Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

SMA aumentó en un 60% las denuncias gestionadas para fiscalización en el último año

SMA aumentó en un 60% las denuncias gestionadas para fiscalización en el último año

Así lo aseguró el Superintendente Cristóbal De La Maza, destacando el fortalecimiento de la fiscalización territorial y remota, de la potestad sancionatoria, del incentivo al cumplimiento, y del acceso a la información.



Miércoles 9 de junio de 2021.- El año 2020 fue el primero en que el número de denuncias gestionadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) superó las pendientes, revirtiendo una tendencia histórica en la materia. Así lo aseguró ayer la máxima autoridad de esta institución, Cristóbal De La Maza, en una presentación ante el Senado, indicando que "desde que iniciamos el programa especial para mejor nuestro nivel servicio, hemos aumentado en un 60% las denuncias gestionadas por año".

El Superintendente explicó que esto se enmarca en el Plan de Acción 2019-2022 que incluye una mejora de todos los procesos de la SMA, como robustecer la fiscalización territorial y remota, fortalecer la potestad sancionatoria y el incentivo al cumplimiento; además de potenciar el seguimiento ambiental y facilitar el acceso a la información.

Así en el año 2020, las inspecciones ambientales duplicaron el promedio de los últimos 5 años, principalmente por el incremento de fiscalizaciones mediante exámenes de información, triplicando lo realizado durante 2019.

La autoridad destacó, además, que el fortalecimiento a la fiscalización remota estableció obligaciones de reporte en línea en distintos sectores como energía, salmonicultura, industria, sitios de disposición final de residuos y minería, entre otros. "Con ello esperamos avanzar de 10 instalaciones que monitoreábamos continuamente el 2019, a más de 1.300, el 2021. De esta forma, la SMA está realizando un despliegue tecnológico intensivo, con mecanismos de monitoreo continuo, que permitan la detección temprana de desviaciones", apuntó.

También se definieron 28 territorios prioritarios para la fiscalización a nivel nacional y se inauguraron delegaciones especiales en Quintero, Puchuncaví, Huasco, Coronel, Calama y Chiloé, cuyo objetivo es supervisar el 100% de las instalaciones relevantes en estas zonas durante el presente año.

En el área de sanción y cumplimiento, De La Maza resaltó avances importantes respecto del ejercicio 2018: al año 2020 se registró un incremento del 70% en formulaciones de cargos, 90% en dictámenes, 24% en programas de cumplimento, 100% en medidas provisionales y 270% en requerimientos de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Asimismo, sostuvo que se han procesado a la fecha cerca del 70% de los expedientes sancionatorios que estaban pendientes. "Esto se tradujo en un drástico aumento en el cumplimiento de normativas como las que regulan descargas a ríos y lagos donde focalizamos nuestro trabajo, lo que significó un incremento de un 20% del cumplimiento normativo de D.S. N° 90 en el último año", precisó el Superintendente.

De igual modo, resaltó la creación del Portal Ciudadano de Denuncias, el avance del 90% en la digitalización de trámites y la priorización de éstas debido a su gravedad.

Denuncias pendientes

Cabe recordar que un reciente informe de la Contraloría General de la República concluyó que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019, un total de 2.508 denuncias, correspondientes al 44,2% de las 5.671 ingresadas al sistema de gestión con que cuenta la SMA para dar curso a estas acusaciones, no fueron atendidas por esta institución fiscalizadora. Frente a ello, el ente contralor ordenó a la Superintendencia realizar "un catastro de la totalidad de las denuncias pendientes de atención, incluyendo aquellas que se encuentran en soporte papel en sus oficinas regionales, y elaborar un plan de acción para su tratamiento, con el correspondiente cronograma para la debida atención de cada denuncia, detallando el titular o unidad fiscalizable que se trate".

En relación con ese tema, Cristóbal De La Maza comentó: "Cuando asumí a cargo de la institución –2019-, contabilizamos que del total de denuncias ingresadas hasta el 2018, sólo un 38% de ellas presentaba avances y con tiempos de tramitación de 300 días en promedio. El 2020 y tras todas las acciones que realizamos para agilizarlas y darles curso, actualmente hemos avanzado y tenemos un 56% de ellas gestionadas. A su vez, del total de fiscalizaciones con hallazgos realizadas, un 62% se encontraba con sancionatorios pendientes y sus tiempos de tramitación se traducían en promedio en 400 días. Actualmente sólo un 13% de estos expedientes está pendiente de tramitación".

Indicó que, pese a ser una institución relativamente nueva ya que entró en funcionamiento en 2013, a la fecha cuenta con 252 funcionarios nivel nacional y con un promedio de 3 fiscalizadores por región. Actualmente fiscaliza, más de 17.000 instalaciones y conforme avanza el país -sumando nuevas regulaciones ambientales-, también aumentó exponencialmente la responsabilidad de la SMA y las expectativas de la ciudadanía.

En esta línea, la autoridad añadió que "su gestión apunta a que el reforzamiento de la institucionalidad ambiental no sólo se traduzca en una fiscalización más eficiente y eficaz, sino también que incorpore mayores acciones preventivas mediante la detección temprana de incumplimientos con herramientas de inteligencia ambiental".

Se requieren más recursos

De la Maza subrayó también que el trabajo realizado por la institución se ha caracterizado por la excelencia jurídica e independencia, dando importantes señales a través de casos relevantes en sectores productivos como el acuícola, minero, energético, inmobiliario, agroindustrial, sanitario, y también con respecto a infracciones detectadas en empresas del Estado y otras entidades públicas.

El Superintendente sostuvo que a pesar de que estas mejoras en gestión han permitido acelerar el funcionamiento del servicio, se requiere reforzar significativamente las capacidades de la SMA para responder oportuna y eficazmente al volumen de denuncias pendientes de tramitación y a la mayor demanda por la protección ambiental que se espera en los siguientes años.

En este sentido, la autoridad puso especial énfasis en "la asignación de recursos en fiscalización y sanción ambiental del país, la que dista de ser suficiente para cubrir oportunamente las denuncias que recibimos. Esto se agrava cuando se reconoce que el presupuesto de los servicios sectoriales que apoyan a la SMA se ha visto también reducido en la última década, en un 75% en este ítem".