Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Nueva Constitución: Gradualidad en las normas transitorias

Por Eduardo Astorga
Dr. Profesor de Derecho Ambiental



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Varias son las materias en que correspondería establecer normas transitorias en la nueva Constitución: la ordenación del territorio, el ombudsman ambiental y la justicia ambiental, entre otras. En ese marco, existen dos temas fundamentales en materia de medio ambiente que requieren de gradualidad y realismo, los cuales dicen relación con los actos administrativos fundantes para el aprovechamiento de las aguas y el desarrollo minero.

El nuevo régimen de aguas establece que éstas son bienes inapropiables en forma privada, no conceden derecho de propiedad y sus autorizaciones de uso, son de carácter incomerciable, con obligaciones específicas de conservación, justificadas en el interés público y el resguardo de la naturaleza.

En Chile existen más de 300 mil derechos de aprovechamiento de aguas en diversos sectores, que podrían sufrir una falta de certeza que impactaría seriamente la economía, afectando la inversión, el empleo y la recaudación fiscal, así como a las comunidades usuarias, en especial del mundo rural.

Según el borrador constitucional, este cambio de régimen jurídico de las aguas requiere crear la Agencia Nacional del Agua, como también realizar una serie de ajustes técnicos y jurídicos de origen legal, lo cual implica mantener vigente la actual normativa hídrica, asegurando de esta manera una transición viable, realista, ordenada y gradual, evitando de esta forma controversias innecesarias.

A su vez, se encuentra ya aprobada la prohibición de toda actividad minera en glaciares, áreas protegidas, zonas que por razones de protección hidrográfica establezca la ley, y las demás que ella declare.

Hoy se solicitan anualmente cerca de 17.000 concesiones mineras de exploración, verificándose importantes yacimientos en zonas de glaciares y áreas protegidas. Entre éstos destacan las Divisiones Andina y El Teniente de Codelco, que involucran más de 5.000 trabajadores propios, y en el área privada, las minas Los Bronces de Anglo American Sur y Los Pelambres de Antofagasta Minerals.

Al igual que en el tema hídrico, un nuevo régimen de concesiones mineras requiere de ajustes técnicos y jurídicos indispensables, por lo que la actual regulación debe mantenerse vigente de manera de asegurar un tránsito prolijo y escalonado sin impactos negativos en la economía, incluso sin detener nuevas concesiones durante la transición hacia la nueva ley.

Pensar en un cierre inmediato de las actuales operaciones mineras en zonas de exclusión, es un imposible técnico, jurídico, social y económico. El fin de las actividades industriales requiere necesariamente de una ley que abra un espacio de discusión entre todos los actores involucrados.

Columna publicada en InduAmbiente N° 176 (mayo-junio 2022), pág. 59.