Consejo de Ministros aprobó Estrategia Nacional de Biodiversidad 2025-2030 y su plan de acción

Lunes 9 de marzo de 2026.- El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó este viernes la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2025-2030 junto a su plan de acción. Se trata de una política pública que constituye el principal marco orientador de la acción del Estado para la conservación, uso sostenible y restauración de la biodiversidad.

Esta actualización responde al compromiso adquirido por el país para alinearse con los objetivos y metas del nuevo Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (KMGBF), adoptado en 2022, el cual busca proteger el 30% de nuestro territorio continental y marítimo al 2030.

"Nuestro planeta y nuestro país enfrentan una triple crisis de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación y para enfrentar este fenómeno la Estrategia Nacional de Biodiversidad plantea un cambio transformador, ya que deja de ver la conservación como un esfuerzo sectorial aislado y pasa a transversalizar e integrar la biodiversidad en la toma de decisiones de todos los sectores", destacó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

La autoridad ambiental agregó que "la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su plan de acción conforman la política de Estado más amplia y transversal que ha tenido Chile para la naturaleza. Al conectar metas ecológicas (protección y restauración) con variables económicas (capital natural e involucramiento del sector productivo) y sociales (saberes tradicionales, equidad de género y participación ciudadana), esta se posiciona como una herramienta esencial para asegurar el desarrollo sostenible del país de cara a los próximos años".

El proceso de actualización de esta política pública se llevó cabo con el apoyo del Proyecto GEF "Apoyo a la acción temprana del Marco Post 2020 de Biodiversidad" financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), cofinanciado y ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) e implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Sus objetivos

La visión al 2030 de la Estrategia Nacional de Biodiversidad busca que la sociedad chilena conozca, cuide y recupere la naturaleza como base del bienestar. Para operativizar esta visión al 2030, el marco estratégico se estructura en 5 objetivos y además 39 metas que se resumen en los siguientes temas:

- Conservación y restauración: Apunta a consolidar ecosistemas saludables. Destaca la meta de proteger al menos el 30% de las áreas terrestres y marino-costeras (Meta 30×30), incorporar 1 millón de hectáreas a procesos de restauración de paisajes, y fortalecer la conservación de especies amenazadas (Planes RECOGE) y el control de especies invasoras, entre otros.

- Gestión sustentable de la biodiversidad: Busca prevenir la pérdida de biodiversidad reduciendo incentivos perjudiciales e impulsando incentivos positivos. Promueve la integración de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) en la gestión hídrica e infraestructura verde, e impulsa un mayor compromiso empresarial para transparentar riesgos e impactos sobre el entorno.

- Recursos genéticos y saberes tradicionales: Enfocado en la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos. Propone la ratificación del Protocolo de Nagoya y la integración de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales en los instrumentos de gestión.

- Medios de implementación: Garantiza las condiciones habilitantes, buscando generar un plan de financiamiento robusto y fortalecer las capacidades técnicas y humanas en los organismos del Estado a nivel central, regional y local, y también de otros actores de la sociedad.

- Conocimiento y participación: Promueve redes de monitoreo de especies y ecosistemas, un sistema de información público transparente, y mecanismos de participación ciudadana efectiva con enfoque de género.

Plan de acción

Para asegurar que la Estrategia Nacional de Biodiversidad no quede solo en una declaración de intenciones, se trabajó de manera articulada en la elaboración del Plan de Acción de la ENB 2025-2030, un instrumento operativo que traduce los 5 objetivos y 39 metas en medidas concretas, priorizadas y articuladas en el tiempo y que tienen su foco en:

- Operatividad y medición: El plan detalla explícitamente las acciones requeridas para cada meta, definiendo indicadores, medios de verificación, responsables y socios. Por ejemplo, para alcanzar la meta del 30×30, el PdA identifica acciones que van desde dictar reglamentos del SBAP hasta guías técnicas para reconocer Otras Medidas de Conservación Efectivas (OMEC).

- Gobernanza multinivel: Su implementación recae bajo el liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente, pero con la co-responsabilidad del Comité Operativo Nacional de Biodiversidad (CONB), conformado por diversos servicios públicos, garantizando el despliegue sectorial. A nivel local, se apoyará en los Comités Operativos Regionales (CORB), asegurando pertinencia territorial.

- Diseño participativo: Su elaboración consideró numerosas observaciones y propuestas surgidas de talleres macrozonales, sectoriales, de la academia, sector privado y ONG, asegurando un enfoque sistémico que refleja las diversas realidades geográficas de Chile.

- Monitoreo y reportabilidad: Se trata de un instrumento dinámico. Establece un sistema de seguimiento (con una plataforma interoperable) donde se reportarán sus avances, permitiendo medir progresivamente el éxito de la Estrategia y aplicar gestión adaptativa.

Salares protegidos

En la misma sesión, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó la creación de seis nuevas áreas protegidas en la Región de Antofagasta que equivalen a más de 184 mil hectáreas. Con esto, la Red de Salares Protegidos de dicha región conservará 11 ecosistemas salinos, los que se suman a los 10 salares y lagunas altoandinas que ya fueron resguardadas en la Región de Atacama en noviembre de 2025.

Esta medida forma parte de la implementación de la Estrategia Nacional del Litio, política pública inédita en nuestro país que responde al mandato presidencial de integrar la protección ambiental en una política productiva, y que incluyó procesos de participación indígena y ciudadana.