En los últimos años, Chile ha impulsado reformas para acortar los tiempos de tramitación ambiental y sectorial. El objetivo es otorgar certeza y destrabar inversiones. Sin embargo, mientras la institucionalidad trabaja por agilizar la "permisología", muchos titulares imponen plazos excesivamente reducidos para la elaboración de propuestas técnico-económicas. Este apuro, lejos de mejorar los procesos, está debilitando la competencia y encareciendo los servicios, desde estudios ambientales hasta concesiones de infraestructura.
Elaborar una oferta sólida no es un mero trámite. Supone comprender el servicio, levantar información, analizar riesgos, modelar costos y diseñar estrategias que permitan cumplir con estándares normativos y financieros. Cuando los plazos se acortan más allá de lo razonable, las empresas prefieren restarse o presentar propuestas incompletas. El resultado son licitaciones con baja participación, que reducen la competencia y empobrecen la calidad de las soluciones.
Algunos procesos recientes han mostrado esa tendencia: licitaciones estratégicas con un solo oferente o con propuestas difíciles de comparar entre sí por diferencias en alcance, enfoque o interpretación de los requerimientos. Cuando esto ocurre, las decisiones tienden a definirse principalmente por precio, sin considerar qué incluye ese precio ni el valor técnico que cada propuesta aporta. Se pierde así la oportunidad de evaluar integralmente la calidad, la innovación y la sostenibilidad de las soluciones.
La contradicción es evidente: ¿de qué sirve reducir plazos de permisos si las licitaciones previas no generan condiciones para competir? Una licitación sin pluralidad no solo carece de legitimidad, también termina trasladando mayores costos al Estado, a los usuarios y a la ciudadanía. Además, limita la innovación: menos oferentes significan menos alternativas técnicas y menos espacio para optimizar recursos.
La oportunidad de mejora está en fortalecer la etapa de diseño y definición de las estrategias y alcances de cada licitación. Procesos bien estructurados, con tiempos adecuados y requerimientos claros, fomentan una competencia más sana y propuestas comparables, donde el precio sea solo uno de varios factores de decisión. Plazos razonables no equivalen a retrasar las inversiones, sino a asegurar procesos con mayor calidad, competencia y transparencia.
En definitiva, si Chile quiere un sistema más eficiente en permisos y concesiones, debe cuidar también la etapa previa. La urgencia no puede seguir reemplazando a la planificación: confundir rapidez con apuro solo sacrifica la competencia, la innovación y, en última instancia, el interés público.
Columna publicada en InduAmbiente n° 197 (noviembre-diciembre 2025), página 67.
Poco tiempo, alto riesgo en licitaciones
Sebastián Silva
Líder de Propuestas
Gestión Ambiental Consultores
