Un sistema tarifario justo para los residuos

Separo mis residuos entre orgánicos y reciclables, tal como esperaría que lo hicieran todos los ciudadanos del país. Los orgánicos se transforman en compost y, después de algunos meses, vuelvan a la tierra. Los reciclables los deposito en un contenedor que un camión recuperador retira cada dos semanas. El resto queda para el camión de basura.

Realizo este esfuerzo porque considero fundamental combatir el cambio climático y reducir el exceso de residuos que terminan en rellenos sanitarios. Al gestionar los orgánicos, reduzco entre el 30 y 50% el volumen total de mis residuos. Al separar los reciclables, elimino otro 20% adicional. En términos simples: solo entre 30 y 50 % de lo que genero llega finalmente a disposición final. Además, disminuyo la producción de lixiviados y la presencia de vectores sanitarios en los alrededores de los rellenos.

Lo hago porque creo en la responsabilidad ambiental y por la satisfacción profunda que me genera saber que mis acciones tienen sentido.

Pero aquí aparece el problema: aunque se habla del principio "quien contamina paga", propio de la gestión ambiental, en la práctica, el sistema de cobro no premia a quien reduce, separa y recicla. En Chile, las tarifas por retiro de residuos se definen mediante estructuras complejas entre municipalidades y el sistema público. Para las familias, el costo muchas veces depende de factores que no reflejan cuánto residuo se genera realmente ni cuánto se logra recuperar. En este esquema, solo alrededor del 20% de los hogares paga por algo ajeno; el resto está exento por no pagar contribuciones.

Dicho directamente: si yo reduzco y reciclo, debería pagar menos. Si cada persona pagara según lo que efectivamente entrega para disposición final, el sistema sería más justo y eficiente. Reciclar dejaría de ser solo una buena acción y pasaría a ser una conducta que también tiene un sentido y beneficio económico.

Según mis estimaciones, si el sistema tarifario se ajustara para cobrar según la cantidad real de residuos que cada hogar entrega a disposición final, podríamos reducir en al menos un 50% lo que hoy termina en rellenos sanitarios. Las cuentas son simples: si miles de hogares replicaran la separación y valorización básica (orgánicos y reciclables) los impactos ambientales disminuirían de manera inmediata y significativa.

Revisando las distintas fuentes de información disponibles y descartando aquellos sitios de disposición final sin permisos adecuados, dejando sólo los rellenos sanitarios, y considerando la suma de los costos de transporte (80%) y de disposición final (20%), nos da una estimación de costo promedio nacional de $1.760 por persona al mes, con valores que oscilan entre $7.000 y $9.000 para familias de 4 y 5 personas.

Columna publicada en InduAmbiente n° 201 (julio-agosto 2026), página 55.