Inundaciones, cambio climático y responsabilidad colectiva

La difícil situación que estamos viviendo, producto de los temporales, amerita tratar de entender sus causas para evitar que vuelva a ocurrir, pero teniendo presente que estamos enfrentando un tema complejo, de difícil entendimiento, y acompañado del enigmático cambio climático global que hace muy difícil hacer proyecciones certeras.

Hace unos meses, al inicio del invierno del hemisferio norte, hemos visto terribles inundaciones en el mundo, en especial en Europa y América del Norte, en que los ríos han devastado viviendas, puentes y todo lo que encuentran a su paso. Era probable predecir que, en algún momento, en el hemisferio sur sufriríamos una experiencia similar. Aun así, no todos los desastres se podrían haber evitado. Sin embargo, hay algunos en que sí se habría podido.

Las obras de infraestructura se diseñan para que puedan soportar las inclemencias del clima con el fin de evitar, o al menos minimizar, los perjuicios tanto para el entorno como para la población y el medio ambiente. Hay normas precisas que exigen que las construcciones de cualquier tipo deban hacerse tomando precauciones y exigencias técnicas en que, para su cálculo, se han requerido años de estudios y el aprovechamiento de exitosas experiencias nacionales e internacionales. Todo proyecto, para su ejecución, requiere tanto la aprobación previa del diseño de la obra como su ulterior recepción por parte de la autoridad correspondiente para verificar que se han cumplido las especificaciones ofrecidas en el diseño. Cualquier modificación requiere nueva autorización de la autoridad competente, tanto en términos de su ubicación geográfica, como de su diseño. Todo esto para que se asegure calidad para los usuarios, su entorno y el medio ambiente. Por cierto, para que todo esto ocurra, se requiere aceptar la necesidad de planificar el uso del territorio.

Hemos visto tremendas crecidas de caudales en que los impactos que se han podido observar ocurren ya sea por errores de diseño de la infraestructura o por mala gestión ambiental. En este último caso, la peor, la gestión de la basura que entorpece el cauce normal, pareciera ser la gran pesadilla pues observamos el uso de dichos cauces (ríos, esteros, canales, acequias) como basureros de todo tipo.

Históricamente, desde la Colonia, la población ha utilizado los cauces como basureros públicos. Antes, la basura era principalmente orgánica y se degradaba más fácilmente, pero también constituía un foco de infecciones de todo tipo. Ello llevó, entre otras cosas, a construir los colectores de Santiago para llevar el agua servida, a principios de los años 2 mil, hacia las plantas de tratamiento de aguas servidas de La Farfana y El Trebal, cerrando el foco del cólera, tifus y otras enfermedades entéricas que se producían por el riego de las hortalizas de Santiago con las aguas del Zanjón de la Aguada y del río Mapocho, después de una luctuosa procesión que trasladaba las bacterias y virus flotantes por toda la capital, desde la cordillera hasta nuestra mesa. La construcción de ambas plantas, concebidas originalmente por la estatal Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS) y construidas finalmente por la empresa sanitaria Aguas Andinas, después de muchos años de planificación y estudios, consiguieron encausar el tremendo problema sanitario existente y agregar valor, al utilizar los residuos orgánicos generados como fertilizantes para la región.

Es decir, lo primero es que para solicitar permisos para construir se requieren proyectos, que cumplan con todas las normas para su construcción y que sean aprobados por una autoridad competente. En segundo lugar, una vez aprobado el diseño y construida la obra, otra autoridad debe recibir y aprobar las obras terminadas. Determinadas obras requieren, además, de estudios de impacto ambiental; otras, sólo declaraciones de impacto ambiental, pero hoy en día todas requieren permisos ambientales y eso, naturalmente, ha ido evolucionando, haciéndolas más exigentes. En este desastre climático que estamos viviendo, la mayoría de las obras dañadas no tienen los permisos mencionados pues fueron diseñadas y construidas cuando no existía una legislación ambiental.

Por otra parte, el mal manejo de los residuos sólidos es otro responsable del daño causado. No hay una autoridad competente, tipo superintendencia de servicios sanitarios, que se ocupe de su gestión; algo hace el Ministerio de Salud (MINSALUD) y otro poco el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Los gestores actúan prácticamente sin fiscalización real en sus instalaciones y en las operaciones de los generadores de residuos. Los ciudadanos no pagamos por este servicio, es un valor que no tiene que ver con los residuos generados pues se paga en las contribuciones. Los privados, pagan por tonelada dispuesta, pero su actividad prácticamente no es supervisada. Por otra parte, hay muchos sitios particulares que son verdaderos basurales, tanto en los patios, como en los techos y nadie responde por eso.

¿Quién es realmente el responsable del corte de la Ruta 68? ¿Los gestores de residuos, los particulares y empresas que tiran al agua la basura? ¿Los transportistas que por ahorrar un poco de plata botan la basura donde nadie los vigilaba? ¿O finalmente, todos nosotros por no preocuparnos de estos temas?

En todo caso, durante muchos años los gestores han sido suficientemente poderosos para evitar una superintendencia y mecanismos que los controlen. Hoy el MMA está preocupado de sólo una parte de estos residuos y MINSALUD tiene sus funciones muy restringidas. La solución pasa entonces por fortalecer la institucionalidad.