Permisología: un debate manido, pero polémico

Mucho se ha discutido últimamente en torno a la denominada "permisología". El término, acuñado con ironía, pretende retratar un sistema de gestión de permisos tan complejo que parecería una disciplina autónoma. En rigor, se trata de un conjunto reiterado de críticas a la extensión, complejidad y fragmentación de los procedimientos administrativos necesarios para la materialización de proyectos, particularmente aquellos relativos a permisos y autorizaciones ambientales y sectoriales.

Dichos procedimientos son de conocimiento público para los proponentes de proyectos y se encuentran expresamente regulados en el ordenamiento jurídico. El debate surge cuando, a juicio de los titulares, los organismos del Estado exceden sus competencias, dilatan los procesos mediante exigencias adicionales o no cumplen los plazos previstos en la normativa vigente.

Los ejemplos que suelen citarse en el debate público buscan ilustrar un supuesto desacople estructural, o al menos una tensión persistente, entre dos objetivos de la política pública: el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. En una primera mirada, los plazos requeridos para desarrollar proyectos de inversión en Chile parecen extensos (entre siete y diez años), considerando tanto la tramitación ambiental como la sectorial. En este contexto, se han impulsado iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia administrativa, como la reciente promulgación de la Ley N° 21.770, Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.

Sin embargo, estos plazos suelen incorporar períodos atribuibles a los propios titulares, destinados a subsanar deficiencias de los estudios o proyectos presentados, lo que obliga legítimamente a la autoridad a requerir aclaraciones o complementaciones. Asimismo, rara vez se considera la asimetría existente entre el nivel de conocimiento del proponente —que ha dedicado uno o más años al desarrollo del proyecto— y el del funcionario público encargado de evaluarlo, quien debe analizar antecedentes de alta complejidad técnica en plazos acotados y sin conocimiento previo del diseño de la iniciativa.

Finalmente, las propuestas orientadas a "destrabar" proyectos mediante la flexibilización de estándares ambientales pueden generar un efecto contrario al buscado, exacerbando la conflictividad social y la judicialización, lo que termina produciendo mayores retrasos e incertidumbre jurídica. El desafío, por tanto, no es debilitar la institucionalidad ambiental, sino fortalecerla, dotándola de mayor eficiencia, capacidad técnica y predictibilidad, sin renunciar a los niveles de protección ambiental que la sociedad exige.

Columna de opinión publicada en InduAmbiente n° 199 (marzo-abril 2026), página 29.