Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Participación Ciudadana en las Decisiones Ambientales

Claudio Zaror

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Director del Diplomado en Ingeniería Ambiental
Universidad de Concepción


Recientemente, se ha presentado el proyecto de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta iniciativa ha sido largamente esperada, luego de varios años de diagnósticos y discusiones que han involucrado a diferentes actores públicos y privados.

Uno de los aspectos importantes a destacar de esta propuesta es la incorporación de una participación ciudadana temprana y obligatoria, de modo que ésta permita fijar términos de referencia de los estudios de impacto ambiental. En todo caso, éstos no serán vinculantes ni reemplazarán los mecanismos de participación que son parte del proceso de evaluación ambiental.

En la actualidad, la participación ciudadana tiene lugar una vez que el estudio ya ingresó al SEIA y está plenamente definido, restringiendo su incidencia en la toma de decisiones claves del proyecto. De este modo, se espera que la nueva reglamentación permita que las comunidades involucradas puedan ser informadas oportunamente y colaborar de manera efectiva con el titular del proyecto en la identificación de los aspectos ambientales de mayor significancia y de las correspondientes medidas para gestionarlos satisfactoriamente.

Sin lugar a dudas, estas propuestas apuntan en la dirección deseada y constituirán un importante avance hacia un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que permita prevenir daños al medio ambiente y a la calidad de vida de las personas.

Desgraciadamente, la experiencia de las últimas dos décadas demuestra que se han generado fundadas desconfianzas entre las partes, en un marco de conflictos socio-ambientales que rara vez han sido resueltos para conformidad de todos los actores relevantes. Además, en la mayoría de los casos los proponentes de los proyectos cuentan con mucho más recursos e influencias políticas que las comunidades locales, lo que representa una asimetría que afecta la efectividad del proceso de participación para alcanzar soluciones consensuadas.

Estos aspectos deberían ser considerados en el nuevo marco legal, de modo que se asegure un proceso de participación ciudadana cualitativamente diferente al existente, donde el Estado actúe como real garante de un diálogo equitativo y fructífero. Ello requiere, entre otras medidas, dotar a las instituciones públicas de los recursos y atribuciones que le permitan cumplir dicho papel de manera efectiva. De otro modo, los cambios propuestos no lograrán corregir las deficiencias fundamentales del modelo de participación ciudadana vigente.

Columna publicada en InduAmbiente 153 (julio-agosto 2018), pág. 24.