Ley de Permisos: oportunidad y desafío

Ante la diversidad de mecanismos para la obtención de permisos sectoriales, y con el objeto de agruparlos en un único sistema de permisología sectorial, se ha publicado la Ley N° 21.770/25, Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), que pretende ordenar de forma sistematizada la tramitación de permisos en los diferentes servicios sectoriales.

Este instrumento busca ordenar y agilizar un sistema que abarca alrededor de 380 permisos gestionados por 37 servicios públicos. Su principal novedad está en la flexibilidad de fiscalización preventiva para acelerar los plazos de tramitación a través de las siguientes medidas: técnicas habilitantes alternativas que permitirán sustituir autorizaciones por declaraciones juradas o avisos en actividades consideradas de bajo riesgo; plazos máximos y silencio administrativo, fijando límites obligatorios del tiempo de respuesta por parte de los servicios; y Ventanilla Única Digital que centraliza la gestión a través del Sistema Unificado de Permisos.

Aunque su objetivo central es agilizar la tramitación y destrabar proyectos de inversión, la implementación de la Ley plantea grandes desafíos de coordinación entre distintas áreas administrativas y la homologación de sistemas.

Dada la magnitud del esfuerzo para coordinar los servicios, parece poco probable cumplir con el plazo impuesto para su implementación: 29 de septiembre de 2026. Esto principalmente por tres razones. La primera es que cada servicio debe implementar una priorización y reglamentos para las declaraciones juradas, lo cual a la fecha no ha sucedido. La segunda es que su éxito depende de una gran capacidad de fiscalización y la falta de recursos podría traducirse en desviaciones relevantes. Y la tercera es que la existencia de distintos lineamientos y exigencias en materias similares a nivel regional dificulta una implementación homogénea de la ley.

Actualmente, dentro de los servicios públicos existen profundas diferencias entre los sistemas de tramitación de permisos, en infraestructura, recursos humanos, plataformas, etc., es decir, el escenario para nivelar es complejo. A esto, se suma la diferencia de criterios y lineamientos regionales para un mismo tema.

Implementar una ley marco que establezca lineamientos generales, similar al Servicio de Evaluación Ambiental, es una excelente propuesta. Sin embargo, su implementación se ve compleja, no por un desconocimiento del sistema sino debido a la diversidad de ecosistemas conformado por los diversos servicios públicos.

Columna publicada en InduAmbiente n° 200 (mayo-junio 2026), página 69.