Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Medio Ambiente en la Agenda Legislativa

Eduardo Astorga



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Abogado-Consultor Senior

Una serie de proyectos en materia ambiental de diversa congruencia, envergadura, prolijidad y trascendencia para el país se encuentra en trámite legislativo.  

De los que merecen ser comentados, el más relevante e incorporado en todas las legislaciones modernas del mundo, es aquel que complementa el Código Penal. Éste sanciona, de modo prudente, las principales hipótesis de daño ambiental y considera la sanción penal como ultima ratio, incorporando los delitos ambientales en la ley N° 20.393, la cual establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas como una manera de incentivar su prevención mediante diferentes modelos. Esta iniciativa es del todo razonable y oportuna, ya que es insostenible que una acción de contaminación permanente y grave, dolosa o culpable, genere hoy sólo responsabilidad civil.

Un segundo proyecto aún pendiente, es el que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y aloja estas competencias en el Ministerio del Medio Ambiente, estructurando y resolviendo las incongruencias competenciales en materia de biodiversidad. Sólo cabe esperar que, tal como lo demuestran los esfuerzos de la Ministra, esta ley entre en vigencia pronto.

Otro proyecto interesante es aquel sobre los plásticos de un solo uso, el que pretende hacerse cargo de al menos una parte de los ocho millones de toneladas de éstos que contaminan los océanos cada año. De hecho, el 75% de los residuos encontrados en las playas corresponde a fragmentos de vasos, cubiertos, bombillas, tapas, platos, botellas, etc. Se trata no sólo de un aspecto ambiental sino de un tema de civilidad mínima.

Una cuarta iniciativa destacable es la que busca que los proyectos sometidos al SEIA se adecúen a los planes, programas y políticas de desarrollo regional y local, garantizando la participación de la comunidad. Esto puede ayudar a superar el desorden territorial de nuestro país, donde solo el 20% de su superficie está regulada, que constituye la principal causa de conflictos socioambientales y de incertezas para la inversión.

Un quinto proyecto es el que aborda la protección de glaciares, que pondría en jaque una serie de grandes iniciativas mineras públicas y privadas, reflejando la desprolijidad con que se ha gestionado el tema. Eso se traduce en la falta de propuestas innovadoras y viables que aseguren la mitigación, restauración y compensación de los glaciares como fuentes dinámicas de recursos hídricos, lo que dista mucho de ponderar sus impactos en unos pocos litros por segundo.

Columna publicada en InduAmbiente N° 160 (sept-oct 2019), pág. 85.