Biotecnología agroclimática

Sin duda, una de las actividades productivas más golpeadas por la crisis climática es la agricultura. Ante eso, en los últimos años la biotecnología ha emergido como un aliado estratégico que podría aumentar la resiliencia del campo y reducir la huella ambiental de la producción de alimentos. Claro, porque, según sus impulsores, a través de herramientas como la edición genética -que permite desarrollar, por ejemplo, cultivos tolerantes a sequías, plagas y temperaturas extremas- y la producción de bioinsumos -que reducen el uso de agroquímicos-, esta ciencia hoy ofrece soluciones que favorecen la sostenibilidad.

Así lo aseguran especialistas que, a continuación, destacan los aportes de esta alternativa para enfrentar los efectos del cambio climático y analizan las condiciones existentes en Chile para su implementación, sin descuidar la bioseguridad ni la convivencia armónica con los modelos productivos tradicionales.

Edición genética

La edición genética o génica de especies vegetales es una de las prácticas biotecnológicas que abre más opciones para afrontar la crisis climática. En términos generales, consiste en introducir cambios precisos y dirigidos en el ADN de las plantas para lograr mejoras específicas, sin incorporar genes de otras especies. Esto último marca la diferencia con los transgénicos u organismos genéticamente modificados (OGM), que sí lo hacen y son cuestionados entre otros aspectos por los impactos ambientales e incluso en la seguridad alimentaria que podrían tener.

Según el Dr. Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio -asociación gremial que agrupa a las compañías desarrolladoras de biotecnología agrícola-, la edición genética entrega la posibilidad cierta de adaptarse a los desafíos climáticos y agrícolas, con importantes beneficios de tiempo y costos con respecto al mejoramiento genético convencional en que se cruzan dos plantas con características deseables y se seleccionan sus descendientes. "El mejoramiento convencional para obtener una nueva variedad de un cultivo requiere entre diez y quince años. Además, cada cruzamiento arrastra miles de genes que luego hay que depurar generación tras generación. La edición genética, por su parte, permite introducir, de forma precisa y dirigida, el mismo tipo de cambio que puede ocurrir espontáneamente en la naturaleza, sin incorporar genes de otras especies, lo que reduce los tiempos a 2 o 3 años y disminuye significativamente los costos. En la situación de urgencia en la que nos encontramos hoy, producto de los desafíos climáticos, esto es crucial", subraya.

Agrega que, de este modo, se pueden obtener en el corto plazo variedades tolerantes a la sequía, al calor, a suelos salinos o resistentes a plagas y enfermedades, lo que reduciría las pérdidas, el uso de agua y la aplicación de plaguicidas. Luego, asegura que "como los costos de desarrollo bajan, la tecnología deja de ser exclusiva de grandes corporaciones. Hoy startups y centros de investigación nacionales pueden trabajar en cultivos de importancia local que antes nadie abordaba por falta de escala comercial. Ese es un beneficio directo para la pequeña agricultura".
Sánchez destaca, asimismo, que en Chile tenemos ejemplos concretos: el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) "ha dado luz verde a productos editados desarrollados en el país por startups, universidades y centros de investigación públicos, incluyendo vides resistentes a hongos, manzanas con mejor vida poscosecha y líneas de trigo harinero con mayor contenido de fibra".

Miguel Ángel Sánchez destaca que la edición genética permite adaptarse a los desafíos climáticos y agrícolas, con importantes beneficios de tiempo y costo.

En el sector público, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) ha posicionado a la biotecnología agrícola como un eje estratégico para enfrentar el cambio climático y avanzar hacia la sostenibilidad, abordando el tema desde distintas líneas de trabajo.

Una de las principales iniciativas es la edición génica basada en la tecnología CRISPR/Cas9, con el objetivo de aumentar la productividad, la resiliencia climática y la resistencia a enfermedades en algunos cultivos estratégicos para el país, como la papa y el arroz. El principal proyecto de investigación en esta materia es desarrollado en el INIA La Platina y en su descripción se destaca que "también ofrece significativos beneficios sociales y ambientales. Al permitir el desarrollo de variedades más resistentes a plagas, enfermedades y condiciones climáticas adversas, se reduce la necesidad de pesticidas y otros insumos químicos, lo que contribuye a la preservación del medio ambiente y a la salud de los ecosistemas. Además, estas innovaciones promueven la seguridad alimentaria al asegurar un suministro constante de alimentos nutritivos y de alta calidad, beneficiando directamente a las comunidades agrícolas y mejorando la calidad de vida de los productores. La reducción de pérdidas de cosecha y el aumento de la resiliencia climática también fortalecen la economía local y nacional, creando un futuro más sostenible y próspero".

Cabe indicar que el INIA ya ha producido algunas especies adaptadas al cambio climático, pero mediante mejoramiento convencional, como el arroz Jaspe que se puede cultivar con hasta 50% menos agua, incluso mediante riego por goteo y sin inundación permanente, y la quínoa Mauka que destaca por su adaptabilidad a las condiciones de secano, un mayor rendimiento productivo y la resistencia a enfermedades como el mildiú.

Bioinsumos

Otra área de la biotecnología en que el INIA ha construido capacidades importantes es el desarrollo de bioinsumos a partir de microorganismos y otros recursos biológicos, con miras a reducir el uso de agroquímicos. Así, en el Centro Nacional de Bioinsumos, instalado en INIA Quilamapu, en Ñuble, han dado vida a productos basados en microorganismos nativos destinados, entre otras funciones, a estimular el crecimiento de plantas y cultivos, como también a controlar plagas y enfermedades.

En esas mismas dependencias, el Instituto cuenta con una plataforma fundamental para su labor de investigación agropecuaria y para el desarrollo biotecnológico: el Banco de Recursos Genéticos Microbianos, inaugurado en 2013, en el cual se conservan microorganismos propios de Chile para estudiarlos y utilizarlos en diversas aplicaciones.

Eduardo Tapia, investigador de INIA sobre biotecnología y bioinsumos, señala: "El rol del Banco es clave. Allí se almacenan miles de microorganismos con distintas capacidades, entre éstos, probablemente algunos solubilizadores de fósforo, potasio y fijadores de nitrógeno. Con el tiempo y en la medida que capturamos fondos, los usuarios del Banco vamos caracterizando y evaluando los potenciales de los microorganismos de la colección. Es importante realizar dos precisiones: no todos han sido desarrollados como bioinsumos hasta ahora y, en general, no logran sustituir hasta la fecha a los fertilizantes de síntesis, solo ayudan a su absorción por distintos mecanismos siendo parte de una compleja e increíble red biológica que nutre a las plantas".

El Banco de Recursos Genéticos Microbianos es clave para desarrollar bioinsumos, dice Eduardo Tapia.

Reducción de emisiones

La edición génica y los nuevos desarrollos biotecnológicos también pueden contribuir a mantener el carbono en los suelos y a reducir las emisiones de efecto invernadero en el sector agrícola.

Así lo explica el Dr. Miguel Ángel Sánchez: "El desarrollo de cultivos biotecnológicos tolerantes a herbicidas facilita la adopción de siembra directa y labranza cero, prácticas que evitan remover el suelo y, con ello, evitan liberar a la atmósfera el carbono almacenado en la materia orgánica. El menor uso de maquinaria (menos arado) por la siembra directa y labranza cero significa también menos combustible quemado".

Agrega que la edición genética, en particular, podría aportar significativamente a la captación activa de carbono en el suelo. "Equipos internacionales están desarrollando variedades de cultivos como maíz, soya, algodón y canola que tengan sistemas radiculares más profundos, más abundantes y con compuestos más resistentes a la degradación, de modo que el carbono que la planta fija durante su ciclo permanezca almacenado en el suelo, en lugar de retornar rápidamente a la atmósfera. Las estimaciones publicadas señalan que cultivos con estas características podrían remover entre 0,9 y 1,2 gigatoneladas de CO₂ al año hacia 2040, una cifra hasta siete veces superior a todas las compensaciones generadas por el mercado voluntario de carbono en 2023", asegura el director ejecutivo de ChileBio.

Aplicaciones en Chile

En la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) consideran que la biotecnología ofrece "herramientas clave para enfrentar los efectos del cambio climático y también otros desafíos de la producción agrícola". Así lo sostiene su Gerente de Políticas Públicas, Federico Errázuriz, quien remarca que las nuevas técnicas de mejoramiento genético "permiten un desarrollo mucho más rápido y preciso de variedades que incluyen importantes ventajas como mayor resistencia a estrés hídrico, a salinidad, a ataque de insectos, etc. El tiempo de desarrollo de una variedad se acorta de 10-15 años a 3-5, y abarata el proceso. Ese es el punto central: el clima está cambiando más rápido de lo que el mejoramiento convencional puede responder, y debemos estar en constante adaptación. Por su parte, los bioinsumos están aportando nutrientes, protección y otros elementos que ayudan al crecimiento vegetativo sin las consecuencias negativas que pueden tener los insumos tradicionales".

En relación al nivel de uso que han alcanzado estas innovaciones entre los agricultores, comenta que han visto "numerosas empresas startups que están introduciendo al mercado nuevos bioinsumos basados en hongos, insectos, residuos, etc., algunas en forma incipiente y otras con mayor penetración".

Y en cuanto a la edición genética, Federico Errázuriz apunta que "desde 2017 el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ha revisado muchas solicitudes de clasificación de nuevas variedades, y más de 90 han sido clasificadas como plantas convencionales ('no transgénicas' pues su ADN es indistinguible del de una planta común y corriente), lo que sitúa a Chile en el segundo lugar del mundo en número de productos evaluados por el sistema regulatorio, siendo una fuerte señal del enorme interés en incorporar estas nuevas variedades al mercado local. Por su parte, el rol de hub biotecnológico de semillas de interés mundial que está desempeñando Chile para el desarrollo de nuevas variedades de plantas ha provocado el gran interés en estas tecnologías".

Federico Errázuriz destaca que la edición genética no incorpora genes foráneos a las plantas, por lo que no causa conflictos con otros cultivos.

Considerando que los pequeños agricultores son más vulnerables a la crisis climática, cabe preguntarse ¿estas herramientas biotecnológicas están llegando a este segmento?, ¿qué trabas existen para eso y cómo se podrían superar?

Desde el INIA, Eduardo Tapia indica que la principal barrera para la adopción de los bioinsumos por parte de los pequeños agricultores o de la agricultura familiar campesina es "el aprender haciendo". Agrega que para superar ese obstáculo se requieren herramientas para educar personas adultas en el extensionismo, modelo de desarrollo socioeconómico para zonas rurales en el que se fomenta el uso de técnicas modernas para que los campesinos aumenten su producción. Y también parcelas demostrativas para diseminar el conocimiento.

"Otro apoyo importante sería el incentivo con bonificaciones para bioinsumos autorizados por el SAG, tal como se hace para la compra de productos de síntesis química", apunta.

Marco regulatorio

¿Qué fortalezas y desafíos presenta el marco regulatorio chileno para el desarrollo e implementación de soluciones biotecnológicas en el sector agrícola sin descuidar la bioseguridad?

El Dr. Miguel Ángel Sánchez responde: "La principal fortaleza de Chile es el SAG. Es un regulador reconocido internacionalmente por su rigurosidad técnica, y esa reputación es precisamente lo que sostiene nuestra posición como hub biotecnológico de semillas. Instituciones públicas y privadas traen al país sus materiales más valiosos porque confían en que el sistema de evaluación, supervisión y fiscalización funciona. Desde 2017, el SAG aplica un procedimiento de consulta previa, caso a caso y obligatorio antes de cualquier uso en campo, que determina si un producto editado es un OGM o un producto convencional. Si el material contiene ADN de otro organismo, se considerará OGM y deberá someterse a la normativa aplicable. Si no, el producto se trata como una variedad convencional y no corresponde a una categoría regulatoria especial. Este procedimiento ha operado con solvencia y ubica a Chile entre los países con un sistema regulatorio más activo y funcional del mundo, con más de 100 evaluaciones regulatorias a la fecha. Más de 20 países cuentan con un enfoque regulatorio similar al chileno, e incluso la Unión Europea ya aprobó el uso de estas tecnologías en su agricultura".

El especialista advierte, eso sí, que dicho procedimiento no está formalizado en un instrumento jurídico propio. "Por eso valoramos que el Ministerio de Agricultura y el SAG hayan presentado una propuesta de resolución que establece los requisitos técnicos y administrativos para determinar la normativa aplicable al material vegetal desarrollado por edición genética, sometida a consulta pública nacional. Ésta no cambia las reglas vigentes para los OGM ni relaja el estándar de bioseguridad. Al contrario, entrega mayor trazabilidad, certeza jurídica y atribuciones explícitas al SAG para fiscalizar y actuar frente a incumplimientos", comenta.

Para Federico Errázuriz, la falta de este sustento normativo es una barrera relevante para impulsar la biotecnología agrícola en Chile. "Es importante avanzar en la publicación de una resolución que formalice el proceso de incorporación de nuevas variedades obtenidas mediante nuevas técnicas de mejoramiento, para otorgar certezas a la industria y a los desarrolladores", dice.

Luego suma otra traba: la escasez de recursos para el desarrollo biotecnológico. "Chile invierte poco en I+D en general y el sector agrícola está compuesto en un 99% por Pymes, por lo que hay escaso financiamiento privado. Sería positivo contar con financiamiento público para apoyar el desarrollo de variedades que pueden tener un impacto público, especialmente pensando en las Pymes agrícolas", plantea.

A su vez, Eduardo Tapia expone que en el caso de los bioinsumos, existe una regulación para los plaguicidas microbianos (Resolución N° 9074, del SAG) y una para los bioestimulantes (Ley 21.349) que entregan un marco para cada área. No obstante, advierte que, "por factores económicos y tiempo de procesos, las empresas tienden a presentar productos como bioestimulantes siendo que son bioplaguicidas o tienen esas capacidades. En general, esta tendencia se ha solucionado en otros países homogenizando el nivel de requerimientos, solicitando prácticamente el mismo set de análisis de un bioplaguicida a los bioestimulantes y reconociendo ambas actividades en un solo producto si esto fuese así. De esta manera, los usuarios obtendrían productos con un mayor aseguramiento de calidad y eficacia/rendimiento y el productor de bioinsumos no enfrentaría esta definición legal compleja en la mayoría de los casos".

Los bioinsumos ayudan a que las plantas absorban los fertilizantes, lo que permite reducir su uso.

Coexistencia

En Chile, diversas organizaciones ecologistas, campesinas y de pequeños productores han expresado que la coexistencia entre la biotecnología agrícola -especialmente, los cultivos y semillas transgénicas- y la agricultura orgánica o tradicional no es viable.

Uno de sus principales argumentos es el riesgo de contaminación genética, toda vez que las semillas caídas durante la cosecha o el transporte y otros materiales puedan pasar de cultivos transgénicos a predios convencionales u orgánicos, lo que podría llevar a estos últimos a perder su certificación y el valor comercial de su producción. Por lo mismo, plantean que faltan reglas claras de coexistencia que permitan determinar, por ejemplo, quién paga por las distancias de aislamiento, controles, análisis, certificaciones y eventuales pérdidas.

Otras preocupaciones son la posible afectación de la diversidad genética de especies cultivadas o de sus parientes silvestres, la eventual pérdida de semillas tradicionales y de la soberanía alimentaria, la falta de información y transparencia sobre los sitios dónde se producen semillas transgénicas para la exportación -los únicos cultivos de este tipo permitidos en Chile- y la carencia de etiquetado para distinguir los alimentos que contienen OGM.

Frente a esas inquietudes, en ChileBio contestan que en Chile coexisten estas prácticas agrícolas hace más de treinta años. "La producción de semillas biotecnológicas en el país opera bajo siembra confinada, con distancias de aislamiento, ventanas de floración diferenciadas, registro georreferenciado de los predios, control de flujo de material y fiscalización del SAG en terreno. Esa misma disciplina es la que exigen nuestros clientes en el hemisferio norte, donde la pureza varietal es el producto. Un incumplimiento no solo conlleva consecuencias regulatorias, sino que también destruye el negocio. Por eso el estándar es alto y verificable", dice Miguel Ángel Sánchez.

Sobre la transparencia, plantea que el camino es contar con más y mejor información. El especialista plantea: "Apoyamos que el procedimiento de evaluación esté formalizado, que sus criterios sean públicos y que existan instancias de consulta, como la que el propio SAG abrió con alcance nacional e internacional. La conversación pública sobre estas tecnologías es legítima y debe darse con datos sobre la mesa. ChileBio ha invertido de manera sostenida en divulgación científica precisamente por eso".

Asimismo, indica que los productos obtenidos por edición genética son indistinguibles de los que pueden surgir por mutación espontánea o por mejoramiento convencional, que nunca han sido etiquetados. Acota: "Etiquetar por el proceso y no por el producto no entrega información útil al consumidor y tiende a estigmatizar sin fundamento científico. En cambio, sí somos partidarios de la trazabilidad documental a lo largo de la cadena y del cumplimiento estricto de los requisitos de los mercados de destino".

Sánchez subraya, además, que estos modelos de producción no compiten por el mismo espacio. "La agricultura orgánica, la tradicional y la biotecnológica responden a demandas distintas y pueden coexistir, como lo hacen hoy. Nuestro compromiso es que el agricultor, sea pequeño, mediano o grande, pueda elegir con libertad e información, y que esa elección esté respaldada por un sistema regulatorio robusto", concluye.

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura, en tanto, Federico Errázuriz primero distingue entre la transgenia y la edición genética "que no incorpora ningún gen foráneo a las plantas, por lo que las variedades que se crean no presentan riesgos distintos que una planta no editada, por lo que no es necesario aplicar manejos distintos ni genera conflictos con otros cultivos. Este enfoque es el que ya casi 30 países han implementado, y este año la Unión Europea también ha decidido autorizar el uso de estas tecnologías bajo esta lógica".

Añade que los bioinsumos también "son un tremendo apoyo a la agricultura tradicional y la orgánica, pues permiten proteger o potenciar el crecimiento vegetal en base a sustancias de origen natural en lugar de moléculas diseñadas, como en los agroquímicos. Esto, sin duda, es un gran aporte a lo que como SNA queremos para Chile: avanzar hacia ser una potencia eco alimentaria".

Artículo publicado en InduAmbiente n° 201 (julio-agosto 2026), páginas 78 a 81.