Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Acuerdo de Escazú fue ratificado por los diputados y ahora será visto por el Senado

Acuerdo de Escazú fue ratificado por los diputados y ahora será visto por el Senado

Con 105 votos a favor, la Cámara respaldó adhesión de Chile al convenio latinoamericano que promueve la transparencia, la participación ciudadana y la justicia en materias ambientales como herramientas claves para el desarrollo sostenible.



Miércoles 11 de mayo de 2022.- Con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú que fomenta el acceso a la información, la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Con esto, la iniciativa completó su primer trámite constitucional y pasó al Senado donde se espera un pronto respaldo al convenio internacional que entró en vigencia en abril 2021.

El texto aborda aspectos fundamentales para la gestión ambiental desde una perspectiva regional, siendo el único en el mundo que incluye una disposición vinculante para la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, y promueve la participación ciudadana y la justicia ambiental en ámbitos relacionados con el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático.

Principales aspectos

El Acuerdo de Escazú establece el derecho de acceso a la información, de modo de garantizar la transparencia de la información ambiental, en su dimensión pasiva y activa.

De igual modo, consagra el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales. Particularmente, respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente. Incluye aquellos que afecten la salud y asuntos ambientales de interés público.

También presenta normas en torno al acceso a la justicia en asuntos ambientales. En tal plano, cautela las garantías del debido proceso, para acceder a instancias judiciales y administrativas.

Además, dispone que cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

El acuerdo entró en vigencia el 22 de abril de 2021, tras constatarse la ratificación de once de los Estados parte. En la actualidad, el número alcanza a doce Estados: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.

Declaración interpretativa

Durante su tramitación en la Cámara Baja, el proyecto pasó por las comisiones de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Ciencia, donde recibió un amplio apoyo.

En la primera de ellas, se aprobó, además, una "declaración interpretativa", propuesta por parlamentarias y parlamentarios de Chile Vamos. Entre otros puntos, el texto:

-Apunta a la aplicación del acuerdo en relación al derecho interno.
-Reconoce los avances del país en materia de acceso a la información, participación y acceso a la justicia ambiental.
-Precisa el sentido y alcance de la cooperación para la implementación del acuerdo en el país. Destaca que no aplica para demandas limítrofes ni exigencias que no son parte del tratado internacional.
-Establece que la autoejecutabilidad se implementará de acuerdo a las posibilidades y prioridades nacionales, respecto al acceso a la información pública, participación ciudadana y derecho al acceso a la justicia en materia ambiental.

Satisfacción gubernamental

Luego de la votación, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, expresó: "Estamos muy contentos que, en un plazo de dos meses del comienzo del gobierno de Gabriel Boric, hayamos pasado este importante hito con respecto a Acuerdo de Escazú". Al mismo tiempo, la autoridad resaltó el amplio apoyo que generó la votación: "Es una muy buena noticia para el país que profundizar la democracia ambiental sea visto como una política de Estado y que de esta manera podamos tener mecanismos efectivos para enfrentar la triple crisis que estamos enfrentando: la crisis climática, de biodiversidad y de contaminación y también la crisis social".

Durante su intervención en la sala, la secretaria de Estado destacó, además, que "la evidencia es inequívoca: el cambio climático es una amenaza para el bienestar de las personas, hay una relación indisoluble entre nosotros y el medio ambiente y se está cerrando esa pequeña ventana que tenemos para solucionar la habitabilidad de este planeta".

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, subrayó el amplio apoyo a la iniciativa, indicando: "Eso es tremendo si recordamos que hace 3 o 4 años atrás Chile le había dado la espalda al Acuerdo de Escazú y a dos meses de iniciado el gobierno hemos tenido este amplio apoyo que da cuenta de la importancia del Acuerdo de Escazú, da cuenta que trata materias que son políticas de Estado".

La Canciller agradeció a los parlamentarios "no solo del oficialismo, sino también de la oposición, que hicieron este acuerdo posible, y a los presidentes de las tres comisiones que nos ayudaron en esta labor. Estamos muy contentos y creemos que es un paso fundamental en materia de justicia ambiental, de acceso a la información y de democracia, al final del día".