Presidente Gabriel Boric firmará mañana el Acuerdo de Escazú

Jueves 17 de marzo de 2022.- Lo habían adelantado medios electrónicos durante la semana y, hoy, el gobierno lo confirmó: el Presidente Gabriel Boric firmará mañana viernes el Acuerdo de Escazú, iniciativa que había sido desechada por la administración de Sebastián Piñera pese a ser uno de sus impulsores.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, ratificó hoy la información en entrevista con Radio Futuro.

“El día viernes será la firma del proyecto que ratifica Escazú, tratado que en principio Chile fue parte, pero luego se decidió inexplicablemente no firmarlo por parte del (ex) presidente Piñera”, señaló el titular de la Segpres.

Agregó que “para nosotros el tema ambiental es súper importante, de poder generar justicia y conciencia de que los problemas de este tipo se puedan resolver en primera instancia era relevante”.

Asimismo, destacó que el acuerdo "tiene sobre todo en las juventudes una transversalidad gigantesca", donde "desde la UDI al Frente Amplio están de acuerdo con esto".

Acceso a información y más

El Acuerdo de Escazú es un convenio promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cuya creación impulsaron Chile y Costa Rica. Su objetivo es facilitar el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, de manera de contribuir al derecho de las actuales y futuras generaciones a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

El Acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe. El período de firma tuvo lugar entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Tras alcanzar los requisitos establecidos en su artículo 22, el convenio entró en vigor el 22 de abril de 2021.

Escazú corresponde al primer pacto ambiental de la región, donde Chile actuó como principal impulsor, especialmente en la primera administración Piñera (2010–2014). Sin embargo, en septiembre de 2020 —durante su segundo mandato—, el Acuerdo fue desechado por considerárselo “inconveniente” para el país, “atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna, todo lo cual generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica”.

De acuerdo con la Cepal, el convenio permite garantizar "derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible".