Cómo Cuidar la Biodiversidad

Una de cada cinco hectáreas (21%) del territorio nacional está protegida. Y una de las principales metas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2025-2030 es que a fines de la década, el 30% de las áreas terrestres y marino-costeras esté bajo resguardo. Es un desafío que deberá asumir y liderar el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que está en pleno proceso de instalación. El organismo estatal fue creado por la Ley Nº 21.600 que unifica la administración de la naturaleza y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Conciliar o armonizar el cuidado y conservación de la biodiversidad con el desarrollo productivo no es una discusión nueva, pero sí de una relevancia mucho mayor en la última década. Esto, por la creciente conciencia que existe sobre el impacto que genera su pérdida en el desarrollo humano, el empoderamiento de las comunidades y el rol más proactivo en este ámbito de un grupo cada vez más amplio de grandes empresas, principalmente.

Un tema muy vigente que dio vida al siguiente conversatorio entre especialistas del Gobierno, empresas y del área de la consultoría.

Invitados:
TOMÁS SARATSCHEFF
Director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)

CONSTANZA PANTALEÓN
Directora Ejecutiva de Acción Empresas

SILVIA GUTIÉRREZ
Gerenta de Cumplimiento Ambiental de Gestión Ambiental Consultores

OLGA SEPÚLVEDA
Gerenta de Medio Ambiente y Conservación de Teck

CONSTANZA ABARCA
Gerenta de Asuntos Regulatorios de CCU


InduAmbiente: Desde sus distintas perspectivas, ¿qué pasos significativos se han dado en nuestro país para la necesaria armonización entre el cuidado de la biodiversidad y el desarrollo productivo, y cómo ven el panorama hoy en día al respecto?

Saratscheff: A mi juicio, claramente la regulación ha ido avanzando en este ámbito. En 1994 se dicta la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y en 2005, cuando aún no contábamos con institucionalidad ambiental, la OCDE emite un informe dando cuenta de que en nuestro país se requiere un ministerio, una instancia judicial y otros organismos en la materia. Ese año, entonces, se comienza a escribir una historia que hoy estamos tratando de cerrar con la implementación del SBAP. Cabe recordar que fue en 2010 cuando la Ley 20.417 creó el Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente, así como el Servicio de Evaluación Ambiental, y dejó mandatada la creación del SBAP. Dos años después fue el turno de los tribunales ambientales y el 2023, vía ley, se crea el Servicio que dirijo, aunque esto se comenzó a concretar el 2024. Estamos avanzando en la construcción institucional porque el SBAP entrará en régimen recién en un par de años más, cuando ya tenga todos sus "brazos" e instrumentos montados. En ese momento podremos decir que Chile tiene su institucionalidad ambiental completa.

Ahora bien, la armonización o compatibilización entre resguardo de la biodiversidad y desarrollo productivo requiere ser afinada con elementos que no están a veces ni en las leyes ni en sus reglamentos. Por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se rige mucho por guías. Este es un trabajo que estamos haciendo para poder contribuir a ese objetivo.

Abarca: Nosotros presentamos el primer estudio de impacto ambiental (EIA) de CCU en 1998, así que somos usuarios del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) desde hace muchos años. En todo este tiempo ha habido muchos cambios y se ha producido un proceso de maduración en paralelo al establecimiento de nuevos estándares. No ha sido un camino fácil, ya que entremedio ha habido cambios de normas, de reglamentos, actualización de las guías del SEA, etc. Entonces, para la industria, preocuparse por el tema de la biodiversidad no ha sido un proceso exento de dificultades.

Yo, en particular, estoy en el sector cervecero y ahora, como empresa, estamos obligados tener una mirada en esta área que antes era impensada. En ese contexto, nuestra descarga de riles (residuos industriales líquidos) tratados se deposita en el estero Las Cruces, siendo útil para el humedal San Luis de Quilicura. O sea, somos uno de los principales aportantes de agua de ese lugar, por lo que nos tenemos que preocupar de cumplir un estándar superior al DS 90 para no afectar su biodiversidad.

También los municipios y sus planes reguladores están involucrados en esto.

Respondiendo a la pregunta planteada, creo que hemos avanzado a nivel de política pública y también madurado como usuarios, pero todavía quedan muchas conexiones que hacer.

El desafío de compatibilizar la protección de la biodiversidad con el desarrollo productivo tiene que ver, primero, con el conocimiento profundo que debe tener la industria sobre este tema. Y también con la armonización de los instrumentos normativos y de nuestra legislación ambiental relacionados con este tema, como la Ley de Biodiversidad, la Ley de Humedales y el reglamento del SEIA, para que efectivamente podamos, con certeza jurídica y también con una mirada de protección, encontrar los mecanismos públicos y privados para llevar adelante este tremendo desafío.

Sepúlveda: Complementando lo dicho, hay que considerar que las distintas industrias tienen diferentes regulaciones internas. Tomás (Saratscheff) nos describió cómo ha avanzado la legislación ambiental, pero nosotros como empresas debemos aportar algo adicional. La minería, donde yo trabajo, cuenta con certificaciones globales que le exigen ir más allá que otros rubros. En ese sentido, en Teck avanzamos de la mano de la regulación ambiental, pero también tenemos estrategias internas de biodiversidad que nos llevan a ir más allá de lo que nos obliga la normativa. La compañía trabaja muy fuerte en la implementación de planes de manejo en este ámbito en sus áreas de operación.

Y también tenemos algunas otras estrategias a nivel global que no se enfocan únicamente en las faenas, porque no solo nos interesa conocer el impacto que generan nuestras operaciones, sino también el comportamiento global de la problemática ambiental, sobre todo de la biodiversidad.

En ese contexto, destaco el proyecto de conservación que tenemos en el salar de Alconcha, el cual logró la aprobación ambiental luego de más de tres años de evaluación. Esto es relevante porque es muy complejo evaluar hoy iniciativas vinculadas a la biodiversidad. Uno de sus aspectos importantes es que es de largo plazo y cuenta con financiamiento, porque uno de los problemas que existen en este ámbito es la falta de recursos.

En resumen, no podemos quedarnos solo con lo que la legislación ambiental nos pide, que actualmente es mucho más exigente y se acerca a los estándares internacionales. Además, es el financiamiento de los privados lo que va a impulsar la agenda del Gobierno para ayudar a la conservación global de las especies en el país.

Gestión compleja

InduAmbiente: Constanza (Pantaleón) y Silvia (Gutiérrez), ¿cuál es su visión sobre este tema, considerando además que hoy las comunidades están mucho más pendientes de lo que hacen las empresas en esta materia?

Pantaleón: Estando bien de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, desde Acción Empresas tenemos la ventaja de poder observar lo que hacen distintos rubros de empresas, incluidas las de la banca a propósito del tema del financiamiento. La gestión de la biodiversidad es un tema complejo que no puede mirarse de manera aislada, sino considerando su entorno y los servicios que presta, cómo la valoro y cuál es su relación con el sector industrial. Por ejemplo, las compañías mineras y de generación de energía se encuentran con la biodiversidad en las puertas de sus operaciones, por lo que el vínculo con ella y la comunidad que las rodea se hace más evidente. Esto las ha llevado a liderar el proceso para su protección. Sin embargo, todos generamos un impacto y tenemos una dependencia súper clara con la biodiversidad en los humedales y otros lugares.

Estamos empezando a instalar en la conversación esa realidad a través de un plan de acción empresarial para la biodiversidad. La idea es ir generando de manera colaborativa -incorporando los códigos empresariales, las regulaciones del SBAP y la mirada de la academia, las consultoras y ONGs- un espacio de diálogo sin generarnos la angustia de que los problemas tienen que estar resueltos mañana. Tenemos que ir paso a paso, con cada empresa trabajando a su ritmo.

Gutiérrez: Desde el punto de vista de los consultores, en GAC hemos iniciado el camino de hacer asesorías en biodiversidad en base a estándares internacionales. También considero que Chile ha avanzado mucho en materia de institucionalidad ambiental y a nivel internacional esto es muy valorado. Así lo he comprobado cuando me ha tocado hacer verificaciones o validaciones de gestión ambiental en materia de estándares. Sin embargo, aún nos queda una brecha, que tiene que ver con preocuparnos de la biodiversidad y avanzar un paso más allá. En esa línea, hemos hecho varios trabajos de levantamiento de líneas de base y de definición de indicadores y métricas para poder hacer comparaciones entre empresas, especialmente mineras y de energía, a nivel mundial.

Al respecto, por un lado, veo que las empresas no comprenden bien cómo hacer esta bajada, porque se quedan con sus resoluciones de calificación ambiental (RCA) y los demás permisos, en circunstancias que lo que estamos hablando es otra cosa. Deben avanzar más allá y entender que la naturaleza con la que se vinculan es un activo dentro de sus operaciones, por lo que deben preocuparse de ella. Porque hoy, a través del SEIA, las empresas pueden evaluar sus proyectos y comprometerse con medidas, pero falta mucho para que avancen hacia la gestión de la biodiversidad.

Por otro lado, existe desconocimiento en esta área, por lo que el Estado y el sector privado deben hacer un esfuerzo conjunto para hacer capacitaciones que permitan tener conversaciones informadas, que son de mediano y largo plazo. Veo mucha brecha también en el manejo de los términos que están fuera del SEIA. Esto es importante porque las empresas muchas veces no saben hasta qué punto tienen que hacerse cargo de los impactos que generan en la naturaleza. Esta es una preocupación que genera más rechazo que cercanía con el tema, porque las compañías pueden comprometerse, pero tienen el temor de hacerlo mucho más allá de lo que quieren o pueden.

Instalación del SBAP

InduAmbiente: El último informe sobre el Estado del Medio Ambiente en Chile señala que en nuestro país el 22% del territorio está protegido y se espera que con la implementación del SBAP ese porcentaje siga aumentando. Tomás (Saratscheff), ¿existe un buen diagnóstico en Chile del estado o salud de la biodiversidad y de las áreas que se requiere proteger?

Saratscheff: La respuesta es bien subjetiva, porque habría que precisar qué es un buen diagnóstico. En todos los países tenemos distintos niveles de entendimiento, conocimiento, datos e información sobre este tema, pero de ahí a que sea buena y suficiente es discutible.

Conocer el estado de la biodiversidad es muy complejo considerando el extenso país que tenemos. Nunca tendremos un detalle completo, por lo que debemos focalizar los esfuerzos en aquellas especies que queremos saber cómo están. Personalmente me interesan dos ámbitos: primero, la extensión o superficie ecosistémica. En Chile, varios ecosistemas terrestres están sumamente reducidos. Por ejemplo, en la Cordillera de la Costa, entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía, han disminuido de manera importante especies de bosque nativo como el Ruil y el Queule. De estos pisos vegetacionales quedan solo unos cientos de hectáreas.

El segundo es el enfoque de especies. Si tenemos algunas al borde de la extinción debemos ponerle lupa y preocuparnos de ellas. No quiero ser conformista, pero estamos relativamente bien respecto al trabajo que estamos desarrollando para evitar que ciertas especies desaparezcan.

InduAmbiente: Con la instalación del SBAP ese trabajo debiera fortalecerse, ¿en qué etapa está ese proceso?

Saratscheff: La implementación del SBAP lleva dos años y algunos meses. El Servicio entró en funcionamiento en marzo de 2024, cuando se pudo contratar a la primera persona, Patricia Ibáñez, quien fue la primera directora interina. Y entre el 2025 y abril de 2026, cuando asumí como director, se contrataron cerca de 200 personas, mientras que otras 28 llegaron desde el Ministerio del Medio Ambiente. A la par, se fue montando su estructura básica.

El 1 de febrero pasado entró en operaciones, que es un concepto distinto. Desde ese día ya se puede pronunciar en el SEIA, acusar recibo de denuncias, ir a fiscalizar, emitir informes a la Dirección General de Aguas por solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas, así como gestionar algunos instrumentos que tiene. La mayoría de éstos, eso sí, aún no se implementan, lo que no ocurrirá pronto, ya que varios son complejos y requieren de reglamentos que están en manos del MMA.

InduAmbiente: Dado que también se está implementando el Servicio Nacional Forestal (Sernafor), ¿existe un trabajo conjunto para evitar el traslape de competencias?

Saratscheff: Por cierto, e incluso hemos tenido un trabajo importante de coordinación con la Conaf. Sernafor va a entrar en funcionamiento en mayo de 2027 y el traspaso de las áreas silvestres protegidas y de su personal al SBAP se producirá dos meses antes.

InduAmbiente: ¿Qué problemas gatillaron la postergación del traspaso de esas áreas al SBAP, que ocurriría en 2026?

Saratscheff: Cuando llegué al SBAP, el 9 de abril, me encontré con un equipo muy entusiasta y motivado en realizar este traspaso antes del 1 de agosto de este año. Existían avances, pero yo solicité evaluar la situación y resolver si era posible realizar tal proceso antes de esa fecha. Recogí los antecedentes y llegué a la conclusión que era imposible cumplir con el plazo sin que se produjera algún problema grave.

Había metas autoimpuestas que no se cumplieron, como que en julio de 2025 iban a estar todas las oficinas y directores regionales instalados. De hecho, cuando yo asumí aún faltaban varias oficinas por instalarse y directores por elegirse vía Alta Dirección Pública.

Asimismo, en enero de 2026 la Dirección de Presupuestos detectó varias irregularidades en planificación presupuestaria asociadas a remuneraciones. Era un problema grave que había que resolver, de lo contrario tendríamos un agujero presupuestario de unos 1.000 millones de pesos en enero de 2027. Por último, el diseño de la institución tenía un error grave: muy poco personal en regiones para el área de operaciones que requiere un trabajo gigante, considerando que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas maneja casi un cuarto del territorio nacional. Por ejemplo, Conaf en Magallanes, para administración y finanzas, y gestión del personal, tiene 23 personas; mientras que el SBAP tendría solo dos. Por eso, decidí hacer una reestructuración y redistribuir cargas. Esas y otras razones hacían imposible cumplir la fecha del 1 de agosto sin que se produjera algún descalabro.

Definición de sitios prioritarios

InduAmbiente: Olga (Sepúlveda) y Constanza (Abarca), ¿la forma en que se están definiendo los sitios prioritarios para la conservación genera reparos en sus empresas y tiene impactos en su operación?

Sepúlveda: En Teck hicimos una revisión y no nos impacta mayormente. A otras compañías mineras sí. Nosotros trabajamos con el Consejo Minero y entregamos nuestras propuestas.

Abarca: Muchas veces se mira a la minería y energía porque son los sectores que lideran estos temas, lo que a mí me parece muy bien, pero también me gusta darle sentido de realidad a otro tipo de industrias como el agro. Cuando revisamos las modificaciones de los sitios prioritarios nos dimos cuenta de que muchas hectáreas de campo estaban siendo afectadas. Son zonas que históricamente se han usado para el cultivo de uva y donde nosotros estamos emplazados. Hicimos informes justificando por qué áreas que se agregaron a sitios prioritarios no debían estar incluidas. Creemos que esa revisión tiene que ser más exhaustiva. Debe haber un análisis científico que explique la razón por la cual un límite se corre para allá o para acá. Es muy relevante que se repiense la forma cómo se establecen los límites de los sitios prioritarios.

Saratscheff: Quiero ser bien claro: los sitios prioritarios se establecieron con una metodología bastante más liviana de la que se requiere hoy en día. Y con el cambio de la ley se le modificaron las reglas a un polígono que, cuando fue definido, no las tenía. Hoy, entonces, hay que redefinir o reestudiar esos polígonos entendiendo las nuevas reglas.

InduAmbiente: Ese proceso de definición de sitios prioritarios está suspendido hasta que se dicte un reglamento para hacerlo...

Saratscheff: Exacto, y es el Ministerio del Medio Ambiente el que tiene esa potestad.

InduAmbiente: Constanza (Pantaleón) y Silvia (Gutiérrez), ¿qué otros aspectos se debieran considerar en la definición de sitios prioritarios?

Pantaleón: En línea con lo que hablábamos antes, hay que basarse en los datos, en la ciencia y en lo que existe. Ahora bien, hay que preguntarse para qué necesitamos la información sobre la biodiversidad, porque, este es un tema súper complejo. La idea es que si hay datos valiosos sobre los sitios, éstos sirvan para su adecuada gestión, y permitan al sector productivo y a la comunidad saber cómo les afectan e impactan y poder mejorar su vínculo con ellos para llegar a un equilibrio.

Entonces, la definición de los sitios prioritarios debe basarse en datos más técnicos, conociendo las posiciones de los diferentes actores y reconociendo la realidad de los instrumentos y necesidades que tenemos hoy. Hace 20 años no se hablaba de biodiversidad, pero hoy sí porque hay mayor preocupación social sobre el tema. Eso se puede comprobar, fácilmente, al ver que las plataformas de streaming ofrecen variada programación sobre distintas especies. Así, el conocimiento y la valoración de la biodiversidad aumenta y, a la vez, el saber científico es el que va a permitir establecer los lineamientos de los sitios prioritarios y cómo nos relacionamos con ellos.

InduAmbiente: ¿Hay buena información para efectuar este proceso?, ¿se están haciendo suficientes estudios sobre la materia?

Pantaleón: Se está avanzando, de manera colaborativa, en el levantamiento de datos como de metodologías y formas de trabajar. El desafío es definir qué datos queremos reunir y para qué. Nosotros estamos desarrollando documentos que ayuden a las empresas, en sus distintos niveles, a progresar en esta área. Por ejemplo, en el marco del plan de acción que les comenté, acabamos de publicar una guía sobre la gestión integral en biodiversidad para empresas de distinto tamaño. Lo que viene ahora es la sistematización de la información recopilada.

Gutiérrez: A nosotros nos impactan bien de cerca todos los cambios regulatorios y con las definiciones de sitios prioritarios nos toca acompañar a los clientes para que puedan discutir en el SEIA la delimitación de los sitios efectuada por el Estado. Según mi experiencia, creo que debemos trabajar en este ámbito de manera más dinámica. Siento que el SEIA, muchas veces, rigidiza las evaluaciones ambientales cuando nuestros ecosistemas son dinámicos.

Por otra parte, en el intento de establecer métricas de biodiversidad, nos encontramos con industrias que comparten propiedades con otros usuarios dentro de una cuenca. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque los ecosistemas son únicos, no dependen de una división administrativa, política o de propiedad. Tenemos muchos datos por el levantamiento de líneas base y el Estado, me imagino, también tiene mucha información de sitios, por lo que el trabajo debe ser conjunto. No se le puede exigir solo al titular de un proyecto el cuidado de un área porque, como ya dije, hay espacios y ecosistemas que son compartidos por muchos usuarios. Y la delimitación y coordinación de las partes debe estar a cargo de alguien, porque nos debe unir el gran objetivo de cuidar y conservar nuestros ecosistemas. Ese es el gran desafío.

Medidas de compensación

InduAmbiente: ¿Las empresas consideran excesivas las medidas de compensación por pérdidas de biodiversidad que les exigen para la aprobación ambiental de sus proyectos?

Gutiérrez: En parte sí. En hartas ocasiones les cuesta entender las exigencias que les hacen en el marco del SEIA, más aún considerando que otros usuarios de las cuencas o que comparten ecosistemas no están sometidos a obligaciones. Éstas deben ser proporcionales y, en ese sentido, el rol del Estado es fundamental. En mi calidad de consultora me toca ver la ejecución de las medidas ambientales por parte de las empresas y puedo decir que hay una cuantiosa inversión. Lamentablemente, eso sí, muchas veces no se ve el beneficio de estos desembolsos porque el SEIA te obliga a definir sitios de compensación, mitigación, reforestación o relocalización de especies, y los privados implementan las iniciativas, las miden y monitorean, pero son de corto plazo. Entonces, para que estos esfuerzos se vean reflejados en una ganancia, en una naturaleza positiva, debiéramos ir más allá y conservar lo que se hizo a lo largo del tiempo.

Es fundamental que los titulares escojan bien los sitios donde llevarán a cabo las medidas de compensación para que la inversión valga la pena y pueda cumplir con el objetivo y la necesidad de cuidar la naturaleza en el largo plazo. Porque hay sitios que se están degradando y no los estamos mirando.

Abarca: A veces esas medidas se transforman en un gravamen para el privado, porque debe preocuparse de proteger un sitio en circunstancias que su foco está en su giro comercial. Y no tiene incentivos para hacerlo. Por eso, es bueno definir qué tipo de industria regulamos porque no todas las empresas tienen los mismos presupuestos y la misma gente dedicada a estos temas. El desafío es compatibilizar ambas labores.

InduAmbiente: En el caso de Teck, Olga (Sepúlveda), ¿qué dificultades han encontrado para cumplir lo que se les exige en las RCA en materia de biodiversidad?

Sepúlveda: Lo más complejo que estamos viendo es que hoy ya no hay áreas de compensación, al menos, en el norte. Debemos buscar ecosistemas similares a los que se va a impactar y en esta zona es muy difícil encontrarlos porque los sistemas están degradados o hay otras mineras o empresas en el mismo entorno. De ahí que tuvimos que ir a otra región a buscar áreas de compensación. Entonces, si queremos hacer una expansión, ¿dónde compensamos? Eso nos preocupa mucho. Y en esto debiera ayudarnos la legislación ambiental para, por ejemplo, implementar medidas dentro de un área bajo una modalidad de protección como un parque nacional. Hoy no se puede. Queremos aportar al sistema con algo tangible, porque a veces hacemos compensaciones en sectores que no son muy relevantes a nivel nacional. El crecimiento de la minería, en general, se verá restringido por este tipo de limitaciones que imponen los procesos de evaluación ambiental de proyectos.

Así las cosas, se necesita una coordinación en la materia y que tanto la regulación como el sector público la vean como un proceso positivo. Y que también sea beneficiosa para el privado para que pueda desarrollar sus proyectos y, a la vez, desvincularse de una gestión que no le corresponde, en este caso de la biodiversidad. También, para sacarle el mayor provecho a los recursos considerando que no son ilimitados, podría crearse, por ejemplo, un sistema para que un área que fue compensada por una empresa pase a cargo de otra que necesite hacer lo mismo una vez que la primera cumplió su labor. Asimismo, debemos aprender del SEIA y aprovechar los datos históricos generados en la evaluación de proyectos para tener más conocimiento sobre nuestra diversidad y otros temas.

Metas 30x30

Saratscheff: Recogiendo lo que aquí se ha dicho, quisiera comentar que la verdad es que ningún país tiene la capacidad suficiente en su Estado para poder hacerle frente al desafío de la biodiversidad de manera global. Los países que han entendido eso mejor han logrado justamente sostener una regulación y realizar una gestión en esta área mucho más sólida. Por ejemplo, Costa Rica y Nueva Zelanda enfrentaron este reto, lo posicionaron en el centro de su desarrollo económico e invitaron a todos los segmentos de la sociedad a participar en la gestión de la biodiversidad.

Respecto a lo último, hay que diferenciar lo regulatorio y la evaluación de impacto ambiental de los proyectos, que tiene que ver con mitigación, del trabajo que va más allá de los efectos sobre un territorio, porque gestión se debe hacer haya o no impactos. En concreto, las especies exóticas invasoras son una amenaza muy grave para los ecosistemas. Lo mismo que los incendios forestales, la contaminación y otros factores. La Ley 21.600, que viene a cerrar la institucionalidad ambiental, incorporó esta realidad gracias a que tomó como referencia lo que ocurre en Nueva Zelanda, lo que se refleja en varios de sus artículos. Este cuerpo legal es mucho más moderno que la Ley de Caza o la Ley de Bosque Nativo, y comprende que la gestión de la biodiversidad debe hacerse con todos los sectores de manera participativa. El manejo de las áreas protegidas y los instrumentos de conservación de la biodiversidad, dentro de esas áreas, tienen integrados estos nuevos conceptos.

Dicho esto, en el marco de los espacios y oportunidades que ofrece la nueva regulación, hago un llamado a todos los sectores de la sociedad a participar en la gestión de la biodiversidad. Porque sería bien absurdo que por la creación del SBAP fuera más difícil hacer conservación de especies en Chile. Todo lo contrario: nuestra misión es hacer que ese proceso sea más sencillo y sumar a todo Chile a que colabore en esta tarea.

InduAmbiente: Desde el SBAP, ¿ven posible alcanzar la meta 30x30, de proteger al menos el 30% de las áreas terrestres y marino-costeras al 2030, establecida en la Estrategia Nacional de Biodiversidad?

Saratscheff: Es posible, pero eso no depende en gran medida del SBAP. Las metas 30x30 son varias y algunas de ellas son muy difíciles de cumplir según la mayor parte de los actores de la conservación en Chile. Hay otras que sí son posibles de alcanzar y, en ese sentido, nuestro país quedará bien posicionado en torno al cumplimiento de los objetivos en este tema si nos comparamos con los pares. Nuestra misión como servicio del Estado es impulsar la gestión de las áreas protegidas y trabajaremos arduamente para lograr las metas propuestas.

InduAmbiente: Desde el sector privado, ¿ustedes creen que el país puede alcanzar la meta principal mencionada?, ¿qué condiciones se debieran dar para eso?

Pantaleón: Sí, nosotros estamos trabajando para eso, avanzando en la técnica y en el conocimiento. Por ahora creo que la vamos a conseguir, pero debemos seguir dando pasos de manera colaborativa e ir creando caminos para que todos se puedan sumar, incluidas las pequeñas empresas.

Las claves, aunque parezcan obvias, son la coordinación intersectorial, aprender del pasado, tomarnos el tiempo para escucharnos y efectivamente darnos plazos de trabajo realistas. Son desafíos atractivos que no son fáciles de cumplir.

Abarca: Primero, hay que superar la brecha del conocimiento. Eso es fundamental, ya que no se puede depender solo de la voluntad de las empresas que tienen compromisos internacionales o de la banca que presiona para que se produzcan avances. Estos deben llegar de la mano de la industria nacional, a la cual se le debe explicar, aunque sea un trabajo de hormiga, el valor de gestionar y proteger la biodiversidad y lograr la meta del 30x30, que es un proyecto país.

También hay que avanzar fuertemente en la obtención de financiamiento para esta labor. Se trata de un salto cuántico que hay que empezar a dar desde ya.

Sepúlveda: Es una pregunta difícil, porque hay un montón de datos que inciden en el cumplimiento de la meta 30x30. Por ejemplo, todo lo que es conservación privada no se incluye en ese desafío, sino solo lo que está dentro de la figura de protección oficial que es parte de la Ley 21.600 y que está a cargo del SBAP. De ahí que sea necesario un cambio, para que las áreas de conservación privadas, que en muchos casos están mejor gestionadas, financiadas y con planificaciones de largo plazo, también sean incorporadas a la meta.

Teck, en particular, está trabajando en un modelo de áreas protegidas privadas y también contribuyendo a fortalecer figuras de protección oficial. Esto último no nos sirve para generar créditos de biodiversidad, pero sí permite tener un área privada de conservación que, en el largo plazo, puede financiarse no solo con el aporte de la empresa.

Por otra parte, tenemos un puerto que está al lado de un área marina protegida que va a administrar el Estado. La pregunta que surge, entonces, es ¿cómo la empresa puede ayudar a su fortalecimiento, formando parte de ecosistemas similares pero con administradores distintos, si no le está permitido realizar donaciones directas? Entonces, ¿cómo Teck participa o colabora con el Estado en un área que tiene un plan de manejo que le beneficia, existiendo incompatibilidad entre ambas partes por leyes internas? Ante eso, estamos entregando recursos al Fondo Naturaleza Chile, que se interna en los planes de manejo y nos permite mirar qué se está haciendo y adoptar algunas acciones. Este modelo, que nos permite interactuar con el Gobierno, muchas empresas no lo conocen.

Gutiérrez: Por mi parte, también creo que la meta es factible de alcanzar y muchos privados tienen hartos deseos de colaborar. Sin embargo, no sé si los plazos nos van a dar, sobre todo porque el SBAP recién se está articulando como servicio. Lo ideal es que todos contribuyan a su cumplimiento, pero falta flexibilizar la legislación, porque trabajar por una naturaleza positiva es una tarea conjunta. Hoy avanzamos de una manera muy segmentada en circunstancias que numerosas operaciones industriales son dependientes de la naturaleza en muchos aspectos. Debe haber un vínculo entre la industria y el Estado que sea orgánico y no rígido en este tema, sin demasiadas restricciones para que las empresas puedan realizar su aporte a la gestión adecuada de la biodiversidad.

InduAmbiente: Al respecto, representantes del Gobierno y del Congreso han planteado la idea de flexibilizar la Ley de Humedales Urbanos, ¿está de acuerdo?

Gutiérrez: Eso es muy importante y tiene que ver con la delimitación de esas áreas, porque ocurre que la mayoría de ellos están emplazados cerca de instalaciones industriales. Esto ha traído muchas dificultades a los titulares de proyectos, porque regular ahora, dada esta proximidad, es complejo. Entiendo el interés del Estado por proteger muchos humedales urbanos para aportar a la meta 30x30, pero esto tiene que ir de la mano con permitir y facilitar el desarrollo. Se deben resguardar los sitios que son realmente relevantes y delimitarlos adecuadamente para que los privados tengan mayor certeza.

Artículo publicado en InduAmbiente n° 201 (julio-agosto 2026), páginas 40 a 47.