de 16.765 UF, mientras que cuatro años antes era de 14.910 UF y en 2002 alcanzaba las 10.850 UF. Este valor, en permanente revisión y cambio, se utiliza en todo Análisis General de Impacto y Económico Social (AGIES) para determinar los costos y beneficios de las regulaciones ambientales en Chile, en especial, de las normas de carácter primario que tienen por objeto proteger la salud de las personas. En general, a mayor valor de la vida más estricta resulta ser la norma.

Desde el punto de vista conceptual, toda norma ambiental representa un acuerdo técnico-político, teóricamente representativo de las prioridades de la sociedad en un determinado momento, en torno a ciertos límites que servirán para definir parámetros como la contaminación. En ese sentido, con la actualización de los datos técnicos -como por ejemplo el valor de la vida- y de las prioridades de la sociedad, tendríamos normas distintas a las vigentes.

Cambio Constante

En una sociedad como la actual, en que el cambio es la única constante, se hace muy difícil que la regulación se actualice de manera tal de reflejar fielmente los análisis que justifican las medidas que allí se contienen. A mayor abundamiento, Chile es un país en que la escasa regulación ambiental, es generada en contingencia y de acuerdo con las pulsiones sociales del momento, por ende, es reactiva y tardía.

Lo mismo sucede con el proceso de evaluación ambiental de proyectos. En un reciente fallo basado en el principio precautorio, la Tercera Sala de la Corte Suprema, razonó que, más allá de las tipologías de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) taxativamente enumeradas en el artículo 10 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, debían considerarse los impactos ambientales de los proyectos para determinar si éstos debían ser evaluados. Sin duda la interpretación fue audaz, pero es consistente con la tendencia laxa que ha ido adoptando el máximo tribunal de justicia en asuntos ambientales, y va en línea con la manera en que el Reglamento del SEIA regula las modificaciones de proyectos (Art.2, literal g.3). Tras esto, sucesivos y diversos fallos de los Tribunales Ambientales han utilizado la misma lógica argumentativa finalista y precautoria. Lo anterior, además de aumentar considerablemente la ambigüedad jurídica, genera una revisión de los criterios de ingreso al SEIA.

El Rol del Consultor

Sin cambios regulatorios sustantivos, el concepto "impacto significativo" ha cambiado a lo largo de los años. ¿Qué es eso, sino una revisión permanente por parte de los servicios públicos y tribunales de las prioridades y preferencias ambientales de la sociedad y del avance de los principios ambientales en ese sentido?

En este contexto, uno de los principales roles del consultor hoy es sintonizar con las inquietudes sociales. La discusión sobre este tema se da en el marco de la política pública al respecto, ya que actualmente el cumplimiento normativo -piso mínimo y obligatorio- está lejos de ser la vara con la cual los proyectos se evalúan y perciben. En la misma línea, la identificación de los criterios de ingreso al SEIA en un contexto de permanente revisión, manifiesta de manera patente el rol interpretativo del consultor como vínculo entre los requisitos normativos literales y su aplicación práctica.

El consultor ambiental genera impacto al valor del proyecto cuando se logra la licencia social para operar, plantea Alfonso Vial.

Dado lo anterior, el consultor ambiental debe orientar al proponente para que esté en sintonía con la evolución de los criterios ambientales y, por sobre todo, ser el puente que permita la adecuada, incidente y oportuna ponderación y consolidación de la participación ciudadana en los proyectos. En este sentido, los consultores ambientales debemos actualizarnos permanentemente para cumplir el rol integrador entre lo regulatorio, lo técnico y lo social.

No basta con generar información técnicamente impecable para una descripción acabada del proyecto y su entorno, y proyectar correctamente los impactos. El valor del consultor se genera cuando con esto se logra incidir en los proyectos, para adecuarlos a la realidad actual y futura en que éstos se materializarán. No es raro que quienes se someten a evaluación ambiental tengan como horizonte una resolución de calificación ambiental, pero eso no basta: el consultor también debe proyectar la sustentabilidad a los 20 o 30 años de vida útil del proyecto.

Partiendo de la base que no todo proyecto es viable ambientalmente, se debe entender que su factibilidad se logra, principalmente, con apertura al cambio, incorporando distintas variables y perspectivas. De esta forma, además, las medidas de compensación o mitigación que se propongan cobrarán más sentido y relevancia, pasando a generar valor al negocio, al alero de resoluciones de calificación ambiental que contengan verdaderas licencias sociales para operar, y no sean solo autorizaciones administrativas.

Como consultores, usualmente se nos mide por el costo de las medidas propuestas, y pocas veces por la estabilidad socioambiental con la que puedan ejecutarse los proyectos. El valor de esa certeza no se suele cuantificar en la planilla Excel de la evaluación. Sin embargo, la sustentabilidad de un proyecto está amparada en su licencia social, que va de la mano con la ponderación que la sociedad le da al análisis de costos y beneficios de la operación.

Siempre será recomendable contar con mejores y más actualizadas normas ambientales, y con autoridades que les den una interpretación consistente, pero, aun así, se producirán brechas entre las prioridades de la sociedad y la regulación. En este sentido, el adecuado cumplimiento del marco normativo es condición necesaria, pero no suficiente para la sostenibilidad de un proyecto. Y es por esto que, para realmente generar valor a los proyectos, la consultoría ambiental deberá siempre -además de contar con sustento técnico- ponderar, interpretar y representar a la sociedad en el proceso de consideración ambiental de los proyectos.