Desafíos para la desalación

El cambio climático representa la mayor amenaza ambiental para nuestras vidas y muchas actividades productivas, como la generación de energía, la minería y la agricultura, todos ellos sectores relevantes para el país.

Una de sus principales consecuencias, y quizás la más visible, es la sequía que en la zona central lleva 14 años interrumpidos solo por las abundantes precipitaciones del último invierno. Lo anterior conlleva una escasez de aguas continentales que plantea un gran problema no solo para los sectores productivos, sino también para el consumo humano.

Frente a ello, desalinizar agua de mar ha ido tomando fuerza como parte de la solución.

De acuerdo a la Asociación Chilena de Desalación y Reúso, Chile hoy cuenta con 24 plantas desaladoras en operación, incluyendo algunas que abastecen de agua potable a unas 600.000 personas distribuidas en ciudades como Tocopilla, Antofagasta, Tal Tal o Caldera. Y para fines de este año, se espera que Antofagasta –con casi medio millón de habitantes– se alimente en un 100% de agua de mar desalada.

En la minería, un 34% del consumo hídrico de esta industria proviene de agua de mar (salada o desalinizada) y la Comisión Chilena del Cobre pronostica que esta última representará un 71% en 2033.

Así, observamos una demanda creciente por esta alternativa, lo que hace necesario abordar una serie de desafíos. Entre ellos destaca la necesidad de regular el emplazamiento de nuevas plantas de desalación considerando variables como el cambio climático, el ordenamiento territorial y el uso del borde costero. Además, se requiere un nuevo régimen jurídico que regule las aguas desaladas, hoy regidas por el Código de Civil de 1855.

A lo anterior se suman los costos de transporte de agua desalada y la muy necesaria agilización en el otorgamiento de permisos para el desarrollo de estas plantas, cuyo retraso impacta el financiamiento y los tiempos de ejecución, lo cual agrava el problema de la falta de agua.

El nuevo proyecto de ley que pretende agilizar la "permisología", disminuyendo la tramitación de los permisos ambientales en aproximadamente un 30% –lo que en el caso de las desaladoras significa pasar de los actuales 6 a 8 años hasta 4 a 6 años–, es insuficiente para abordar la urgencia de contar con los recursos hídricos que demanda la población y la principal actividad económica del país.

No olvidemos que el cambio climático avanza a una velocidad mayor que la prevista por los científicos, por lo tanto, nuestro sistema de permisos ambientales y no ambientales, debe ponerse a tono con la gravedad del problema.

Otro desafío no menor es el adecuado relacionamiento comunitario, muy necesario para todo proyecto de inversión.

En definitiva, si bien se observa con optimismo la aprobación de algunas iniciativas como la Ley 21.639 que faculta al Ministerio de Obras Públicas para construir plantas desaladoras para consumo humano, saneamiento o riego, o el anuncio de nuevas licitaciones públicas en regiones, es clave avanzar en los desafíos descritos a partir de un trabajo público-privado que permita resguardar la vida humana y el desarrollo productivo del país.

Columna publicada en InduAmbiente n° 186 (enero-febrero 2024), página 73.