La agenda ambiental del actual gobierno se ha estructurado en torno a objetivos conocidos: modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), simplificación de procedimientos, fortalecimiento institucional, desarrollo de infraestructura hídrica y continuidad de la transición energética. Lo relevante, por tanto, es la consistencia de las decisiones con la naturaleza de los problemas del sistema ambiental chileno.
El SEIA no es solo un procedimiento administrativo. Es un dispositivo de articulación entre decisiones de inversión, protección ambiental y gestión de conflictos. Su desempeño no depende únicamente de la duración de sus procesos, sino de la calidad de la información disponible, de la coherencia de los criterios aplicados y de la capacidad del Estado para anticipar impactos sobre el territorio.
En este contexto, es fundamental la incorporación de principios de integración, como los contenidos en la Ley 21.770 sobre permisos sectoriales, que requieren de su ampliación al conjunto del SEIA.
Esto aplicado a los Estudios de Impacto Ambiental debería implicar la definición temprana de términos de referencia y la evaluación de alternativas como herramientas básicas para elevar su calidad técnica, de manera de agilizar y reducir incertidumbres en el proceso.
Las principales debilidades del sistema, sin embargo, son previas al SEIA. Persisten déficits relevantes en información ambiental y en ordenamiento territorial. En gran parte del país, las decisiones se siguen adoptando caso a caso, sin marcos previos que orienten la localización de actividades ni definan con claridad los umbrales de intervención. Esta carencia no solo afecta la protección de ecosistemas, sino que introduce evidentes incertidumbres para la propia inversión.
Por otra parte, la implementación de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, agrega un nuevo nivel de exigencia. Su desarrollo requiere no solo un conjunto de reglamentos, sino también una adecuada articulación con el resto de la institucionalidad ambiental que requiere de su coherencia.
En lo sectorial, en materia hídrica la desalinización y el reúso de aguas aparecen como respuestas necesarias frente a una escasez estructural. No obstante, su viabilidad depende de marcos regulatorios claros y urgentes en materias como concesiones y servidumbres.
La transición energética, por su parte, no se agota en la expansión de la generación. La integración de energías renovables, el desarrollo de almacenamiento y la gestión de la transmisión requieren una coordinación sistémica. Los cuellos de botella observados en el sistema eléctrico muestran que el problema no radica solo en la oferta, sino en la interacción entre sus distintos componentes.
En el ámbito climático, la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático y el fortalecimiento de capacidades de adaptación frente a desastres naturales resulta prioritario, incluidos los seguros catastróficos.
La modernización requiere fortalecer las bases técnicas, mejorar la información disponible, ordenar el territorio y asegurar coherencia entre instrumentos. Ese es el único marco posible para compatibilizar crecimiento y protección ambiental.
Columna de opinión publicada en InduAmbiente n° 199 (marzo-abril 2026), página 37.
Cómo ejecutar el programa ambiental del Gobierno
Eduardo Astorga
Profesor de Derecho Ambiental
