Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Licencia Social: Necesaria, pero no Suficiente

Ramón Rada



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Gerente General de Dust A Side Chile
Director del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile


En Chile cada vez es más difícil hacer minería. Primero, porque los costos laborales sumados a los operacionales se han ido igualando a los de países mineros más desarrollados. Y luego, porque la sostenibilidad del negocio no está garantizada debido a los conflictos socio ambientales y la alta judicialización de proyectos, que demuestran un débil escenario institucional. Es recurrente escuchar que Chile es un país minero, pero no tenemos multinacionales mineras exportando tecnología, ni servicios transnacionales clavando el pabellón en rajos o piques extranjeros. Exportamos mineral, no minería. Además, al celebrar la primera piedra de un proyecto, voces opositoras emergen abogando por el derecho a vivir en un entorno limpio y sano. No hay acuerdos ni legislación vinculante, tampoco confianza en las normas ambientales ni en la fiscalización.

Hay iniciativas destacables en la industria nacional, pero son casos excepcionales y se deben entender como parte de un proceso de adaptación a conflictos sociales, esperablemente resueltos. Mi argumento es simple. La legislación ambiental es permisiva, laxa y está mal diseñada, lo que es un caldo de cultivo para los conflictos socio ambientales. Por ejemplo, la norma de calidad del aire sobre material particulado MP 10, en Chile define límites máximos permitidos de 150 y 50 microgramos por m3 en promedio sobre 24 horas y media anual respectivamente. La Organización Mundial de la Salud, en tanto, señala un límite de concentración de 50 y 20 microgramos por m3 en los mismos rangos. Además, la norma chilena de calidad del aire opera sobre niveles de saturación, sin indicar puntos de exposición desde el origen de generación. Este criterio facilita la existencia de zonas de sacrificio, que tensionan la relación comunitaria.

El desafío de la nueva minería es fundar valor a través del aporte de las comunidades, de manera vinculante, con un modelo integral, donde los proveedores de servicios también sean considerados como un eslabón de la cadena de valor en largo plazo. Y donde la comunidad sea parte del desarrollo del proyecto y no se piense en gastos de subcontratación, sino en inversión con colaboradores que aumenten la productividad y sustenten el negocio en el tiempo. Hablar de crecimiento económico sin desarrollo para las comunidades sería crear falsas expectativas de sostenibilidad. La licencia social es necesaria, pero no suficiente para garantizar el bienestar y buen desarrollo de la minería.

Columna publicada en InduAmbiente N° 155 (noviembre-diciembre 2018), pág. 47.