Las claves para implementar los sistemas de gestión de residuos definidos en la Ley REP

Lunes 31 de mayo de 2021.- Aumentar la participación ciudadana, resguardar la información sensible para los productores involucrados en los sistemas de gestión con miras a cautelar la libre competencia, fortalecer la cadena de valorización y el mercado para los productos que se obtengan de estos procesos. Esos son algunos aspectos clave para la adecuada implementación y funcionamiento de los sistemas de gestión (SIG) de residuos establecidos en la Ley 20.920 sobre fomento al reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Así lo señalaron los participantes en un webinar, realizado el viernes recién pasado por InduAmbiente con la colaboración de la empresa Hidronor Chile.

El evento contó con la participación de representantes del Ministerio del Medio Ambiente y de gremios empresariales que llevan varios años trabajando en el desarrollo de estos sistemas de gestión para productos priorizados en la Ley REP que ya tienen sus metas definidas, como son los neumáticos, envases y embalajes, quienes compartieron sus avances, dificultades e inquietudes en torno a este proceso.

Envases y embalajes

El encuentro se inició con la presentación de Rodrigo Álvarez, abogado de la asociación de Alimentos y Bebidas de Chile (AB Chile), gremio que ha impulsado la conformación del primer sistema de gestión para residuos de envases y embalajes en nuestro país en el marco de la Ley REP. Actualmente es representante legal de 25 empresas de distintos sectores productivos que –tal como lo exige la ley– están tramitando esta iniciativa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Subrayó que el trabajo impulsado por AB Chile busca generar un gran sistema de gestión colectivo para todo tipo de envases y embalajes, no sólo de los que corresponden a empresas de alimentos y bebidas. De hecho, casi la mitad de los socios fundadores no pertenecen a dicho gremio, donde se espera que a más tardar dentro de un año el sistema de gestión sea una institución independiente que a futuro provea del servicio a cualquier empresa que lo requiera.

Álvarez explicó que AB Chile comenzó a impulsar el desarrollo del SIG en 2015, asumiendo esta tarea para asegurar la protección a la libre competencia y contar con una entidad con personalidad jurídica que pudiera hacerse cargo de los costos asociados al proceso de formación. Al respecto, indicó que ya se han hecho inversiones relevantes como los $1.300 millones destinados a un plan piloto en Providencia que abarcó 63 mil viviendas para probar aspectos como la recolección diferenciada a domicilio y obtener información clave para la toma de decisiones. A eso se suma la contratación, ya en el año 2019, de personal especializado para liderar la conformación del sistema de gestión que se pretende constituir como una corporación de derecho privado sin fines de lucro; y también para salvaguardar la libre competencia resguardando el manejo de la información sensible de los productores que conformarán el SIG.

AB Chile busca crear un gran sistema de gestión colectivo para todo tipo de envases y embalajes, destacó Rodrigo Álvarez.

Otros avances relevantes han sido la ejecución de un estudio de la capacidad instalada de reciclaje; otros dos sobre tarificación para definir cómo y cuánto se cobrará a los socios fundadores y a quienes requieran los servicios del SIG; la elaboración de los estatutos de la corporación, el plan de gestión, y las bases para licitar los servicios de recolección y valorización, todo lo cual se debe presentar primero al TDLC para luego ser autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente; y el inicio de un piloto con un millar de viviendas en Quilicura y Colina.

Entre los próximos pasos para iniciar el funcionamiento del SIG en 2023 figuran: completar la tramitación ante el TDLC y la FNE, lo que podría tomar incluso más de un año; completar el estudio tarifario nacional y definir la estructura tarifaria; obtener las aprobaciones de los Ministerios de Justicia y del Medio Ambiente; contratar personal y equipamiento para el SIG; definir el ingreso de nuevos socios; realizar los procesos de licitación para recuperar, tratar y valorizar los residuos; hacer contrataciones específicas por parte de las empresas socias para que el SIG se encargue de recuperar los residuos de cada una de ellas y constituir las garantías exigidas por la Ley.

Cabe agregar que en AB Chile estiman que en los próximos cinco años se invertirán unos 638 millones de dólares para implementar el sistema de gestión.

Participación ciudadana

Rodrigo Álvarez señaló también que las metas de recolección y valorización definidas en el Decreto Supremo Nº 12 son "extraordinariamente exigentes". Añadió que para responder a ello es necesario desarrollar una estructura "tremendamente demandante no solo en cuanto a esfuerzo y logística, sino también respecto de los recursos económicos para alcanzar, en un plazo menor que lo establecido en países europeos, las metas que estamos planteándonos en plásticos, papel y cartón, metal, vidrio y cartón para líquidos".

Destacó además que, si bien las metas de los primeros años se podrían cumplir atendiendo solo a las principales comunas de Chile, "la vocación de la Ley, del Ministerio y del SIG de envases y embalajes es expandirse con la máxima rapidez posible en todo el país". Agregó que estiman que solo el primer año deberán llegar a unos 700.000 hogares.

Sobre este escenario y considerando los resultados del plan piloto realizado en Providencia, Álvarez indicó: "El gran desafío para la industria, para todos los sistemas de gestión y para los futuros gobiernos es lograr grados importantes de participación ciudadana. En envases y embalajes, vamos a tratar de hacer el sistema lo más sencillo posible, pero no solo necesitamos ese esfuerzo logístico, humano y económico de la industria, sino también un tremendo cambio cultural de toda la población en Chile para que esta Ley tan relevante, que constituye el principal desafío económico y social que enfrentan muchas industrias, sea exitosa".

Frente a esa inquietud, Guillermo González, Jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, indicó: "La participación de la ciudadanía es un tremendo desafío. En el caso de envases y embalajes, a través de la REP vamos a multiplicar cinco veces lo que hoy se está reciclando en Chile, lo que significa un cambio de hábito cotidiano en muchas familias. Hemos visto gran interés de la ciudadanía por ser parte de este cambio, por lo que vemos una buena base, pero eso no es suficiente. Se necesita comunicar muy claramente y sensibilizar a la ciudadanía respecto del rol que juegan para poder llevar esto a cabo. De hecho, las experiencias internacionales muestran que una parte importante del presupuesto se va en este tipo de campañas".

La participación de la ciudadanía será clave para el buen funcionamiento de los SIG, subrayó Guillermo González.

Agregó que el Ministerio del Medio Ambiente "también tiene un rol ahí. No es algo de lo que nos vayamos a desligar, pero tenemos que ser cuidadosos para dar los mensajes adecuados en los momentos que correspondan. Hay que hacer un trabajo fino entre el sector público y el sector privado, específicamente con los sistemas de gestión".

Neumáticos fuera de uso

Una visión similar en cuanto a los desafíos y dificultades para el desarrollo de los sistemas de gestión REP, presentó el Gerente General de Chile Neumáticos A.G., Iván Villar, quien compartió el trabajo que está realizando dicha asociación para poner en marcha un SIG para neumáticos fuera de uso (NFU).

Este gremio agrupa a una veintena de empresas nacionales importan y comercializan alrededor del 50% de los neumáticos clasificados en el Decreto Supremo Nº 8 –que fija las metas para estos productos prioritarios– dentro de la categoría A, vale decir, aquellos que tienen un aro inferior a 57 pulgadas, con excepción de los de 45 pulgadas, 49 pulgadas y 51 pulgadas que corresponden a neumáticos mineros calificados en la categoría B.

El ejecutivo destacó que Chile Neumáticos se creó con la idea de crear una solución adecuada para cumplir con las obligaciones de la Ley REP, y que para alcanzar los objetivos que persigue esta regulación y avanzar hacia una economía circular se debe poner énfasis en el trabajo público-privado. "Compartimos en un cien por ciento la visión de que la responsabilidad de la gestión integral de los residuos se extienda a los empresarios, que son aquellos que colocan el producto nuevo en el mercado, pero tampoco debemos dejar a un lado la fórmula de éxito de los países que nos llevan la delantera, la cual se basa en un esfuerzo tripartito entre los productores, los usuarios y el gobierno", afirmó.

Asimismo, Villar planteó la necesidad de generar condiciones y normativas para que los mercados secundarios asociados a la valorización de los residuos priorizados puedan despegar, haciendo posible la economía circular. En ese sentido, señaló que una de las preocupaciones del sector es gestionar los NFU al menor costo posible.

Según las estimaciones de la asociación, al año 2023 se pondrían en el mercado unas 117 mil toneladas de neumáticos nuevos categoría A, con un costo de gestión calculado en US$11,5 millones para el primer año, cuando las metas son de un 50% de recolección y un 25% de valorización. Y en el año 2027 se tiene que recolectar el 80%. "Es decir, en cuatro años tenemos que llegar casi a los promedios que la Comunidad Europea o los países OCDE han desarrollado en dos décadas", advirtió en relación a la gradualidad establecida para acatar las metas.

Desafíos y soluciones

Según Villar los principales desafíos que han encontrado para el desarrollo de un sistema de gestión colectivo (SGC) para los neumáticos fuera de uso coinciden, en gran medida, con los planteados en el caso de los envases y embalajes. Entre ellos subrayó: el manejo de la información sensible que deben compartir los productores que conformarán el SGC; la falta de experiencia en la gestión de NFU; los importantes costos involucrados en la creación de la entidad; las autorizaciones de los organismos que velan por la libre competencia; el desarrollo de un modelo de negocio adecuado a Chile; la reducida infraestructura para el reciclaje de NFU; y la falta de incentivos y normativa para productos derivados.

Respecto de esto último señaló como ejemplo: "Hay más de veinte beneficios que se obtienen al utilizar asfalto-caucho en nuestras carreteras, y aún no tenemos una regulación que permita aprovechar esta alternativa que es una de las principales oportunidades para hacer economía circular con los neumáticos fuera de uso". Y añadió que han trabajado con el Ministerio de Obras Públicas y también con otras entidades públicas en acuerdos de producción limpia, para tratar de avanzar colaborativamente en esa dirección.

Para Iván Villar es necesario generar condiciones y normas para impulsar los mercados secundarios asociados a la valorización.

También planteó algunas inquietudes relacionadas con la operación del SGC, como la suma de costos en la gestión que finalmente impactarán en la definición de la ecotarifa y del valor de los productos.

Para afrontar estas dificultades, Chile Neumáticos ha optado por trabajar con expertos de gran nivel, desarrollar un plan de acción a largo plazo y crear relaciones cordiales para lograr un trabajo colaborativo con el sector público y todos los stakeholders.

Iván Villar además expresó su acuerdo con la labor fiscalizadora del TDLC y la FNE para salvaguardar la libre competencia. No obstante, admitió ciertas controversias, como la excesiva extensión de los plazos requeridos para cumplir con la tramitación en el TDLC: "Hubiésemos querido quizás una indicación del Ministerio del Medio Ambiente para lograr un procedimiento express", indicó.

En relación a esto, Guillermo González señaló: "Desde el Ministerio del Medio Ambiente hemos buscado generar la articulación necesaria para que estos procesos avancen con la mayor celeridad posible, sabiendo que se trata de controles extremadamente importantes y necesarios para el correcto funcionamiento de la REP. Vamos avanzando bien: en la Fiscalía Nacional Económica hay un pequeño equipo que está trabajando en este tema, y por lo que sabemos en el Tribunal de Defensa de la libre Competencia también ha habido una muy buena respuesta. Tenemos que seguirlo empujando para que estos sistemas pasen por ese trámite de la mejor forma y con la mayor rapidez posible".

Villar también manifestó su inquietud por la reciente Resolución 805 de la Superintendencia del Medio Ambiente que define el contenido de los informes que los sistemas de gestión deben entregar a esta autoridad, solicitando información sensible de sus empresas socias para acreditar los productos introducidos en el mercado. Villar planteó que para evitar eventuales conflictos la SMA podría obtener estos datos por otras plataformas como el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas o el RETC.

Al respecto, González respondió: "A priori nosotros no vemos otra documentación que pueda servir para acreditar fehacientemente la introducción de productos en el mercado. No obstante, las resoluciones se pueden ir ajustando, así es que si hay alguna propuesta alternativa que pueda subsanar los posibles conflictos, los podemos conversar y revisar".

Además, anunció que pronto el MMA publicará las resoluciones para indicar cómo establecer las garantías por parte de los productores y cómo los SIG deben configurar los planes de gestión.
Villar también expresó la inquietud del sector por la gradualidad de las metas, indicando que se puedan presentar problemas a medida que se incrementan las exigencias. "Para nosotros el periodo 2023-2025 donde las metas no son tan altas, será una etapa de aprendizaje y ahí vamos a tener datos duros para poder evaluar con la autoridad si es que vamos por buen camino en cuanto a las obligaciones establecidas y el trabajo desarrollado, y de esa manera podremos alcanzar los mejores resultados".

Sobre este escenario, llamó a fortalecer el trabajo público-privado, tener la disposición a corregir el rumbo, aprender de los errores y avanzar con prudencia.

Valorización de residuos peligrosos

La tercera charla del webinar estuvo a cargo de Juan Andrés Salamanca, Gerente Regional de Desarrollo de Hidronor, empresa con más de 25 años de experiencia en la "implementación de soluciones integrales que aportan a la revalorización, recuperación, reciclaje, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos". El ejecutivo dio a conocer el trabajo que realizan con los productos priorizados en la Ley REP de tipo peligroso y el aporte que esto puede significar para los futuros sistemas de gestión.

A modo de contexto, comentó que "hoy en Chile se generan aproximadamente 23 millones de toneladas de residuos al año. Trece millones corresponden a industriales no peligrosos, otros ocho millones son domiciliarios y 620 mil toneladas son industriales peligrosos". En cuanto a la gestión, destacó el avance en la trazabilidad y disposición final adecuada y segura de los residuos, y advirtió que el desafío sigue siendo minimizar su generación y aumentar la valorización. Al respecto detalló que en el caso de los residuos peligrosos la tasa de recuperación y reaprovechamiento fluctúa entre el 5% y el 8%.

Luego, Salamanca presentó algunos ejemplos del trabajo que realiza Hidronor para aportar a la REP. Así, los aceites lubricantes usados se mezclan con otros residuos con poder calorífico para producir combustible alternativo que luego se comercializa con empresas cementeras que lo usan en sus hornos.

Juan Andrés Salamanca destacó el potencial de valorización de algunos residuos peligrosos.

En el caso de las baterías, la empresa gestiona cerca de 1.000 toneladas anuales que se trasladan a la única planta de valorización que existe en Chile, ubicada en Calama, donde se desarman y se aprovechan para fabricar ánodos para la gran minería.

De igual modo, el ejecutivo resaltó el potencial de valorización de los aparatos eléctricos y electrónicos, desde donde se puede recuperar metales preciosos, como oro y plata que son exportados, y otros más comunes como el hierro usado en la industria siderúrgica. Comentó, además, que esas plantas y las de galvanizado también pueden recibir materia prima proveniente del desarme de pilas. "Aquí hay un potencial de negocio de valorización bastante importante y la ley REP puede ayudar a esta valorización", aseguró.

El Gerente Regional de Desarrollo de Hidronor entregó, asimismo, algunos datos de los plásticos que son parte de los envases y embalajes: a nivel país se consumen casi un millón de toneladas al año, se recicla apenas de un 8% y "se generan más de 15 mil toneladas de residuos peligrosos que tienen un potencial de valorización o reprocesamiento. En Hidronor estamos valorizando cerca de 1.000 toneladas al año de HDPE, PVC, LDPE y otros plásticos que se someten a procesos de limpieza y descontaminación". Luego, una parte de éstos se trituran para ser comercializados en el mercado nacional o extranjero, y otra parte se devuelve a las empresas para su reutilización.

"En definitiva, vemos que hay una gran oportunidad a nivel nacional en materia de valorización. De hecho, ya contamos con una empresa llamada Greendot que se dedica a la recuperación de plásticos, metales y otros residuos que se pueden valorizar en el mercado", apuntó Salamanca.

En relación a los sistemas de gestión, además, planteó algunas dudas respecto de los roles de los distintos actores y el lugar que ocuparán las empresas que transportan, tratan o valorizan residuos. Desde el Ministerio del Medio Ambiente, Guillermo González recordó que los SIG son solo entes administradores que contratarán dichos servicios a las compañías que los prestan, a las cuales la Ley denomina gestores.

Las empresas que prestan servicios de gestión de residuos, como Hidronor, podrán participar en las licitaciones de los SIG.

El representante de Hidronor también consultó por la forma en que se van a determinar las ecotasas o tarifas respecto de los distintos productos prioritarios. En cuanto a eso, González comentó que eso lo definirán los sistemas de gestión considerando diversos factores económicos y ambientales. A modo de ejemplo, comentó: "En el decreto de envases hemos planteado que esa tarifa debiera considerar la denominada eco-modulación, vale decir, que aquellos productos más difíciles de reciclar, tengan un castigo en el pago que el productor hará al sistema de gestión para que se haga cargo de sus residuos".

El representante del MMA también se refirió a la forma en que se está incluyendo la estrategia jerarquizada de manejo de los residuos en los decretos REP. "En los distintos casos hemos estado viendo cómo podemos llegar lo más alto posible en la estrategia. Así, por ejemplo, para los neumáticos no mineros (categoría A) establecimos una sub-meta de recauchaje, que es una forma de reutilización, o reciclaje material, que es el aprovechamiento íntegro del neumático, y el resto podrá ir a otras formas de valorización, incluida la energética. En envases y embalajes, en tanto, hablamos solo de reciclaje e incluimos otros elementos que buscan potenciar la reutilización".