Resguardo del medio ambiente y derecho al agua son prioridades para los constituyentes

Martes 18 de mayo de 2021.- Considerando los resultados de la megaelección desarrollada el pasado fin de semana en Chile, es muy probable que la temática medioambiental tenga un lugar mucho más prioritario que el actual dentro de la nueva Constitución y de las futuras políticas que regirán al país.

Así lo ratifica, por ejemplo, un estudio realizado por La Tercera, que recogió las respuestas a diversos temas de 120 de los 155 ciudadanos escogidos (78% del total de la Convención) para redactar la nueva Carta Magna. Entre sus conclusiones, el informe señala que un 91,6% (110 constituyentes) incluiría en el texto constitucional "el acceso, protección y distribución del agua como un derecho fundamental y un bien nacional de uso público". Añade que otro 4,2% (5 de los convencionales) no incorporaría dicho tema como un derecho fundamental, pero sí modificaría algunas normas para fijar tributos especiales a quienes más exploten los recursos hídricos.

La encuesta también muestra un consenso mayoritario en cuanto a que el Estado debiera garantizar el acceso igualitario (41,7%) o actuar como proveedor principal (33,3%) de "energías renovables, limpias, verdes, libres de contaminación y a bajo costo". Una visión que va en la línea con el resguardo del medio ambiente y la necesaria mitigación del cambio climático, que es uno de los principales desafíos que se debe asumir en esta área.

Independientes y ambientalistas

Las cifras señaladas toman cuerpo y rostro en numerosos constituyentes electos que, en sus programas de candidatura, presentaron posturas claras a favor de un mayor resguardo medioambiental y, en algunos casos, propuestas concretas para garantizarlo.

Así ocurre, por ejemplo, con los independientes que no militan en partidos políticos y que son mayoría dentro de la Convención Constituyente. Veintiséis de ellos están agrupados en la Lista del Pueblo que tiene como objetivo central la construcción de "un Estado constitucional ambiental, igualitario y participativo". En ese marco, su propuesta resalta una concepción del ser humano "como parte integral e indivisible de la naturaleza, en la que tiene su ser y desarrolla su existencia, siendo su propósito, en tanto ser dotado de conciencia, el respeto, cuidado y preservación del equilibrio de los ecosistemas y la sustentabilidad de las diversas formas de vida en el planeta tierra". Esto se traduce en el deber constitucional de "mantener una relación armónica con la naturaleza, velando por los derechos de la madre tierra y el derecho de las generaciones futuras a vivir en un medio ambiente sano".

Al mismo tiempo, la Lista del Pueblo apunta a transitar hacia una "nueva economía" que se ejecute pensando siempre en disminuir el impacto negativo sobre la naturaleza y los seres humanos, "considerando la gravedad del cambio climático y su impacto en la transformación del medio ambiente". Y de manera más concreta, proponen incentivar "la formación y consolidación de las llamada empresas B por su compromiso con la transparencia y el medio ambiente".

En una línea similar, los Independientes por una Nueva Constitución, que consiguieron 11 escaños en la Convención, plantean la necesidad de que la nueva Constitución reconozca "al medio ambiente como base de la vida y de la comunidad". En ese contexto, proponen consagrar el "derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado" y "al acceso a los bienes comunes, especialmente al agua".

También creen necesario incorporar los "principios de protección ambiental, justicia ambiental e intergeneracional y buen vivir", como también "el reconocimiento de la crisis climática, la obligación del Estado de cumplir con las metas de mitigación en un entorno de transición justa y de propiciar la adaptación desde los territorios". Y para lograr una protección ambiental efectiva consideran necesario crear una Defensoría Pública de la Naturaleza y agencias independientes que velen por la evaluación de proyectos y la fiscalización ambiental.

Desarrollo sostenible

Buena parte de los convencionales electos al alero de los conglomerados políticos tradicionales también dan relevancia al resguardo ambiental en sus propuestas constitucionales, asociándolo más al concepto de desarrollo sostenible.

A modo de ejemplo, el programa de Revolución Democrática, integrante de la lista Apruebo Dignidad que tendrá 28 constituyentes, plantea que "debe existir un cambio radical en la relación de la sociedad, y en especial de la economía, con la naturaleza, estableciéndose a nivel constitucional la sustentabilidad como principio rector de la economía y desarrollando instituciones constitucionales que permitan recobrar un encaje armónico dentro de los ecosistemas".

Asimismo, propone reconocer constitucionalmente los principios precautorio, de justicia ambiental y justicia intergeneracional; y asumir "el estado de crisis climática y ecológica, estableciendo como marco fundamental de la sociedad las labores de mitigación y adaptación de ésta". También considera necesario "garantizar el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado", así como reconocer "el vínculo que tienen los pueblos originarios con la naturaleza como elemento estructurante de su cosmovisión". Y que el Estado tenga "el deber de conservar, restaurar y proteger los distintos ecosistemas".

Dentro de ese mismo pacto electoral, el Partido Comunista –con 7 escaños– presenta una visión similar señalando la necesidad de transitar "desde un paradigma antropocéntrico a una visión ecocéntrica, siendo conscientes de que los seres humanos somos parte de la naturaleza y la biodiversidad, y no sus dueños. La protección a la naturaleza debe manifestarse entendiéndola como un sujeto de Derechos, permitiendo que cualquier chilena y chileno de manera particular o en comunidad pueda recurrir a la institucionalidad en su resguardo y protección".

Similares conceptos se esbozan en los programas de algunos partidos de la ex Concertación que, agrupados en la Lista del Apruebo, consiguieron 25 asientos. La propuesta del Partido Socialista, por ejemplo, sostiene que "es importante explorar la posibilidad de convertir a la naturaleza en sujeto de derechos". Y añade que se debe garantizar el acceso al agua para consumo humano y preservar el entorno, lo que hará necesario "revisar las concesiones actuales a todo nivel. Un cambio en esto sin retroactividad es letra muerta".

Por otra parte, en los programas de los representantes de la centro-derecha, que contarán con 37 cupos en la Convención Constituyente, la temática ambiental tiene menor presencia. De hecho, la UDI –que tendrá 17 convencionales– presentó una "visión constitucional" con 10 puntos en que no menciona el tema. Renovación Nacional, en tanto, en las distintas propuestas que presentaron sus 14 candidatos electos, sí aparecen ideas y conceptos como la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente, el deber del Estado de preservar la biodiversidad, y la concepción del agua como un bien nacional de uso público.

A su vez, Evópoli, que aportará 5 convencionales en la centro-derecha, apunta a "impulsar con fuerza y decisión el compromiso del Estado y de la sociedad toda con el desarrollo sustentable, promoviendo un nuevo equilibrio entre desarrollo económico, cuidado del medio ambiente y equidad social". Para eso, pretende establecer el "deber estatal de considerar los avances más actualizados de la ciencia y la tecnología en el diseño de las políticas públicas tendientes a proteger el medio ambiente". También considera necesario que el Estado asegure "la conservación de nuestro patrimonio ambiental, en particular la preservación de la flora y fauna locales, los glaciares, ríos, lagos y montañas". Y que Chile sea pionero en plantear estrategias innovadoras para enfrentar el cambio climático.