Proyecto para reforzar y mejorar la eficiencia de la institucionalidad ambiental avanzó a la Cámara Baja

Miércoles 15 de abril de 2026.- El proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia, avanzó a su segundo trámite constitucional en el Congreso luego que el Senado lo despachara ayer a la Cámara de Diputadas y Diputados.

La iniciativa, presentada por el gobierno anterior el 10 de enero de 2024, busca principalmente reforzar los instrumentos de gestión ambiental, ampliar la participación ciudadana en la evaluación de los proyectos, aumentar las certezas sobre los estándares de calificación y disminuir significativamente los plazos en las etapas de revisión y modificación de las propuestas de inversión.

En ese contexto, el Senado propuso, entre otras mejoras: incorporar la Ventanilla Única en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), una definición de impactos acumulativos y sinérgicos, incluir la figura de la Declaración Jurada, ampliar el procedimiento de urgencia y la participación ciudadana temprana, y hacer cambios procedimentales en el recurso de reclamación.

Entre las materias que generaron mayor debate entre los parlamentarios estuvieron la necesidad de contar con normas para los permisos sectoriales y la relevancia de mantener las consultas a los gobiernos regionales. Otros temas abordados fueron los efectos acumulativos ambientales y la necesidad de medir los contaminantes de forma sinérgica, las reducciones de plazos para los permisos, el fortalecimiento de la participación ciudadana, y el rol de los consultores en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ahora, la discusión de la propuesta legislativa seguirá en la Cámara Baja.

Incineración de basura

En otro frente, las diputadas y diputados despacharon al Senado el proyecto de ley que aumenta las sanciones por la incineración de basura, imponiendo penas de presidio de hasta 10 años según lo establecido en el artículo 477 del Código Penal. Por otra parte, aumenta en un grado la pena si la conducta se lleva a cabo con la finalidad de vender, intercambiar u obtener lucro o ganancia, como ocurre por ejemplo con metales recuperados producto de quemas no autorizadas.

De este modo, se pretende evitar esta actividad que genera altos niveles de contaminación atmosférica al liberar sustancias tóxicas aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias, oculares y cutáneas, junto a problemas cardiovasculares y de salud mental. Además, la quema de basura puede contaminar aguas subterráneas o producir incendios que, al propagarse, pueden causar daños significativos a la población y al medio ambiente.

El proyecto modifica la Ley General de Bases del Medio Ambiente y otras normas para establecer como responsable de daño ambiental a quien ejecute incineración de basura sin autorización en las cercanías de lugares poblados. En este marco se consideran residuos o desechos de papeles, neumáticos, demolición y construcción. También materias orgánicas o agrícolas, forestales, metales, fierros, cableado, madera o aserrín o cualquier otro desperdicio.

La iniciativa penaliza la realización de quemas de residuos en la vía pública, calles, parques, cerros, quebradas, bienes nacionales de uso público, propiedades fiscales, municipales o privadas, incluyendo caminos, accesos, sitios eriazos, áreas de conservación, playas o riberas de ríos o lagos, entre otros.

Las sanciones indicadas se aplicarán cuando la conducta genere efectos nocivos para la salud, la flora o fauna de la zona afectada o ponga en peligro la vida de las personas.

La iniciativa establecía también que las municipalidades debían implementar programas de educación ambiental para fomentar el correcto manejo de los residuos y la promoción del reciclaje, como también generar sistemas de control para prevenir quemas de basura en áreas urbanas. No obstante, esta propuesta fue rechazada por falta de quorum.