
En el camino hacia una minería de cobre verde con trazabilidad ambiental, resulta esencial distinguir entre la operación responsable en curso y los pasivos históricos. Chile enfrenta un desafío estructural con más de 800 depósitos de relaves identificados a nivel nacional, según el catastro del Servicio Nacional de Geología y Minería. Sin embargo, la preocupación no debe centrarse únicamente en los proyectos que están operando bajo monitoreo constante y cumplimiento normativo —los cuales requieren mantener estándares de seguridad técnica—, sino también en la incertidumbre que rodea a los relaves abandonados.
¿Quién se hace cargo? El problema trasciende la minería vigente y se concentra en la orfandad de los pasivos históricos. La política pública y el sector aún deben resolver la responsabilidad técnica y financiera sobre sitios que ya no forman parte de operaciones activas.
Existe, además, un vacío relevante: en cerca de 300 depósitos no hay un propietario identificado, lo que impide ejecutar planes de remediación o cierre. A esto se suma que alrededor del 80% de los relaves se encuentran inactivos o abandonados, sin vigilancia, pese a su potencial interacción con suelos y ecosistemas. En 265 casos, incluso, se desconoce su método de construcción o estabilidad, lo que contrasta con los estándares actuales de la industria.
En este contexto, el agua cumple un rol crítico como vector de movilidad de contaminantes. Su interacción con el tiempo y el subsuelo puede extender estos efectos por décadas, especialmente hacia acuíferos. Por ello, el monitoreo hidrogeológico no solo responde a una exigencia normativa, sino que valida la gestión de las operaciones modernas.
Un seguimiento activo permite mantener control, reducir incertidumbre y aportar certeza técnica a la toma de decisiones. Asimismo, facilita anticipar riesgos, fortalecer la confianza con las comunidades y diferenciar la operación responsable de los pasivos sin gestión. Esta aproximación también contribuye a la seguridad jurídica, alineando las operaciones con estándares internacionales y con futuros marcos regulatorios, como una Ley Marco de Suelos y Aguas.
El desafío para Chile radica en no soltar la mano de quienes hoy están cumpliendo, evitando la pérdida de trazabilidad y el riesgo de abandono. Al mismo tiempo, urge resolver quién asume la gestión de los relaves abandonados que se concentran en regiones como Antofagasta, Atacama y la Metropolitana. La combinación de ciencia aplicada y monitoreo riguroso permite a la industria responsable liderar la narrativa de sostenibilidad, demostrando que donde hay propiedad, gestión y tecnología, la gestión hídrica y ambiental deja de ser un riesgo para convertirse en una garantía de seguridad.
Columna de opinión publicada en InduAmbiente n° 199 (marzo-abril 2026), página 69.
