La industria salmonera en Chile suele presentarse como una historia exitosa de desarrollo, con cifras elocuentes de aporte económico. Sin embargo, este relato ha ido cambiando hacia uno que sostiene que las regulaciones estatales estarían "ahogando" su expansión y crecimiento. Esa narrativa se desmorona rápidamente al observar las curvas en alza de las empresas, cuyas utilidades crecen año a año mientras los incumplimientos ambientales se multiplican.
El marco regulatorio que se aplica a esta industria sigue siendo disperso. La actividad se rige principalmente por la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) y la ley ambiental, y sus reformas han sido reacciones a las distintas crisis que ha vivido el sector.
La actualización de la cartilla "El régimen jurídico ambiental de la salmonicultura en Chile", publicada por Fundación Terram, sistematiza gran parte de este entramado regulatorio y evidencia la brecha que existe entre los lineamientos que establece el principio precautorio y el enfoque ecosistémico de la LGPA.
En el plano territorial, una expresión clara de fragmentación y reactividad, tiene relación con la presencia de la industria dentro de parques nacionales. Desde la entrada en vigencia de la LGPA el desarrollo de la industria dentro de esta categoría de área protegida se encuentra expresamente proscrito. No obstante, a la fecha aún existen 29 concesiones vigentes.
En cuanto a la evaluación ambiental, si bien la Ley N° 19.300 obliga a estos proyectos a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, también señala que aquellos que están dentro o próximos a áreas protegidas deben hacerlo vía Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sin embargo, sólo siete centros de cultivo de salmónidos lo han hecho de esta forma. Los demás ingresaron por Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un procedimiento que no obliga a abrir participación ciudadana ni a evaluar los efectos acumulativos o sinérgicos.
La dispersión de competencias se evidencia en un diseño institucional en que sobre un mismo espacio marino están involucrados Subpesca, Sernapesca, SSFFAA, el Servicio de Evaluación Ambiental y ahora el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), pero no existe un procedimiento formal que articule sus decisiones, ni una mirada integral de lo que ocurre en los distintos espacios marinos-costeros.
Frente a este escenario, la respuesta del Estado ha sido principalmente reactiva. La creación del SBAP no logró cerrar la puerta a la salmonicultura en las reservas nacionales. La indicación que habría impedido nuevas concesiones en estas áreas se rechazó y el texto final solo terminó por exigir un plan de manejo, compatibilidad con los objetos de conservación y un informe favorable de dicho servicio.
Mientras la industria siga respondiendo primero a la lógica productiva, amparado en instituciones públicas sin capacidad real de fiscalización y sanción, y solo después, de forma tardía y reactiva, se ocupe de la protección ambiental, la salmonicultura seguirá creciendo más rápido que sus reglas. Y el costo lo seguirán pagando los ecosistemas marinos de la Patagonia chilena.
Columna de opinión publicada en InduAmbiente n° 202 (septiembre-octubre 2026), página 36.
La salmonicultura crece más rápido que sus reglas
Pablo Madrid
Investigador de Fundación Terram
