Escazú y las Empresas

Los más de 70 mil habitantes de Escazú, un cantón de Costa Rica situado en el oeste de la provincia de San José, deben sentirse más orgullosos de su tierra natal o de acogida desde el 4 de marzo de 2018. En esa fecha se firmó el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe bajo el rótulo de Acuerdo de Escazú.

La iniciativa busca garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales, además de proteger a los defensores del medio ambiente. El 11 de septiembre de 2022 sus postulados entraron en vigencia en Chile, tras su aprobación en el Congreso unos meses antes.

A casi cuatro años desde aquel hito, el tratado hoy está en plena implementación. Francisco Grimberg, jefe de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), hace un balance de este proceso: "Es positivo. Chile cuenta con el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú 2024-2030, estructurado en cinco líneas estratégicas: acceso a la información ambiental, participación pública, justicia ambiental, protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, y fortalecimiento de capacidades y cooperación. Entre los principales avances destacan la puesta en marcha de una gobernanza nacional y regional, y la implementación de un mecanismo anual de reporte público. El informe 2025 da cuenta de más de 300 compromisos asumidos por más de 30 instituciones públicas, incluyendo mejoras en las plataformas de información ambiental, cursos y espacios de diálogo ciudadano, fortalecimiento de los canales de denuncia y acciones dirigidas a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, entre muchos otros. Identifica, asimismo, las principales brechas y desafíos pendientes para avanzar en la implementación efectiva del acuerdo".

El Acuerdo de Escazú contribuye a que el desarrollo productivo sea más legítimo, informado y sostenible, señala Francisco Grimberg.

También positiva es la evaluación que hace Pablo Kong, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales y miembro del Consejo Nacional de Escazú. Afirma: "El Ministerio del Medio Ambiente ha liderado adecuadamente este proceso, generando espacios de encuentro entre el Estado, las comunidades, las empresas, las universidades y las organizaciones sociales. Uno de los principales aportes de Escazú es la transparencia. Esto implica entregar información clara, completa y oportuna, pero también explicar cómo se toman las decisiones y qué ocurre con las observaciones de la ciudadanía. Esto último es clave y marca la diferencia con lo correcto o no en temas socioambientales".

Menos favorable es la percepción de la Fundación Escazú Ahora. Sebastián Benfeld, su director ejecutivo, comenta que "si bien valoramos que Chile haya dado un paso importante al suscribir el Acuerdo de Escazú e iniciar un proceso de implementación participativa, los avances observados a la fecha siguen siendo insuficientes para cumplir plenamente con los compromisos asumidos por el Estado al ratificar el tratado. El principal desafío sigue siendo avanzar desde los compromisos asumidos a su implementación efectiva, asegurando que ese proceso se construya con una participación amplia, incidente e informada de toda la ciudadanía interesada. Esto ocurrirá en la medida que incorpore la experiencia de las personas y responda a las necesidades reales de quienes ejercen diariamente sus derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental".

Mirada de largo plazo

Respecto al impacto del acuerdo en la relación empresa-comunidad, Francisco Grimberg precisa que sus efectos deben observarse con una mirada de largo plazo. "Si bien muchas empresas ya desarrollan prácticas de relacionamiento comunitario, Escazú refuerza el rol del Estado en la promoción de información ambiental transparente, participación temprana y diálogo efectivo. En línea con el Plan Nacional, estos aspectos, junto con la colaboración en instancias de gobernanza público-privada, han adquirido un papel central. Además, el tratado ofrece al sector privado un marco para consolidar prácticas de gestión empresarial sustentable y relaciones más armónicas con las comunidades y los territorios donde desarrolla sus actividades. Bien implementadas, estas prácticas contribuyen a generar confianza, otorgar mayor estabilidad a las decisiones de inversión y prevenir o reducir conflictos socioambientales. Esta orientación fue reafirmada en la última sesión del Consejo Nacional Estratégico Público-Privado, liderado por la ministra Francisca Toledo, en el que se destacó la importancia de fortalecer la relación entre comunidades y empresas mediante reglas claras y acceso transparente a la información", revela.

El representante del Ministerio del Medio Ambiente precisa, asimismo, que aunque las obligaciones del acuerdo recaen principalmente en los estados, "Escazú reconoce el papel del sector privado y promueve una mayor transparencia sobre sus operaciones y riesgos, la elaboración de reportes de sostenibilidad y la participación temprana".

Con una mirada optimista, Pablo Kong señala que Escazú contribuye a "construir una relación más abierta entre comunidades y empresas. La transparencia permite que las personas comprendan mejor los proyectos, sus posibles impactos y las decisiones asociadas a ellos. A su vez, las empresas pueden conocer con mayor profundidad los territorios, sus historias, necesidades y preocupaciones. Cuando el diálogo comienza de manera temprana y la información se entrega en un lenguaje comprensible, aumentan las posibilidades de anticipar conflictos y mejorar los proyectos".

Pablo Kong resalta que una ciudadanía informada puede comprender mejor las decisiones, proponer y pedir explicaciones a las instituciones y a las empresas.

En Escazú Ahora, en tanto, sostienen que el acuerdo establece que las decisiones ambientales deben incorporar la participación efectiva de todas las personas y comunidades que pueden verse afectadas por ellas. "Ese enfoque implica reconocer que quienes habitan un territorio poseen un conocimiento valioso sobre su realidad, sus riesgos y sus oportunidades, que complementa la información técnica disponible. En ese sentido, el tratado establece un marco para que tanto el Estado como quienes impulsan proyectos refuercen sus estándares en materia de transparencia, acceso a la información y participación temprana de las comunidades, incorporando de manera efectiva sus observaciones antes de tomar cualquier decisión que les pueda afectar", asegura Sebastián Benfeld.

¿Compromiso empresarial?

¿Se percibe un compromiso de las empresas, sobre todo de las de mayor tamaño, por operar bajo altos estándares de transparencia, realizar procesos de participación ciudadana temprana en sus proyectos y dar cabida a la justicia ambiental? Según el representante de la fundación, "no contamos con evidencia suficiente para realizar una evaluación general sobre el desempeño de las empresas en el cumplimiento del tratado, por lo que no sería responsable emitir un juicio en ese sentido. Lo que sí creemos es que las empresas tienen la obligación de cumplir con la normativa ambiental vigente y la oportunidad de hacerlo integrando en sus procesos los más altos estándares en materia de democracia y transparencia ambiental".

"El tratado fortalece las instituciones y entrega herramientas para adoptar decisiones más transparentes, informadas y democráticas", dice Sebastián Benfeld.

A juicio de Francisco Grimberg, en tanto, "sí existen señales positivas al respecto, especialmente en las grandes empresas. Un avance relevante es la regulación que exige a determinadas compañías informar sobre materias ambientales, sociales y de gobernanza en sus memorias anuales y explicar cómo éstas se integran en sus políticas, metas y decisiones estratégicas. Sin embargo, el cumplimiento de la normativa existente constituye solo el punto de partida: el desafío es avanzar al desarrollo de prácticas concretas. Un estándar elevado supone entregar información ambiental oportuna, accesible y comprensible; desarrollar procesos de participación temprana; y aplicar procesos de debida diligencia que permitan identificar, prevenir, mitigar y comunicar los impactos ambientales y sociales de las actividades empresariales".

Agrega que en la cartera de Medio Ambiente han sido claros respecto a que el crecimiento económico y la protección de la naturaleza no son objetivos antagónicos siempre que existan reglas claras e instituciones eficaces. "En ese sentido, hemos puesto el foco en la transparencia, lo que favorece no solo a las empresas, sino también a las comunidades relacionadas con proyectos de inversión. Esta es la lógica del Acuerdo de Escazú y como Ministerio estamos priorizando uno de sus pilares".

Por su parte, Pablo Kong manifiesta que sí se observan avances, aunque persisten diferencias entre empresas y sectores productivos, "lo que es un cuello de botella y antecedente crítico en el accionar ambiental de Chile. El compromiso se demuestra cuando una empresa entrega información clara, dialoga con las comunidades desde el inicio y explica cómo sus observaciones influyeron en el proyecto".

Artículo publicado en InduAmbiente n° 201 (julio-agosto 2026), páginas 61 a 63.