Jueves 3 de septiembre de 2026.- El Colegio Médico y más de 50 organizaciones no gubernamentales (ONG) socioambientales, científicas y territoriales hicieron un llamado urgente al Gobierno para que reingrese a la Contraloría General de la República dos decretos destinados a fortalecer la regulación de la contaminación atmosférica, argumentando que su demora se traduce en serios impactos para la salud de las personas y el medio ambiente.
La solicitud fue presentada mediante una carta entregada a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y apunta al decreto que establece una nueva Norma Primaria de Calidad del Aire para Material Particulado Fino (MP2,5), y al que actualiza la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. Ambos instrumentos fueron retirados del trámite de toma de razón por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) en marzo, junto a otros cuarenta decretos ambientales que se encontraban en proceso de revisión.
Las organizaciones firmantes destacan que las dos normas ya habían completado las principales etapas técnicas, económicas, sociales y de participación ciudadana de su elaboración, además de contar con la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Por ello, solicitan que sean reingresadas sin modificar los estándares técnicos ni los plazos de implementación previamente establecidos.
Impactos en salud
Uno de los principales argumentos de los impulsores de esta iniciativa es que el retraso en la entrada en vigencia de estas normas debilita la posibilidad de resguardar los impactos que la contaminación atmosférica tiene sobre la salud de las personas. "Reingresar estos decretos a Contraloría no es solamente un trámite administrativo: es una medida concreta para reducir enfermedades y muertes que hoy son evitables", señaló el presidente del Departamento Nacional de Medio Ambiente del Colegio Médico, Yuri Carvajal.
Esto es respaldado, por ejemplo, por el Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES) elaborado por el MMA para la actualización de la norma para MP2,5: según este documento, el cumplimiento del nuevo estándar permitiría evitar 14.660 muertes prematuras asociadas a enfermedades cardiopulmonares entre 2026 y 2035, así como 8.409 admisiones hospitalarias y más de 426 mil visitas a servicios de emergencia por asma. Además, calcula beneficios sociales por aproximadamente US$8.873 millones, frente a costos estimados en US$1.639 millones, con una relación beneficio-costo de 5,4.
Más exigencias para termoeléctricas
El segundo decreto mencionado establece nuevos límites de emisión para las centrales termoeléctricas, incorporando exigencias más estrictas para material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y mercurio, además de límites para níquel y vanadio.
Según Chile Sustentable, el AGIES asociado a esta regulación estima beneficios por alrededor de US$91 millones durante el período de evaluación, derivados principalmente de la reducción de impactos sanitarios vinculados a las emisiones de estas instalaciones.
Así, remarcan, que el retraso de ambos decretos significa postergar beneficios económicos y sanitarios para el país estimados en cerca de US$9.000 millones.
Las organizaciones plantean, además, que mantener ambas regulaciones fuera de vigencia prolonga la aplicación de estándares que consideran desactualizados. La norma de MP2,5 actualmente vigente data de 2011, mientras que los procesos de revisión de los estándares ambientales acumulan -recuerdan quienes suscriben la carta- más de una década de retraso respecto de los plazos legales establecidos para esta tarea.
El Ministerio del Medio Ambiente ha señalado que el retiro de los decretos ambientales en marzo respondió a un proceso de revisión destinado a verificar sus estándares técnicos y jurídicos. La cartera también ha informado que algunos instrumentos retirados ya han sido reingresados a Contraloría, manteniendo sus objetivos y estándares ambientales. Sin embargo, aún no se ha pronunciado respecto de las normas de calidad del aire antes mencionadas.
Esta controversia vuelve a poner en el centro del debate la actualización de las normas de calidad del aire y la velocidad con que Chile transforma sus estándares ambientales en obligaciones efectivas para las fuentes emisoras.
Colegio Médico y más de 50 ONG exigen al Gobierno reingresar normas de calidad del aire a Contraloría
El llamado con carácter urgente apunta a los decretos que endurecen los estándares para material particulado fino (MP2,5) y para las emisiones de centrales termoeléctricas. Sus impulsores advierten que la demora en su entrada en vigencia se traduce en serios impactos en la salud de las personas y el medio ambiente.
