Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

La Significancia de la Oficina de Grandes Proyectos

Eduardo Astorga

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Ph.D. Abogado

En Chile el plazo real para la tramitación y obtención de los permisos de un proyecto relevante, en promedio es de seis años, mientras que en Australia o Canadá es de entre tres y dos años respectivamente, a pesar que estos países demuestran estándares más estrictos que los nuestros.

Por tanto, y replicando la experiencia de estos dos países, parece del todo razonable y necesario la creación de una oficina de grandes proyectos, cuya misión sea la de supervigilar y asegurar el cumplimiento de los plazos legales previstos para los procedimientos administrativos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

La misión de esta oficina será inicialmente identificar “los cuellos de botella y las ineficiencias que impiden el desarrollo más ágil de la inversión”. Luego su tarea principal, además de la supervigilancia formal, debiera ser asegurarse efectivamente del éxito de sus resultados. De eso se trata el valor de esta iniciativa a pesar de que los desafíos son enormes.

Lo primero que debemos constatar es que se trabajará en un país territorialmente desregulado, lo que al margen de consideraciones económicas, ha generado un desorden insostenible que requiere como condición esencial dar las certezas a los inversionistas y al propio Estado sobre los usos, valores y vocaciones de los territorios.

Con esta constatación, que podría “fácilmente” ser resuelta vía normas secundarias de calidad de aguas ya que permiten regular el desarrollo de las cuencas, hay que considerar otros esfuerzos e instrumentos coadyuvantes en la tarea, entre los que se cuentan:

1.    Establecer la posibilidad de acordar términos de referencia en los estudios de impacto ambiental (EIA) entre los proponentes y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

2.    Incorporar un capítulo en los EIA sobre el diagnóstico ambiental de alternativas, tal como hoy lo contempla el Ministerio de Energía, a fin de validar y legitimar la propuesta sobre el emplazamiento de los proyectos.

3.    Continuar con la idea de construir Planes Regionales de Ordenamiento Territorial vinculantes, y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en algunas reparticiones tales como el Ministerio de Obras Públicas.

4.    Instalar criterios de asociatividad en la relación entre los proyectos y las comunidades locales, que permitan a ambas partes un acuerdo ganador-ganador.

5.    Racionalizar, unificar, estandarizar y transparentar las exigencias de todos los servicios públicos involucrados, de manera que los proyectos conozcan de antemano sus criterios y “condiciones de satisfacción”.

6.    La Oficina debe asegurarse de garantizar una óptima calidad técnica de los EIA y la proporcionalidad de las medidas ofrecidas, como también de lograr niveles razonables de empatía entre las partes. Esto último obedece a la necesaria “licencia social”, que evita o acota judicializaciones posteriores. Por ejemplo, comprender que la consulta indígena del Convenio 169 de la OIT no es sólo para “preguntar” sino para ponerse de acuerdo entre las partes. Para estos efectos, la experiencia comparada demuestra la utilidad de instalar mesas de diálogo territoriales, así como un sistema de facilitadores y mediadores.

Columna publicada en InduAmbiente N° 152 (mayo-junio 2018), pág. 83.