Valor Compartido 2.0

Generar lazos de confianza y duraderos entre personas es una tarea que hoy en día parece costar más. De ahí que lograr que las relaciones entre las empresas y las comunidades de su entorno sean armoniosas y fructíferas se ve aún más difícil. Sobre todo, porque a las primeras les puede dar más réditos caer en el asistencialismo y la filantropía que trabajar en la creación de "valor compartido", con beneficios tangibles para ambas partes, y transitar hacia modelos que generen impacto territorial real, medible y sostenible a largo plazo.

Ángeles Bustamante, jefa de Proyectos Territorios Sostenibles y Personas & Trabajo de Acción Empresas, tiene una posición formada al respecto: "En los últimos años hemos visto una evolución importante en la madurez de este vínculo. Cada vez más empresas comprenden que las comunidades no son únicamente un grupo de interés al que hay que informar o consultar, sino actores clave para la sostenibilidad de sus operaciones. Esto se ha traducido en una mayor incorporación de procesos de diálogo temprano, equipos especializados y metodologías para comprender mejor las dinámicas territoriales".

Otro avance relevante, a su juicio, es que esta relación ha comenzado a dejar de ser una respuesta frente al conflicto para convertirse, progresivamente, en una herramienta de gestión. "Hoy existe mayor conciencia de que construir confianza requiere presencia permanente, escucha activa y coherencia entre los compromisos asumidos y las decisiones que toma la empresa", señala.

Para aportar a este proceso, Acción Empresas desarrolló, precisamente, una guía de relacionamiento comunitario en la que se destaca que este nexo, cuando es efectivo, "no se limita a mantener una buena comunicación con las comunidades, sino que implica generar procesos sistemáticos de diálogo que permitan comprender el territorio e incorporar esa información en la gestión del negocio. Ese es un cambio cultural que muchas organizaciones ya están comenzando a desarrollar", asegura.

Ángeles Bustamante resalta la madurez que ha ido adquiriendo el vínculo entre empresas y comunidades.

Ciudadanía empoderada

"Ha surgido una ciudadanía empoderada, informada y crítica", resalta Eloísa Sánchez, directora ejecutiva de Kancha -consultora especializada en relacionamiento territorial y gestión estratégica de acuerdos-, sobre la evolución del relacionamiento comunitario.

"Pasamos definitivamente de la era de la responsabilidad social paternalista -basada en la donación o el beneficio asistencialista- a una exigencia real de co-creación territorial. Hoy, las comunidades entienden su rol estratégico y exigen conversar de igual a igual. Esto ha forzado a las empresas a migrar desde la búsqueda de una 'licencia social', entendida como un trámite o check-list regulatorio, hacia la construcción de legitimidad territorial de largo plazo. El valor compartido hoy solo es efectivo cuando el proyecto dialoga con la vocación productiva y social previa del territorio. Que la comunidad haga preguntas difíciles y exija estándares altos no es un obstáculo, sino la base para que los proyectos sean viables y sostenibles en el tiempo", acota la especialista.

Agrega que lo anterior se ve reflejado en el aumento progresivo de los presupuestos de las empresas destinados a la relación con sus comunidades y a la contratación de profesionales dedicados a esta área. "Porque la sostenibilidad social es parte del negocio, no es un favor. Existe una creciente conciencia interna de que la empresa es un actor social más y eso es una evolución que veo progresivamente, aunque depende mucho de la industria, la fase de desarrollo de un proyecto, el origen de los capitales, entre otros factores", afirma.

Eloísa Sánchez plantea que el relacionamiento territorial "no se resuelve a la velocidad de la IA ni con acuerdos notariales".

Brechas a superar

Aunque no es un área de trabajo de Fundación Terram, su directora ejecutiva, Flavia Liberona, valora que esté mejorando el diálogo entre las empresas y las comunidades, pero deja en claro que el problema central sigue muy presente: "Observamos que muchas veces estas relaciones no se dan en base a equilibrios de poder, ya que existen empresas que pueden destinar mucho tiempo y recursos a un proceso de esta naturaleza. Esto finalmente implica que un sector tiene más poder que el otro y el Estado, que debería ejercer un rol relevante, se desentiende señalando que son negociaciones entre privados".

Aunque las empresas dialogan más que antes, "esa información todavía no siempre influye en las decisiones estratégicas", lamenta, a su vez, Ángeles Bustamante, quien considera este aspecto como la principal brecha en la materia. Complementa: "Muchas organizaciones han fortalecido sus procesos de relacionamiento, pero estos siguen operando de manera relativamente aislada de áreas como operaciones, desarrollo de proyectos o inversiones".

En Acción Empresas también vislumbran desafíos para gestionar los impactos sociales de manera sistemática. Su especialista aporta más detalles: "Con frecuencia se mide cuánto se invierte o cuántas iniciativas se ejecutan, pero existe menor desarrollo para evaluar cómo cambian efectivamente las condiciones del territorio o cómo las decisiones de la empresa afectan la vida de las personas. Sin esa información es difícil anticipar riesgos, ajustar estrategias o fortalecer la legitimidad".

Al respecto, la guía de dicha organización plantea que el valor del relacionamiento no está únicamente en generar espacios de conversación, sino en transformar esa información en un insumo para la toma de decisiones. "Cuando el territorio no forma parte de los procesos internos de gestión, el relacionamiento pierde gran parte de su potencial estratégico", precisa el documento.

Por su parte, Eloísa Sánchez puntualiza tres dimensiones de este proceso que, a su juicio, están aún al debe:

• Falta de alfabetización técnica y activismo del temor: En zonas rurales o aisladas existe una asimetría de información enorme sobre la complejidad de los proyectos. "Esta brecha suele ser aprovechada no para educar, sino para instalar una simplificación narrativa: eslóganes emotivos y maximalistas que movilizan el miedo legítimo de las personas. Cuando el temor sustituye al dato y a la evaluación real, se bloquea cualquier posibilidad de diálogo constructivo", expresa.

• El "litigio táctico" y la mercantilización del conflicto: Ha emergido una práctica preocupante centrada en la caza de vulnerabilidades en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) o en la traba de servidumbres de paso. "No se busca perfeccionar el estándar ambiental del proyecto ni proteger a la comunidad, sino instrumentalizar el marco legal para forzar negociaciones de tramo final. Esto distorsiona la buena fe del relacionamiento", plantea.

• El desafío del Estado con el Acuerdo de Escazú: Aunque el tratado es un avance conceptual indiscutible en transparencia y participación, "si el Estado no dota a la institucionalidad de recursos, trazabilidad y agilidad, corremos el riesgo de transformar un principio valioso en un cuello de botella burocrático que paraliza inversiones viables sin agregar valor real al territorio".

Sánchez añade que aún cuesta erradicar la inercia de las viejas prácticas de los años 90: las negociaciones opacas a puertas cerradas. "Esas dinámicas hoy son totalmente inviables e insostenibles", confiesa.

Desafíos emergentes

El relacionamiento comunitario está entrando en una nueva etapa. "Hoy, las empresas ya no solo deben construir confianza, sino demostrar con evidencia cómo contribuyen al desarrollo de los territorios y cómo gestionan los impactos que generan", sentencia Ángeles Bustamante, para quien "temas como la medición de impacto social, la debida diligencia en derechos humanos, la participación en beneficios y la legitimidad territorial adquieren un rol cada vez más relevante".

Otro desafío emergente apunta a gestionar expectativas crecientes. "Las comunidades esperan participar de manera más significativa en las decisiones que afectan sus territorios y demandan mayor transparencia respecto de los beneficios, los impactos y los mecanismos mediante los cuales las empresas contribuyen al desarrollo local. Esto exige pasar desde una lógica centrada en proyectos sociales hacia una gestión territorial integrada a la estrategia del negocio", manifiesta.

Las empresas deben demostrar con evidencia que contribuyen al desarrollo de los territorios donde implementan sus proyectos.

Agrega que en Acción Empresas consideran que el futuro del relacionamiento comunitario estará marcado por la capacidad de las organizaciones para integrar el territorio como una variable estratégica de decisión. "Las empresas que logren comprender mejor su contexto, medir sus impactos, anticipar riesgos y construir soluciones junto a los actores locales estarán mejor preparadas para desarrollar operaciones sostenibles y fortalecer su legitimidad en el largo plazo", concluye Bustamante.

Eloísa Sánchez, en tanto, sostiene que de ahora en más el gran desafío "es resguardar la densidad del diálogo frente a dos fenómenos contemporáneos: la cultura de la trinchera digital y los incentivos alineados con la discordia". En relación al primero, explica que "se ha instalado la falsa premisa de que hacer participación ciudadana es emitir opiniones impulsivas o polarizantes en redes sociales". Y respecto al segundo, advierte que "existen actores cuyo rol se valida solo en la medida en que las partes no se entiendan. Prosperan en la fricción y bloquean los puentes de entendimiento porque la resolución del problema liquida su espacio de influencia".

Frente a eso, la directora ejecutiva de Kancha indica que su convicción es que el relacionamiento territorial no se resuelve a la velocidad de la inteligencia artificial ni con acuerdos notariales. "Requiere tiempo, cara a cara y rito social", subraya Sánchez.

DATO:

1
Programa, denominado Territorios Sostenibles, impulsa Acción Empresas dirigido a sus firmas socias como un espacio para conocer buenas prácticas, fortalecer capacidades y generar aprendizajes colectivos sobre el relacionamiento comunitario.

Artículo publicado en InduAmbiente n° 201 (julio-agosto 2026), páginas 58 a 60.