SMA no gestionó 2.508 denuncias recibidas entre enero de 2016 y mayo de 2019

Lunes 24 de mayo de 2021.- Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019, un total de 2.508 denuncias, correspondientes al 44,2% de las 5.671 ingresadas al Sistema de Gestión con que cuenta la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para dar curso a estas acusaciones, no fueron atendidas por esta institución fiscalizadora.

Así lo concluye un reciente informe de la Contraloría General de la República señalando que "no consta que esa entidad haya dispuesto la ejecución de una actividad de fiscalización ambiental, haya iniciado un procedimiento sancionatorio, ni tampoco que haya ordenado su archivo por falta de mérito. Asimismo, se advirtió en la visita a las sedes regionales de Valparaíso y O'Higgins que dicha superintendencia cuenta con un número indeterminado de denuncias ingresadas en los años 2013 al 2016, que no fueron respondidas ni atendidas en su oportunidad".

Sobre este escenario, el ente contralor anunció que iniciará un procedimiento disciplinario para "determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de cada uno de los hechos descritos".

De igual modo, indica que la SMA deberá realizar "un catastro de la totalidad de las denuncias pendientes de atención, incluyendo aquellas que se encuentran en soporte papel en sus oficinas regionales, y elaborar un plan de acción para su tratamiento, con el correspondiente cronograma para la debida atención de cada denuncia, detallando el titular o unidad fiscalizable que se trate". Añade que ese plan deberá señalar los casos en que las infracciones denunciadas podrían haber prescrito, según lo dispone el artículo 37 de la Ley Orgánica de la SMA (LOSMA). Todo ello debe ser informado a la Contraloría en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del informe por parte de la Superintendencia.

El mismo plazo se le otorgó para entregar antecedentes que permitan acreditar el desarrollo de actividades de fiscalización en torno a 57 denuncias que, a juicio de la propia SMA, poseían mérito para llevar a cabo esas tareas, pese a lo cual –según constató la Contraloría- "carecían de la documentación y respaldos que dieran cuenta de la existencia de dichas actividades".

El informe sostiene además "que la SMA no ha establecido o incorporado dentro de sus gestiones internas un procedimiento o instructivo, así como otras medidas de control y gestión que permitan medir, controlar y alertar ante eventuales dilaciones en las etapas de la tramitación de las denuncias recibidas y que son atendidas por cada oficina regional". Frente a ello, solicita informar sobre la adopción de medidas de gestión que permitan uniformar dicho control en las sedes regionales.

Pagos a empresa informática

La auditoría del ente contralor también examinó los pagos realizados a la empresa Ingeniería Informática Kibernum S.A., en relación con el desarrollo del Sistema de Gestión de Denuncias de la SMA, SIDEN, y otras plataformas internas, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019. En relación a esto, advierte sobre eventuales irregularidades administrativas y conflictos de interés.

En ese contexto, indica por ejemplo que "la entidad auditada no contaba con la documentación y/o la relación y ubicación de esta, que permitiese acreditar la ejecución de las labores contratadas a la empresa Ingeniería Informática Kibernum S.A., tales como desarrollos y mantenciones informáticas, por la suma total de $258.347.530". Ante eso, la SMA deberá dar cuenta de la efectiva prestación de los servicios y remitir los antecedentes necesarios para acreditarlo.

También se detectó que el analista de sistemas de la SMA y Líder de Equipo de Desarrollo, participó "en la elaboración de requerimientos de personal externo, selección y contratación de servicios de horas hombres para el desarrollo y mantención de sistemas informáticos, entre otras, a la empresa Ingeniería Informática Kibernum S.A., en la cual prestó servicios entre septiembre de 2017 y enero de 2018". El mismo funcionario efectuó las validaciones de los productos y servicios entregados por dicho proveedor, sin manifestar "a su superior directo la concurrencia de una causal de abstención a este respecto". Ante la situación descrita, la Contraloría iniciará un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Además, "la SMA deberá reforzar los procedimientos y sistema de integridad con que cuenta, e implementar un mecanismo efectivo para prevenir los conflictos de interés".