Miércoles 1 de julio de 2026.- Durante 2025, se registraron 72 agresiones contra 67 personas defensoras ambientales. La cifra representa un aumento del 148,2% respecto del año anterior y es la más alta observada desde 2023. Los casos se concentran en las regiones Metropolitana y La Araucanía, siendo la difamación (36,1%) y la violencia física (33,3%) los tipos de agresiones más frecuentes.
Esa es parte de la información que presentó la Fundación Escazú ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados. El estudio registra casos de agresiones sufridas por personas defensoras ambientales, a partir de contacto directo, encuestas anuales y revisión de medios. La entidad advirtió que se trata de un registro muestral y que podrían existir más casos que no han sido denunciados
Asimismo, se indicó que el 82,9% de quienes denunciaron no obtuvo una respuesta suficiente por parte del sistema de justicia, en tanto que un 31,5% optó por no realizar ninguna acción legal tras sufrir una agresión. Entre quienes sí denunciaron, aumentó el número de presentaciones ante la Fiscalía, pasando de 8,51% en 2024, a 16,4% en 2025.
Discrepancias parlamentarias
El diputado Gustavo Gatica valoró la exposición y manifestó su preocupación por las situaciones de violencia que han afectado a personas defensoras del medio ambiente en el país. Consideró que las cifras presentadas son preocupantes, especialmente, considerando que América Latina es una de las regiones con mayores niveles de violencia contra quienes ejercen estas labores.
Además, advirtió sobre la necesidad de que los afectados denuncien las agresiones sufridas para que no queden en indefensión y el Estado pueda tomar conocimiento de estos hechos. Y añadió que el Poder Legislativo puede impulsar medidas para fortalecer la protección de las personas defensoras y mejorar los mecanismos de acceso a la justicia.
Por su parte, el diputado Leandro Kunstmann cuestionó las cifras presentadas por la Fundación Escazú y sostuvo que, en muchas ocasiones, se instrumentalizan tragedias humanas y antes de que existan conclusiones judiciales se instalan determinadas narrativas equivocadas, poniendo como ejemplo el caso de Julia Chuñil.
El parlamentario observó debilidades metodológicas en los informes y estadísticas dados a conocer por la entidad y llamó a actuar con cautela al analizar este tipo de antecedentes. Asimismo, cuestionó que en la exposición se utilizara el concepto de "causas en trámite", ya que, a su juicio, ello podría interpretarse como un indicio de agresión o como una falta de respuesta por parte del sistema de justicia, en circunstancias que esto también puede ocurrir porque no existen antecedentes suficientes para adoptar una decisión.
Fundación Escazú alertó sobre alza de agresiones contra defensores ambientales
Ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados, la entidad informó que, durante 2025, se registraron 72 agresiones contra 67 personas, la cifra más alta observada desde 2023. Los casos más frecuentes fueron difamación y violencia física, y se concentraron en las regiones Metropolitana y La Araucanía.
