Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

El Proyecto de Carretera Hídrica

Eduardo Astorga

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Ph.D. Abogado

La Corporación Reguemos Chile está impulsando una interesante iniciativa público-privada de infraestructura hídrica que pretende captar, almacenar y transportar agua desde el sur, en donde es un recurso abundante y no se utiliza totalmente en los meses de invierno, hacia el norte, en donde el agua es escasa y necesaria para distintos usos, entre ellos la agricultura.

Transportar agua desde el Biobío en tres tramos hasta Copiapó representa un enorme desafío de 2.300 km de longitud, mayor y más ambicioso a la concesión de la Ruta 5.

La idea de aumentar la superficie de riego tecnologizado en 1.000.000 de Ha. implica un indudable aporte a la seguridad alimentaria que Chile requiere.

Por otra parte, significa una importante obra de seguridad hídrica que contribuiría a mitigar situaciones de sequía, aumentar la capacidad de resiliencia del país ante catástrofes naturales, e incluso generar nuevas vías de transporte, entre otros beneficios.

Pareciera que la experiencia española de las desaladoras ante el trasvase del Ebro no es replicable en este caso, fundamentalmente por los costos de impulsión.

Requiere, sin embargo, una capacidad de gerenciamiento y gestión técnica, económica, jurídica, cultural, social y ambiental por sobre los estándares conocidos en Chile.

Los swaps y atraviesos de cuencas relevantes tales como el Maule, Aconcagua y Elqui, a efecto de no perder la cota, requerirá convenir con poderosas y complejas Juntas de Regantes.

Por otra parte, la afirmación de que el agua de nuestros ríos se “pierde” en el mar es una verdad a medias si consideramos el resguardo de estuarios, humedales e impactos en el borde costero. Asimismo, la alteración del régimen hídrico y sus efectos en la biodiversidad circundante requiere de mayores análisis, ya que las líneas de base son parciales y desactualizadas. Del mismo modo, la eventual intervención de áreas protegidas, comunidades indígenas y relocalización de personas serán aspectos a abordar y resolver satisfactoriamente.   

Será una oportunidad real para la planificación territorial por cuencas, así como para la dictación de las normas secundarias de calidad de aguas faltantes.

Finalmente, para lograr el apoyo estatal indispensable y justificar una evaluación social positiva será necesario destinar un porcentaje de las aguas para uso social ya que resulta complejo no considerar a las comunidades locales, faltas de recursos, en la participación de los beneficios.

El proyecto ya está en camino y tiene la oportunidad de una planificación prolija y moderna, incorporando desde su fase más temprana sus complejidades, condiciones de borde y restricciones socio-ambientales cada vez más significativas. Para ello pareciera recomendable que se lleve a cabo en el contexto de una evaluación ambiental estratégica.

Columna publicada en InduAmbiente 153 (julio-agosto 2018), pág. 91.