Mil Programas de Cumplimiento

Desde el año 2012 a la fecha, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha ejercido sus competencias plenas de fiscalización y sanción ambiental. Recordemos que la ley optó por un modelo mixto que dotó a la SMA tanto de competencias para sancionar los incumplimientos, como también de herramientas para promover el cumplimiento ambiental.

En esta última área, el instrumento más representativo es el Programa de Cumplimiento (PDC) que fue creado con baja densidad regulatoria, lo que ha permitido importantes márgenes de discrecionalidad. No obstante, la SMA debe siempre garantizar su finalidad, que no es otra que el interés público comprometido en él, expresado en el retorno al cumplimiento ambiental, haciéndose cargo de los efectos provocados por la infracción, resguardando que no sea dilatorio, que no constituya un aprovechamiento del infractor, ni que se permita eludir su responsabilidad.

El adecuado equilibrio de esos objetivos es lo que permite diferenciar a este instrumento de una exención de responsabilidad.

Por otra parte, el hito de la aprobación del PDC es significativo, pero no determinante. Desde la aprobación, el infractor tiene una expectativa razonable de obtener el beneficio asociado, esto es, no ser sancionado, siempre que lo ejecute satisfactoriamente. Esa es su responsabilidad, debiendo la SMA fiscalizarlo, según el plan de acciones y metas aprobado. Con la ejecución satisfactoria se consolidan los beneficios, la no sanción, y el retorno al cumplimiento ambiental.

Recientemente, la SMA aprobó el PDC número 1.000 desde su entrada en funcionamiento, lo que invita a reflexionar sobre su impacto en el cumplimiento ambiental.

El interés de la comunidad regulada en el uso del instrumento es evidente. En cerca de 60% de los procedimientos sancionatorios se ha presentado un PDC y, dentro de ese universo, las aprobaciones alcanzan el 70%. Por otra parte, los PDC aprobados representan una inversión superior a los $USD 680 millones que los infractores han comprometido para volver al cumplimiento de la normativa y abordar los efectos ambientales de las infracciones cometidas.

La gestión de este instrumento presenta desafíos en relación con la oportunidad de los pronunciamientos de la SMA. A fin de abordar esto, se ha definido una estrategia orientada a mejorar los tiempos en los pronunciamientos y en la fiscalización de los PDC. Los primeros resultados son significativos, por ejemplo, durante 2023, se dictaron 96 resoluciones que han dado un cierre al PDC aprobado previamente, cifra que representa un incremento exponencial en este tipo de pronunciamientos.

El gran número de PDC aprobados por la SMA hace imprescindible evaluar la eficacia del instrumento, teniendo en vista su objetivo en el diseño regulatorio ambiental, esto es, el retorno y mantención del cumplimiento, y el cambio de conducta de los infractores.

El desafío permanente para la SMA frente al PDC es garantizar que se cumpla la finalidad ambiental del instrumento, junto con promover una respuesta cada vez más oportuna y evaluar su eficacia. Es bajo estas líneas que se ha focalizado el trabajo de los equipos durante 2023, lo que continuará este año que, además estará marcada por la reforma de la Ley Orgánica de la SMA.

Columna publicada en InduAmbiente n° 186 (enero-febrero 2024), página 27.