Asesoría en Línea

El proyecto atravesará cinco regiones, entre las de Antofagasta y Metropolitana, abarcando unas 28 comunas con una extensión cercana a los 1.350 kilómetros. Y no se trata de una nueva línea de tren y tampoco de una carretera. Los datos aportados pertenecen al proyecto de transmisión eléctrica (PTE) de mayor envergadura que tendría Chile: la línea de corriente continua Kimal-Lo Aguirre, cuyo estudio de impacto ambiental se presentaría en 2023, proyectándose su puesta en marcha para 2029.

Para dimensionar la importancia de este tipo de infraestructura, Javier Tapia, Director Ejecutivo de Transmisoras de Chile, la asociación que reúne a las empresas del rubro, expresa: "La transmisión eléctrica es la principal condición habilitante para lograr que nuestro país cuente con una matriz renovable en el menor plazo posible. Existe un amplio consenso en la industria acerca de la importancia crucial de este sector para los procesos de descarbonización y electrificación hacia los cuales como país queremos avanzar".

En ese marco, en un reciente seminario, la Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, indicó que "en el SEA nos estamos preparando de manera proactiva para enfrentar los desafíos que implica evaluar proyectos de transmisión de diversa complejidad técnica, social y territorial. La evaluación ambiental debe ser de excelencia y las empresas y las comunidades necesitan tener reglas claras y certezas. Debemos ser dialogantes, ágiles y eficientes, sin que ello signifique sacrificar el necesario cuidado de nuestro medio ambiente".

Plazos, Criterios, Trazados

Como se puede suponer por su amplia extensión, los proyectos de transmisión eléctrica presentan complejidades no solo técnicas, sino que también socio-ambientales. De ahí que la asesoría especializada que prestan las empresas encargadas de la elaboración de las declaraciones (DIAs) y estudios de impacto ambiental (EIAs), para su calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sea fundamental para sortear con éxito esta crucial etapa.

Sobre el tema, Carolina Giacaman, Líder del Área Cumplimiento Ambiental de Gestión Ambiental Consultores (GAC), sostiene que "las líneas de transmisión eléctrica son proyectos que generan cargas ambientales, ya que suelen extenderse por una diversidad de ambientes y territorios. Por eso, pueden acarrear impactos sobre la avifauna y el paisaje; intervienen de manera permanente bosques y vegetación que requiere ser removida para la habilitación y mantención de la faja de seguridad; generan molestias y preocupación por emisiones de ruido y campos electromagnéticos; y suelen ser mal recibidos por los grupos humanos que han observado problemas en la tramitación, construcción u operación de otros proyectos similares".

No obstante, asegura que el mayor problema son los acotados plazos que se imponen para todas las etapas de su desarrollo, "incluida la tramitación ambiental, la cual, en ocasiones, debe desarrollarse incluso antes de tener un acceso garantizado a todos los predios que albergarán la infraestructura del proyecto".

Coincidiendo en varios puntos, Javier Tapia asevera, en primer lugar, que las complejidades socio-ambientales de los PTE derivan de su propia naturaleza: infraestructuras lineales que, a diferencia de otras (como las de generación eléctrica o de un proyecto minero), generalmente se extienden en una gran dimensión de territorio y se relacionan con una enorme cantidad de comunidades.

"Además, los sistemas de evaluación no son adecuados a su infraestructura, sino que están pensados para proyectos de inversión localizados en un sitio determinado. Esto se manifiesta en distintos aspectos, como que los plazos resultan muy acotados y casi imposibles de cumplir en el caso de la transmisión. Por ejemplo, es muy difícil para los equipos del SEA abarcar en 60 días de participación ciudadana todos los sectores y localidades por donde estos proyectos pasarán", indica.

Otra dificultad para los PTE, a su juicio, es la obtención de permisos sectoriales, toda vez que se presentan "disparidades de criterios entre unidades regionales de un mismo servicio o iteraciones excesivas, lo que dificulta y ralentiza toda la evaluación. Sin bajar estándares, debemos ser capaces de hacer un esfuerzo conjunto por reducir los tiempos de tramitación".

También lamenta la imposibilidad que existe en el SEIA de priorizar algunos proyectos de transmisión eléctrica que, por su envergadura, producen un beneficio e impacto muy alto para el país. Más aún si la infraestructura de transmisión, a diferencia de la de generación, es planificada y mandatada por el propio Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, resalta el anuncio del SEA sobre la formación de un equipo interno especial para efectuar el proceso de calificación de la línea Kimal-Lo Aguirre, así como la creación, en el Coordinador Eléctrico Nacional, de una subgerencia enfocada en los grandes proyectos de transmisión.

Iván Honorato, socio de ECOS Chile, aporta otro dato al debate: entre el 2020 y 2022 solo se evaluaron y aprobaron 30 proyectos del rubro en el SEIA, muy lejos de los 285 visados entre 2011 y 2019. "Los motivos de tal reducción pueden ser variados, sin embargo se ha reconocido que hoy existe una mayor complejidad en los procesos de diseño, evaluación y construcción de líneas de transmisión debido a conflictos con comunidades y otros sectores económicos por el uso del territorio", plantea.

Añade que las principales preocupaciones de los desarrolladores de PTE están relacionadas con la identificación, en etapas tempranas de prefactibilidad y en plazos acotados, de los trazados que tengan el menor impacto sobre las comunidades y las áreas con alto valor en biodiversidad y/o de desarrollo turístico.

Lo anterior, considerando que los proyectos de transmisión al ser mandatados por el Estado y estar definidos en el plan de expansión por el Coordinador Eléctrico, "ya tienen indicados desde las bases de licitación los puntos referenciales a considerar para la o las conexiones de la línea de transmisión, debiendo configurar en base a éstas las alternativas posibles de trazado. Además, los plazos exigidos para el funcionamiento de los proyectos son generalmente difíciles de cumplir, puesto que se deben considerar todas las etapas asociadas a la evaluación ambiental, obtención de permisos, construcción y puesta en marcha", especifica.

Dificultades en Trámite

Respecto a las dificultades específicas que enfrentan las iniciativas de transmisión durante la evaluación ambiental y cómo se suelen resolver, Carolina Giacaman las atribuye, justamente, a que no se considera la variable socioambiental en las etapas tempranas de los PTE. Esto, "ya sea como información de entrada para la definición del trazado o cuando no ha sido socializado en forma oportuna y participativa con la comunidad, o cuando la ralentización de los procesos de concesión y negociación de servidumbres dificulta el adecuado desarrollo de los estudios ambientales que nutrirán el instrumento que se someterá a tramitación en el SEIA, pues no se contará con la autorización de acceso a predios por parte de los propietarios, mermando la representatividad espacial de las líneas de base respecto del trazado total de la línea. Es algo que aumenta el riesgo de que durante la tramitación sea necesario complementar estudios y, en casos más extremos, puede llegar a traducirse en que EIAs o DIAs no satisfagan todos los requerimientos mínimos que establece el Reglamento del SEIA para evitar su no admisión a trámite o el término anticipado del proceso", advierte.

Por lo mismo, la profesional de GAC asegura que los titulares de los proyectos deben contemplar la realización de estudios socioambientales en etapas tempranas del diseño "que puedan aportar información adicional valiosa a aquella de índole técnico-económico, todo lo cual podría contribuir a la definición de trazados viables. Además, deben integrar a la comunidad en la optimización de éstos mediante procesos de relacionamiento oportunos y participativos, lo que ayudará a disminuir los riesgos de oposición, conflictividad y judicialización una vez emitida la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)".

Por su parte, Vivian Hernández, senior de ECOS Chile, enumera los principales problemas que, de acuerdo a su experiencia, surgen durante la calificación de los PTE:

• Largos procesos de levantamiento de información de líneas de base, los que además suelen presentar falta de precisión, ya que en la mayoría de los casos no se logran obtener los permisos para acceder a la totalidad de los predios por donde se extenderá el proyecto. Esto provoca que se busque apoyo en antecedentes referenciales o de menor rigurosidad, sobre todo en aspectos asociados a los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, recursos naturales renovables y patrimonio cultural. "Tal inconveniente se suele resolver, durante la tramitación ambiental, con la obtención de los permisos a los accesos faltantes y ejecución de nuevas campañas que levanten información. Así se fortalecen los antecedentes, aunque en algunos casos se extrapola la información a las áreas donde definitivamente no se logra entrar", revela la geógrafa.

• Falta de entendimiento de los proyectos por parte de las comunidades: por su extensión, abarcan usualmente más de una región, dificultando los procesos de participación ciudadana, cuyos plazos son acotados y complejos para el desarrollo y presentación de los PTE a todas las comunidades y grupos presentes en su área de influencia. Esto genera altos niveles de rechazo, toda vez que las personas no quieren líneas de alta tensión cerca de sus hogares. Para contrarrestar los inconvenientes, los titulares buscan difundir y ampliar los canales de información de las iniciativas, así como optimizar una parte del trazado a partir de las observaciones que levanta la ciudadanía. Lo anterior incide en los plazos de la evaluación y, en algunos casos, gatilla la presentación de compromisos ambientales voluntarios por parte de las empresas.

• Falta de análisis preventivos mediante prefactibilidades ambientales y sociales que permitan definir estratégicamente corredores o franjas. Esto impide reconocer todos los riesgos potenciales del proyecto, los que luego son relevados en el proceso de evaluación ambiental a través de las observaciones de las comunidades, lo que hace que el titular deba comprometerse a un número importante de compromisos y costos no considerados.

• Dificultad para definir los sectores donde se ejecutarán las medidas de compensación a causa de la gran extensión de los proyectos: muchas veces no se pueden realizar dentro de la misma franja de intervención, lo cual se va definiendo en la tramitación de los mismos y en el proceso iterativo y de consulta con los organismos administradores del Estado con competencia ambiental.

Superando Falencias

Iván Honorato pone de relieve que el 88% de los proyectos de líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones que han pasado por el SEIA (541 de 610 a diciembre de 2022) se han evaluado a través de una DIA, "por lo que uno de los principales problemas que han presentado los procesos de evaluación es la falta de información precisa de las componentes que potencialmente pueden impactar los PTE. Esto ha hecho que los tiempos de tramitación, en algunos casos, sean más largos que otros, y que luego se presenten varias dificultades durante la construcción, las que han sido identificadas y relevadas por la Superintendencia del Medio Ambiente a través del inicio de procesos de fiscalización y sanción".

El ingeniero ambiental manifiesta, sin embargo, que hoy muchos desarrolladores de líneas de transmisión se están preocupando de definir varias alternativas para someterlas a una evaluación de riesgos preliminares, y de esta forma reducir incertidumbres en las etapas posteriores. "También se ha visto un interés en establecer contrapartes técnicas y legales en los procesos de evaluación ambiental (preparación de DIAs y EIAs) que desempeñen un rol de test de admisibilidad previa, para mejorar tanto el robustecimiento de la información a presentar como los tiempos de elaboración y tramitación de los procesos de evaluación de impacto ambiental", afirma el experto de ECOS Chile.

Apoyo Experto

¿De qué manera las empresas consultoras desarrollan las capacidades necesarias para asesorar adecuadamente los PTE?

Carolina Giacaman responde asegurando que GAC "cuenta con un amplio equipo de profesionales altamente calificados, que abarca gran parte de los alcances requeridos para el desarrollo óptimo de la evaluación ambiental. Ellos son responsables de mantenerse al día de los criterios, metodologías y técnicas que permiten un adecuado asesoramiento a proyectos de diversa índole. Además, dispone de un área legal y un Comité Directivo de Proyectos, que sesiona semanalmente, los cuales contribuyen al resultado exitoso de su evaluación ambiental".

En el caso de ECOS Chile, Iván Honorato explica que "focalizarnos en la gestión del cumplimiento ambiental y social en toda la vida de un proyecto, desde que es una idea hasta su cierre, nos ha puesto la tarea de sistematizar, revisar y analizar los procesos de evaluación, fiscalización y sanción ambiental. Esto ha permitido fortalecer el conocimiento de nuestro equipo".

Resalta, asimismo, la expertis de los profesionales de la consultora en materia de evaluación y cumplimiento ambiental, "lo que nos permite tener una mirada objetiva, estratégica y sistémica de este tipo de proyectos. Así apoyamos a nuestros clientes en la identificación de riesgos y toma de decisiones, reduciendo las incertidumbres en los procesos de evaluación ambiental".

Javier Tapia, a nombre de Transmisoras de Chile, subraya que las consultoras "son nuestros socios estratégicos, una pieza central para el desarrollo adecuado de los proyectos. Mientras más unido, coherente y coordinado sea el trabajo entre la empresa y su respectivo consultor, más probabilidades habrá de tener una experiencia exitosa en la evaluación que se haga de un proyecto, tanto por parte de la autoridad como de las comunidades involucradas".

Enseguida comenta: "Actualmente, nos parece que hay bastante conocimiento, experiencia y seriedad dentro del mercado. Esperamos, por cierto, que la oferta se siga ampliando a futuro; que se diversifique y especialice más aún; y que la competencia genere más y mejores productos e innovación. Como industria, nuestro foco es contar y operar siempre con los estándares más altos posibles e ir empujando hacia una mejora continua".

Nuevos Desafíos

¿Qué nuevos criterios o aspectos socio-ambientales se deberían considerar o reforzar en la evaluación de estos proyectos?

Carolina Giacaman ve necesario, primero, incluir la variable cambio climático en el diseño, "por ejemplo, desde la perspectiva de la seguridad de las instalaciones y respecto a la cantidad y estacionalidad óptima de esfuerzos de terreno para línea base de fauna". Asimismo, espera "una mayor tecnificación de la evaluación ambiental, lo que obligará a los titulares y consultores a implementar nuevas metodologías y herramientas para robustecer tanto los estudios de caracterización ambiental como la evaluación de impacto ambiental de los proyectos".

Iván Honorato concuerda con la importancia de incorporar el factor cambio climático y reitera la necesidad de que las líneas de transmisión inicien su desarrollo mediante análisis de prefactibilidad ambiental y social, "para poder reconocer en base al análisis de una serie de información y criterios cuáles son las opciones de trazados que presentan menores niveles de riesgo ambiental y social", sentencia. Además, plantea la relevancia de potenciar el análisis de variables sociales (mapa de actores), de conflictividad y potencial desarrollo poblacional.

Javier Tapia, junto con valorar el que se incluya la variable cambio climático en la evaluación, comenta que las empresas del sector deben tender, tras la firma del Acuerdo de Escazú, "a generar mejores y más procesos de participación temprana, velando porque las comunidades puedan conocer los alcances de los proyectos y estar permanentemente informadas sobre sus etapas".

En relación al Convenio 169 de la OIT, señala que si bien es un instrumento implementado hace una década por el sector privado, "aun nos desafía a entender las dinámicas sociales y culturales propias de los pueblos indígenas, las que no deben verse afectadas producto de la llegada de los proyectos de transmisión. También nos llama a analizar iniciativas que permitan una mejor convivencia de la infraestructura con las personas que viven en los territorios donde se instalan".

Por último, el ejecutivo considera fundamental que "la visión y los lineamientos que impone la autoridad ambiental sean incorporados en los procesos de licitación de obras. Las bases hoy no recogen estas variables y, por tanto, los plazos exigidos siguen sin conversar con los lineamientos ambientales".


DATOS:

66
Kilovoltios (kV) es el voltaje mínimo con el que operan los sistemas de transmisión en Chile, llegando a un máximo 500 kV. Sus componentes principales son subestaciones eléctricas y líneas de transmisión.

4
Clasificaciones de líneas de transmisión existen en nuestro país de acuerdo a la Ley 20.936 del año 2016: nacional, zonal, polos de desarrollo y dedicados.

98%
De la población que habita entre Arica y Chiloé es iluminada por la energía eléctrica que transporta Transelec, el principal proveedor de sistemas de alta tensión del país con 10.045 km. de líneas y 69 subestaciones de 500 kV y 220 kV.

Artículo publicado en InduAmbiente n° 180 (enero-febrero 2023), páginas 64 a 68.