Jueves 28 de mayo de 2026.- El debate sobre "permisología" en Chile ha tendido a reducirse a una sola premisa: menos trámites, más velocidad. Pero esa lectura omite un elemento que debe considerarse cuando se analizan las variables que retrasan la inversión. El problema no se relaciona solo con el volumen de permisos solicitados, sino que también, con la imprevisibilidad de los criterios con que los proyectos son evaluados. En ese contexto, las guías publicadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) son un instrumento que deberían ser más y mejor utilizadas en el diseño de los proyectos de inversión.
Durante el año 2026, el SEA publicó los primeros resultados de la "Encuesta de Percepción sobre Guías y Criterios de evaluación del SEA". Con 396 respuestas válidas emitidas por titulares y consultores de distintas partes del país y representando a diversos sectores productivos, los resultados desmienten la narrativa que circula en el debate público: un 68% de los encuestados declara usar las guías siempre o con mucha frecuencia, un 78% considera fácil acceder a ellas, y un 62% estima que facilitan la tramitación ambiental y un 61% percibe que entregan claridad metodológica suficiente. Los datos demuestran por tanto que hay un amplio reconocimiento a la utilidad de las guías, lo que contrasta con ciertas opiniones mediáticas que las califican como un obstáculo a la tramitación.
Las guías publicadas por el SEA deberían ser más y mejor utilizadas en el diseño de los proyectos de inversión, plantea Carmen Luz Morales.
Las guías del SEA, emitidas al amparo del artículo 81 letra d) de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, cumplen una función sistémica que trasciende lo administrativo. Permiten que el titular anticipe qué información será requerida, que los evaluadores apliquen criterios homogéneos entre las regiones y que se reduzcan las posibilidades de adendas, al orientar la elaboración de las DIA y EIA desde el diseño mismo del proyecto. Son, en definitiva, parte fundamental de la arquitectura de certezas técnicas, jurídicas y predictibilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La jurisprudencia reciente ha ratificado lo anterior con claridad. En enero de 2026, la Corte Suprema dictó sentencia de reemplazo en el caso Piscicultura San Joaquín, estableciendo un precedente de primera importancia: el SEA no puede desconocer sus propias guías técnicas cuando el titular se ha ajustado a ellas. Hacerlo vulnera el principio de la certeza jurídica del sistema. Es decir, las guías no son solo orientaciones: son parámetros técnicos que vinculan también a la autoridad evaluadora.
Las guías son parámetros técnicos que vinculan también a la autoridad evaluadora, señala Juan Cristóbal Moscoso.
La certeza que busca un titular no surge solamente de leer las guías o los documentos de criterios de evaluación, documentos que complementan dichas publicaciones. El verdadero avance para disminuir los tiempos en la aprobación de un proyecto está en asegurar que tanto las guías como los criterios de evaluación sean correcta, estratégica y oportunamente utilizados, que su interpretación sea consistente con la jurisprudencia vigente, y que los proyectos ingresen al SEIA con una hoja de ruta sólida desde etapas tempranas. Eso contribuye en acortar los plazos, ahorra dinero y previene una eventual judicialización. Por lo tanto, el desafío es que ese acervo técnico se traduzca en proyectos mejor diseñados, evaluadores con pronunciamientos más consistentes y titulares que no lleguen al SEIA a descubrir las reglas del juego, sino que a aplicarlas.
Texto: Carmen Luz Morales y Juan Cristóbal Moscoso, socios de Inteligencia Ambiental.
Destacan las guías del SEA como una herramienta estratégica para la certeza jurídica en el SEIA
Dos especialistas subrayan que, según una última encuesta, los titulares y consultores reconocen la utilidad de las guías y criterios de evaluación que publica el Servicio de Evaluación Ambiental. Y sostienen que para reducir los tiempos en la aprobación de un proyecto de inversión se debe asegurar que se usen de forma correcta, estratégica y oportuna, que su interpretación sea consistente con la jurisprudencia vigente y que los proyectos ingresen al SEIA con una hoja de ruta sólida desde etapas tempranas.
