Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Freno a los Delitos

Freno a los Delitos

Proyecto de ley que sanciona daños graves al entorno natural y humano.



En poco tiempo más, episodios serios de contaminación ocurridos en nuestro país como la reciente descarga de residuos que afectó al río Mapocho, las emanaciones de gases que en agosto pasado intoxicaron a los habitantes de Quintero o los derrames de petróleo que cada cierto tiempo ensucian esa misma bahía, podrían recibir un castigo mucho mayor a los que actualmente se exponen.  

Eso, luego que el Gobierno ingresara al Congreso el pasado 21 de enero el proyecto de ley sobre delitos ambientales que tiene como objetivo primordial prevenir daños graves al patrimonio natural y a la salud de las personas. En ese contexto, la iniciativa funcionará como instrumento disuasivo de conductas contra el medio ambiente al establecer la responsabilidad penal de las empresas y sancionar incluso con penas de cárcel a quienes incurran en este tipo de infracciones. Asimismo, se fortalecerá el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Principales Propuestas

Esta propuesta legislativa responde a una de las recomendaciones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo en su Evaluación del Desempeño Ambiental de Chile en 2016, y recoge la inquietud planteada por parlamentarios de todos los sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil.

Durante la presentación del proyecto, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, señaló que el desarrollo integral debe ser sustentable e inclusivo, por lo que “es urgente y necesario contar con una legislación que tenga más instrumentos y más eficacia para prevenir, que es la labor fundamental, pero también para sancionar a aquellos que no respetan a nuestra naturaleza”.

A su vez, la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, destacó: “El foco de este proyecto es que todos seamos responsables al momento de cuidar el medio ambiente, por lo que establece que las empresas tengan mecanismos de control y seguridad para evitar impactos al patrimonio natural y sancionar a quienes lo provoquen”.
En ese marco, esta iniciativa plantea entre otras disposiciones:

•    Penas de cárcel: Si se acredita el daño ambiental grave, los causantes arriesgan sanciones de cárcel que van desde los 61 días a los 3 años. En caso de afectar a un área protegida, la pena fluctuará entre los 541 días y los 5 años.
•    Sanciones económicas: Se proponen multas de 501 a 700 UTM (entre $24,2 millones y $33,8 millones) para quien produzca perjuicio ambiental significativo fuera de un área protegida, y de 801 a 1.000 UTM (de $38,7 millones a $48,3 millones) si aquello ocurre dentro de dichos sitios.
•    Responsabilidad penal de empresas: El proyecto también busca incorporar los delitos ambientales en la Ley Nº 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De esta manera, las empresas deberán sumar a sus modelos de prevención del delito las actividades que podrían dañar seriamente el medio ambiente.

Razonable y Oportuna

“Siguiendo la tendencia internacional, resulta del todo razonable y oportuna esta iniciativa de Ley, ya que es insostenible que una acción de contaminación permanente y grave, dolosa o culpable, genere hoy sólo responsabilidad civil. Es impresentable, por ejemplo, que la destrucción de un río sea menos grave que un pequeño hurto o el robo de un animal (abigeato)”.

Las palabras pertenecen a Eduardo Astorga, abogado especialista en Derecho Ambiental, quien valora la presentación del proyecto de ley sobre delitos ambientales recordando que en Chile “aún evidenciamos la ausencia de una legislación más específica sobre la materia, que tenga esencialmente un carácter disuasivo de estas conductas cuando sean calificadas de graves”.

Lea este artículo completo en InduAmbiente 156 (enero-febrero 2019), páginas 54 a 55.