100 años de parques nacionales

En la medida que hemos ido entendiendo la importancia que tiene la conservación de la biodiversidad en nuestra vida cotidiana, los seres humanos, la naturaleza o los ecosistemas naturales han ido adquiriendo mayor relevancia. Hoy proteger, conservar y/o gestionar la naturaleza no es un capricho de los gobiernos, de las personas o instituciones que tienen la capacidad de hacerlo, es una necesidad urgente para frenar el deterioro ambiental y ecológico en que se encuentra el planeta producto de la actividad humana.

Durante su mandato, los presidentes de la República suelen crear áreas protegidas (parques y reservas). Pero sabemos que solo una declaratoria no basta; se requiere que mediante actos concretos y la asignación de un presupuesto adecuado, el Estado se comprometa en la administración y gestión de dichos territorios. Sin embargo, allí tenemos un gran problema: el financiamiento estatal es del todo insuficiente para resguardar el patrimonio natural del país. Entonces deberíamos abrir la conversación sobre qué debe financiar el Estado y qué eventualmente podrían financiar los privados, particularmente organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la conservación.

Con la entrada en funcionamiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el presupuesto para la gestión y administración de áreas protegidas será reunido en una sola institución pública, lo cual es importante para hacer un uso eficiente de los recursos. Pero también es urgente incrementar el presupuesto para resguardar la naturaleza. Entonces hay algunas cosas que debiéramos conversar: ¿Qué queremos conservar? ¿Cuánto debe poner el Estado para proteger el patrimonio que nos pertenece a todas y todos? ¿Deberíamos conservar dentro y fuera de áreas protegidas? ¿Los privados deben o pueden aportar a las acciones de conservación definidas por el Estado?

Desde nuestro punto de vista, el patrimonio natural pertenece a todos los habitantes del país y por tanto es el Estado quien debe ser el garante de su conservación. Para ello se requiere priorizar y definir cuáles son los ecosistemas y especies más relevantes. Además, deberíamos poder consensuar cuál es el presupuesto para garantizar acciones de conservación efectiva terrestre y marina, como también cuánto personal se requiere para aquello. Pero sin duda la definición más compleja y en la cual se requieren establecer límites claros, es aquella relacionada con qué financiamiento debe entregar el Estado y cuál pueden aportar los privados y para qué fines.

Con la reciente entrada en operaciones SBAP, parece un momento propicio para retomar estas conversaciones.

Columna publicada en InduAmbiente n° 201 (julio-agosto 2026), página 26.