Proyecto de Presupuesto 2027 recorta recursos para fiscalización y evaluación ambiental

Miércoles 7 de octubre de 2026.- Se conoció la propuesta de presupuesto 2027 del Gobierno, en trámite en el Congreso, y para el Ministerio Medio Ambiente (MMA) las cifras parecen fluctuar poco. Sin embargo, al revisar en detalle se advierte una reducción de recursos relevante en funciones clave como la fiscalización de ilegalidades que dañan ecosistemas, la evaluación ambiental de proyectos de inversión y los programas de acción climática, mientras que no aparece asignación alguna para implementar el Acuerdo de Escazú.

El proyecto de ley de presupuestos 2027 asigna M $98.631.633, un 2,1% nominal más que la ley 2026. Descontando un inflactor de 2,88% la partida cae 0,7% en términos reales, según un informe asociado al centro de pensamiento Rumbo Colectivo.

Los investigadores destacan que gran parte del aumento se concentra en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que pasa de $17.393 millones a $22.304 millones. Este nuevo servicio se está implementando y traspasa la función de administrar las áreas protegidas del Estado del Ministerio de Agricultura, a través de Conaf, al Ministerio del Medio Ambiente.

Si se resta el presupuesto para este servicio, la cantidad de recursos asignados a Medio Ambiente cae 3,5% nominal. La mayor reducción se puede ver en el presupuesto para la Subsecretaría de Medio Ambiente, que baja de $38 mil millones a $36 mil millones.

Algunos de sus programas ven recortes significativos. Uno de ellos es "Adaptación y Mitigación para el Cambio Climático", que disminuye de $1.714 millones a $1.383 millones, un 19,3% menos. Dentro de este programa, la asignación para "Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC)" cae de $717 millones en 2026 a $293 millones en 2027: una reducción de 59,1%. Esa línea financia el trabajo del MMA para cumplir los compromisos climáticos del país.

El mayor recorte entre los programas se registra en "Desarrollo Sostenible", que pasa de $8.109 millones a $4.555 millones, es decir, un 43,8% menos.

A su vez, el Fondo de Protección Ambiental (FPA) pasa de $866 millones en 2026 a $611 millones en el proyecto 2027, una disminución de $255 millones (-29,4%).

Otro de los cambios relevantes impacta a la implementación del Acuerdo de Escazú. La Ley de Presupuestos 2026 estableció, en una glosa de la Subsecretaría, hasta $144,5 millones para este ítem, sin embargo, en el proyecto de Presupuestos 2027 no aparece una mención explícita ni una asignación identificada para poner en práctica este tratado internacional que busca garantizar el acceso a la justicia ambiental y la protección de quienes defienden la naturaleza.

Reducciones en fiscalización y evaluación

El presupuesto propone rebaja de recursos a dos funciones clave del MMA. Una es la fiscalización que ejerce la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para detectar y sancionar las ilegalidades que dañan el medio ambiente o cuando un proyecto incumple las condiciones impuestas en su permiso ambiental.

El presupuesto total para la SMA se reduce un 0,2% nominal, pero si se revisa específicamente el programa de fiscalización ambiental del organismo, el recorte es de un 19,2% real según el informe de Rumbo Colectivo. También se ven recortes de personal: la SMA pierde 14 cargos de planta y dos cargos a honorarios.

En el caso del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), encargado de prevenir el impacto ambiental que tendrán los proyectos de inversión que se instalan en el país y exigir medidas de mitigación y reparación para las comunidades y ecosistemas afectados, el presupuesto aumenta en un 5% real, pero el incremento se concentra en el gasto de personal, mientras que todas las otras asignaciones se recortan. El programa de administración de procesos de evaluación ambiental del SEA se reduce en 23% real y aumenta en 3 el personal contratado, pero se pierden 5 cargos a honorarios.

Entre los recortes al SEA está también la eliminación de tres glosas que exigían rendir cuentas al servicio: el informe trimestral de proyectos en evaluación que incluía inversión, región, sector, resultado y tiempos de tramitación; el recorte sobre participación ciudadana y sus denegaciones; y los informes sobre consultas de pertinencia, que es una alternativa para aprobar proyectos sin evaluación.

"El SEA tendría así más personal pero menos recursos para operar las evaluaciones, y dejaría de informar al Congreso los indicadores que permiten verificar su desempeño, en particular los tiempos de tramitación y el respeto a la participación ciudadana", se explica en el informe.

Los recortes en el SEA y la SMA implican menos recursos de terreno y la eliminación de glosas sobre zonas de sacrificio, Antofagasta, Calama, participación ciudadana y consultas de pertinencia.

Recortes en Energía

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 estipula $138.026 millones para el Ministerio de Energía encabezado por Ximena Rincón. La cifra es $17.680 millones menor que la de la Ley de Presupuestos 2026, que asignó $155.706 millones a la cartera. La reducción alcanza 11,4% en términos nominales. La comparación se hace con la ley inicial de este año, sin ajustar por inflación, por lo que la caída real es mayor.

El recorte se concentra en la Subsecretaría de Energía, cuyo presupuesto cae 16,5%, de $111.548 millones a $93.129 millones. La mayor rebaja individual corresponde a la compensación a ENAP por el gas de Magallanes, que baja de $72.914 millones a $61.650 millones (?15,4%) y explica casi dos tercios de la caída del ministerio. Le sigue la eliminación del programa Transición Energética Justa, que contaba con $7.335 millones en 2026 e incluía las líneas de hidrógeno verde y desarrollo productivo sostenible.

Fuente: El Desconcierto