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Inédito: ministros del Primer Tribunal Ambiental se inhabilitan tras filtrarse decisión sobre proyecto minero

Inédito: ministros del Primer Tribunal Ambiental se inhabilitan tras filtrarse decisión sobre proyecto minero

Los tres jueces titulares debieron restarse en la causa sobre el proyecto "Prospección Minera El Alto", vinculada a Barrick Gold y calificada por las comunidades locales como "Pascua Lama 2.0", tras una publicación en su sitio web que anunciaba el rechazo de las reclamaciones presentadas contra la iniciativa. Ahora será vista por el 2° Tribunal Ambiental.



Lunes 28 de septiembre de 2026.- Una inédita situación se dio en el Primer Tribunal Ambiental (1TA), con sede en Antofagasta. Los tres ministros titulares de la magistratura —Alamiro Alfaro (presidente), Sandra Álvarez y Marcelo Hernández— debieron inhabilitarse en bloque tras la prematura publicación y posterior retiro de una nota de prensa en el sitio web institucional, en la que se anunciaba el rechazo a las reclamaciones presentadas contra la aprobación del proyecto "Prospección Minera El Alto", sin que existiera una resolución judicial formal que respaldara dicha decisión.

La iniciativa de la Compañía Minera Nevada SpA —filial de Barrick Gold y calificada por las comunidades locales como "Pascua Lama 2.0"— contempla la ejecución de 62 pozos de sondaje mediante perforación con diamantina sobre 43 plataformas a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la comuna de Alto del Carmen, en la región de Atacama. Comunidades y organizaciones ambientales de la zona han interpuesto cuatro reclamaciones en contra de su aprobación ambiental, solicitando la suspensión de las obras.

Uno de sus principales argumentos es que los sondajes se emplazan en el mismo polígono del clausurado proyecto Pascua Lama, lo que contravendría el fallo de la Corte Suprema de febrero de 2022 que estableció que en esa zona solo están permitidas faenas orientadas al plan de cierre y clausura definitiva de dicha iniciativa.

También alegan que durante la evaluación se presentaron dos Adendas después del proceso de participación ciudadana que introdujeron modificaciones sustantivas al proyecto, en particular en el polígono y ubicación de las plataformas, emisiones, recursos hídricos, crioformas y permafrost, entre otros aspectos, pese a lo cual no se abrió un nuevo proceso participativo. Otros cuestionamientos se relacionan con: la falta de evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos; la insuficiente evaluación del recurso hídrico; el descarte de afectación sobre los glaciares y criosfera; deficiencias en la evaluación de lodos, residuos y afectación de la biodiversidad; la afectación a los sistemas de vida y costumbres; omisión de consulta indígena; y la sustitución de evaluación previa por monitoreos y planes para ejecutar durante la operación del proyecto.

El miércoles 23 de septiembre, en el portal del 1TA se publicó una noticia que informaba sobre el rechazo del Tribunal a las medidas cautelares solicitadas por las comunidades sin que se hubiese expedido una resolución judicial formal en el proceso ni notificado a las partes. Horas más tarde, la nota fue eliminada, pero ante la filtración de la decisión, los ministros declararon su inhabilidad invocando la causal contemplada en el Código de Procedimiento Civil relativa a haber emitido dictamen previo sobre la cuestión pendiente.

Ante la imposibilidad de conformar el quorum necesario, la Secretaría del 1TA traspasó los expedientes al Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, que ahora deberá resolver la causa. Según informó el portal www.biobiochile.cl, desde el tribunal antofagastino declinaron emitir comentarios sobre el tema, señalando solo que se trata de una causa en tramitación y que han reforzado sus protocolos de comunicación jurisdiccional.

Cabe consignar, además, que el reportaje publicado en dicho medio de comunicación también da cuenta del cuestionamiento de los reclamantes a la asignación del abogado Álvaro Funes como relator de la causa, ya que antes de ingresar al Primer Tribunal Ambiental en 2018 se desempeñó durante cinco años como jefe de Asuntos Legales de Minera Zaldívar, faena en la que Barrick Gold posee el 50% de la propiedad.