Carencias ambientales en prórroga de la Ley de Riego

En marzo comenzó a discutirse con suma urgencia el proyecto de ley que modifica y prorroga por 12 años la vigencia de la Ley Nº 18.450 sobre fomento a la inversión privada en obras de riego, y cuyo debate no ha incorporado la necesaria perspectiva ambiental en medio del actual escenario de sequía y escasez hídrica.

Durante los 36 años de implementación de la Ley, el incremento de la superficie regada ha permitido un gran aumento de cultivos frutales orientados a la exportación. A pesar del éxito agroexportador, evaluaciones del mundo académico, de la OCDE y el Banco Mundial, han cuestionado que los subsidios no incorporen criterios ambientales y solo se enfoquen en el incremento de la superficie de riego.

Entre 1986 y 2020, la Comisión Nacional de Riego (CNR) otorgó $310.680 millones de pesos solo para obras de tecnificación, lo que se ha traducido en 312 mil hectáreas tecnificadas a nivel nacional. No obstante, los volúmenes de agua ahorrados durante décadas por los privados a través de las obras subsidiadas por el Estado, se han utilizado para seguir incrementando la superficie agrícola, y no en aumentar la disponibilidad para fines ecológicos ni de consumo humano. Esto, debido a que dicha Ley no contempla mecanismos para que el agua que se ahorra pase a otros usos.

Si bien el actual proyecto de ley presentado por el Ejecutivo dispone dentro de sus modificaciones la incorporación de objetivos ambientales “con enfasis en el cuidado y ahorro del agua”, las disposiciones con las que cuenta no son suficientes para avanzar en ese horizonte. Al respecto, el proyecto introduce el concepto de “ahorro de agua” como factor de puntaje, de forma que los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas (DAA), subsidiados por la CNR, podrán renunciar a todo o parte del DAA ante la Dirección General de Aguas (DGA), o bien donarlo a un Comité de Agua Potable Rural, a la Dirección de Obras Hidráulicas o al Ministerio del Medio Ambiente.

Desde Fundación Terram creemos que la actual crisis hídrica exige normativas más robustas. Por ello, además de establecer mecanismos por los cuales el agua ahorrada pase a otros usos, es necesario definir un porcentaje de restitución obligatoria, el cual debería estar muy por sobre el 25% que propone el proyecto de ley que “establece normas de eficiencia hidrica y adaptacion al cambio climatico” –el cual se tramita en paralelo–, y que tales derechos solo sean destinados para el consumo humano o la conservación ecosistémica.

Hacemos un llamado a poner el foco no solo en la necesaria redistribución de los recursos hacia pequeños productores, sino también en la perspectiva ambiental de la Ley de Riego en torno al agua, considerado el delicado escenario de escasez, y que se trata de subsidiar al sector que utiliza el 80% de los derechos consuntivos.

Columna publicada en InduAmbiente N° 169 (marzo-abril 2021), pág. 51.