Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Otra Mirada al SEIA

Otra Mirada al SEIA

En el Congreso se discute el nuevo proyecto de modernización del SEIA, que busca potenciar su faceta técnica y no considera la participación ciudadana anticipada y las macro zonas (IA 158).



Que es burocrático y frena la inversión. Que no cumple bien su rol. Que se excede en sus atribuciones… Esas y muchas otras críticas ha recibido el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en sus más de 22 años de funcionamiento.

Para adecuarlo a los tiempos, el Gobierno envió al Congreso, a fines de julio de 2018, un proyecto que pretendía modernizar este instrumento. Sin embargo, debido a que la discusión legislativa se estancó por las diferencias existentes, el Ministerio del Medio Ambiente presentó hace algunas semanas un nuevo texto legal al Parlamento.

La Ministra Carolina Schmidt resume así la nueva propuesta: “Recoge las visiones de distintos actores para avanzar hacia una modernización integral del SEIA. Lo que buscamos es potenciar su mirada técnica, robustecer la descentralización en la toma de decisiones, generar un acceso igualitario a la justicia en materia ambiental, y fortalecer los procesos de participación ciudadana dentro de la tramitación”, asegura.

En concreto, el documento no considera la participación ciudadana anticipada, uno de los principales “lomos de toro” para lograr consensos y viabilizar el proyecto. La remozada iniciativa legal amplía la participación ciudadana a todos los procesos de evaluación, y no la circunscribe sólo a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) con cargas ambientales. Además, obliga al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a contar con una oferta de programas y cursos gratuitos para la comunidad que promuevan y faciliten este proceso en la evaluación de proyectos en el SEIA.

Certeza Jurídica

Otros aspectos centrales del proyecto apuntan a potenciar el componente técnico en las decisiones y entregar certeza jurídica a los inversionistas, disminuyendo el peso del factor político. Para eso, se propone eliminar la reclamación ante el Comité de Ministros o el Director Ejecutivo del SEA, “haciendo más eficiente el proceso, reemplazándolo por un recurso de reclamación judicial ante los tribunales ambientales, para que sean estos órganos especializados los que resuelvan las controversias”, explica la Ministra Schmidt.

Agrega: “Con esto, se descentraliza la toma de decisiones, ya que se fortalece el poder de las regiones al establecer a las comisiones regionales como la instancia final de decisión administrativa, eliminándose el Comité de Ministros”.

Al respecto, se dejó sin efecto la creación de tres macro zonas para la evaluación de los proyectos. ¿La razón? Se veían como una instancia que centralizaba la toma de decisiones.

Falta Claridad

Evaluando los cambios presentados, Fundación Terram sostiene que “aún falta claridad sobre las opciones reales de participación ciudadana que ofrece el proceso. Además, la reforma carece de instrumentos que normen algunos vacíos legales, como el perverso uso de las ‘consultas de pertinencia’, herramienta con la que los inversionistas solicitan al SEA ampliar y/o modificar sus operaciones sin pasar nuevamente por un proceso complejo de evaluación, es decir, sin ningún tipo de consulta ciudadana o apreciación de organismos técnicos de sus intervenciones”.

Artículo publicado en InduAmbiente 158 (mayo-junio 2019), página 42.