Megarreforma del SEIA: cómo aumentar las certezas

La discusión sobre la llamada "megarreforma ambiental" da cuenta de una necesidad compartida: contar con un sistema de evaluación ambiental que entregue mayores certezas, reduzca controversias y permita tomar decisiones oportunas, sin debilitar los estándares de protección ambiental.

Entre las medidas planteadas se encuentran la reducción del plazo de invalidación a seis meses, incentivos para centrales de generación de energías no convencionales, el fortalecimiento de la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), un mayor énfasis en los impactos, plazos para regular los sitios prioritarios que el país requiere, términos acotados para las actuaciones del Consejo de Monumentos Nacionales y nuevos criterios para intervenciones menores que no requieran autorización.

Son avances relevantes, pero insuficientes si queremos abordar algunas deudas regulatorias más significativas que anteceden a la evaluación de los proyectos.

Para eso es fundamental, primero, "ordenar la casa". Buena parte de las controversias que llegan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) tienen su origen en una pregunta que debió abordarse antes: ¿es éste el lugar adecuado para desarrollar esta actividad?

No parece razonable que las decisiones de localización continúen adoptándose caso a caso, sin marcos previos que orienten dónde determinadas actividades son compatibles con las características ambientales y territoriales de cada zona y bajo qué condiciones. Aquí tienen un papel fundamental el ordenamiento territorial y la Evaluación Ambiental Estratégica. Chile cuenta con esta institucionalidad y con las herramientas para definir con anticipación los valores ambientales que queremos proteger. Esto reduciría en forma clave la incertidumbre para los proyectos.

El segundo paso es generar mayor certeza sobre aquello que debe ser evaluado. La desconfianza entre autoridades, titulares y otros actores, también forma parte del problema. Debemos avanzar hacia mecanismos de diálogo temprano que permitan acordar los contenidos y alcances de la evaluación, materia que fue depreciada por la Ley 20.417.

Una alternativa, ya aplicada por CONAMA en sus primeros años, consiste en que el promotor pueda someter previamente a consideración de la autoridad los términos de referencia del estudio, definiendo con anticipación los contenidos mínimos, antecedentes y materias que deberán ser abordados. Mientras antes exista claridad sobre qué debe estudiarse y con qué profundidad, menor será el riesgo de nuevas exigencias durante la tramitación, con sus consiguientes retrasos y costos. La certeza no consiste en evaluar menos, sino en saber desde el comienzo qué se debe evaluar y con qué estándares.

Si el objetivo es darle más certeza a la inversión, simplemente hacer más rápido el SEIA es insuficiente. Esto se construye antes de que un proyecto ingrese al sistema: saber dónde es compatible desarrollar una actividad, bajo qué condiciones y qué alternativas deberían considerarse. Se trata de problemas que siguen estando fuera del SEIA.

Columna publicada en InduAmbiente n° 201 (julio-agosto 2026), página 49.