En lugares donde la actividad económica convive estrechamente con las comunidades, el cumplimiento de la normativa es un piso mínimo e indispensable. Sin embargo, en la gestión ambiental del siglo XXI, limitar la acción del Estado y de las empresas a reaccionar ante una normativa o sanción resulta insuficiente. La continuidad de los proyectos y el resguardo de la calidad de vida exigen anticipar impactos, generar confianza y demostrar con evidencia que los compromisos ambientales se cumplen.
Lo que hoy ocurre en Sierra Gorda es un reflejo claro de este desafío. La comuna enfrenta exigencias complejas en materia de MP10. Frente a este escenario, la respuesta no fue esperar una regulación restrictiva o un conflicto instalado, sino actuar de manera anticipada a través de un instrumento de política pública voluntaria: un Acuerdo de Producción Limpia (APL) impulsado por las empresas mineras, el municipio y organismos públicos.
En Chile, la discusión ambiental suele activarse cuando el problema ya es crítico. Los instrumentos de política pública voluntaria permiten cambiar este paradigma e intervenir antes. Estas herramientas no sustituyen permisos ni regulaciones obligatorias; por el contrario, las potencian. Crean un espacio público-privado para acordar metas ambiciosas, plazos e indicadores verificables que transforman acciones aisladas en una estrategia de gestión coordinada y participativa.
En el caso del aire, esto se traduce en intervenir fuentes fugitivas, mejorar monitoreos o controlar caminos no pavimentados, construyendo las medidas junto a las comunidades. Pero el valor de fondo radica en la herramienta misma. Los APL generan un marco de gobernanza compartida que reduce la incertidumbre y crea información común entre el Estado, la industria y los ciudadanos.
Esta experiencia deja una lección profunda sobre la política ambiental moderna. La sustentabilidad no es un costo ni un adorno accesorio, es un habilitante esencial para el desarrollo. Los instrumentos voluntarios demuestran que la prevención es infinitamente más costo-efectiva y transformadora que la sanción reactiva. Permiten que el sector privado no solo "cumpla la ley", sino que asuma un rol activo en la innovación y el resguardo de los territorios.
La pronta firma del acuerdo en Sierra Gorda será el punto de partida de un proceso donde lo decisivo será medir, corregir y demostrar resultados. Promover y fortalecer la política pública voluntaria es entender que anticiparse no sólo mejora el aire que respiramos, sino que es la vía más sólida para construir las condiciones sociales, ambientales e institucionales que hacen posible un desarrollo sostenible en el tiempo.
Columna publicada en InduAmbiente n° 201 (julio-agosto 2026), página 70.
Voluntariedad para acelerar las decisiones
Ximena Ruz
Directora ejecutiva
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo
