Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Tribunal Ambiental ordenó paralizar proyectos inmobiliarios en la costa valdiviana

Tribunal Ambiental ordenó paralizar proyectos inmobiliarios en la costa valdiviana

Judicatura estimó que 4 iniciativas de inversión -sin RCA- ponen en riesgo al entorno y personas, por ubicarse sobre relieves en pendiente y existir comunidades indígenas en sus cercanías.



Jueves 3 de febrero de 2022.- El Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, ordenó una serie de medidas cautelares que afectan el desarrollo de cuatro proyectos inmobiliarios en la zona costera de la capital de Los Ríos.

Las acciones rigen para las iniciativas de inversión Cutipay I, Cutipay II, Pilolcura y Canelales sector Los Pellines, que las empresas Sociedad Agrícola Kuriñanco Ltda. y Sociedad Inversiones e Inmobiliaria Pilolcura Ltda. llevan a cabo en distintos sectores del litoral valdiviano.

El tribunal ordenó paralizar y prohibir la ejecución de la totalidad de obras y acciones asociadas a los proyectos. Entre ellas, la tala de bosque nativo, intervención de quebradas, construcción de viviendas y, en general, “todas aquellas obras que supongan urbanización del predio o equipamiento destinado a crear nuevos núcleos urbanos”, señala el dictamen.

Al existir resoluciones de la SMA que establecen que las iniciativas inmobiliarias se encontrarían al margen del SEIA, por no contar con RCA, la judicatura estimó que se configura “una situación de riesgo o peligro al medio ambiente o la salud de las personas, cuestión que además resulta particularmente sensible cuando se ha constatado la existencia de comunidades indígenas y pueblos originarios en las cercanías del proyecto”.

En el fallo, el órgano argumentó que “los cuatro proyectos, además, se ubican en cordones montañosos y, por consiguiente, sobre relieves en pendiente, por lo que toda intervención a las comunidades vegetacionales podría generar procesos erosivos de ladera, pero también un efecto de fragmentación de ecosistemas, lo que afectaría directamente a la biodiversidad local”.

La judicatura especializada dictó las medidas cautelares a raíz de una solicitud ingresada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que interpuso una demanda de reparación por daño ambiental contra dichas compañías en el mes de enero.

Entre los antecedentes que el órgano consideró para dictar las medidas cautelares se encuentran informes de Conaf, SAG, Seremi de Vivienda y Urbanismo de Los Ríos, Sernageomin y la Superintendencia del Medio Ambiente.