Por Vivian Hernández, senior ECOS Chile
Miércoles 29 de abril de 2026.- Desde el ámbito ambiental, el proyecto de ley "Plan de Reconstrucción Nacional" tiene un claro norte: fomentar la inversión. Para ello propone medidas que agilizan y otorgan mayor certeza a la gestión de permisos ambientales y que buscan reducir instancias de bloqueo judicial y demoras o anulaciones de proyectos.
Lo anterior permitiría a inversionistas y titulares de proyectos aumentar su confianza en los procesos institucionales, asegurando la viabilidad a largo plazo de las iniciativas.
Los puntos claves y relevantes que se abordan en la iniciativa legal son:
• Tramitación acelerada voluntaria para reducir tiempos en evaluaciones ambientales, aunque con riesgo de mayor rechazo si no hay calidad técnica en los proyectos que ingresan al SEIA.
• Umbrales tecnológicos en energía que reemplazan el criterio único de capacidad instalada, favoreciendo energías renovables.
• Modificaciones menores sin nueva evaluación ambiental si no aumentan la significancia de los impactos evaluados (extensión – magnitud – duración).
• Eliminación de invalidación administrativa de RCA, limitando las impugnaciones a 30 días y con mecanismos legales claros. Se elimina la posibilidad de impugnar una RCA después de 2 años.
• Restitución de gastos en caso de anulación judicial de RCA, reduciendo así el riesgo financiero para los titulares.
• Plazos legales claros para resolver recursos de 30 días para DIAs y 60 para EIAs.
• Límites estrictos a medidas cautelares que paralizan proyecto, con un plazo máximo de 6 meses.
• Reducción de plazos para proyectos previo fortalecimiento del SEA, asociados a la evaluación ambiental estratégica e instrumentos de planificación
• Simplificación de los permisos asociados a Consejo de Monumentos Nacionales, estableciendo plazos límites para autorizaciones y mayor facilidad para intervenir en caso de intervenciones menores.
• Fortalecimiento de la rectoría técnica del SEA, reforzando la facultad de desestimar pronunciamientos de OAECAs (Organismos Administrativos del Estado con Competencia Ambiental) que participan en la evaluación ambiental.
• Facilidades para el sector acuícola, para lo cual se propone micro-relocalizaciones sin SEIA. O sea, se elimina la obligatoriedad de ingresar al SEIA para relocalizaciones que sean solo ajustes cartográficos y sólo se requerirá informe técnico a y propuesta fundada de la Subsecretaria de Pesca. También se reemplaza la caducidad como sanción por un cobro adicional a la patente acuícola: 6 UTM/ha/año desde el tercer año de no uso; 16 UTM/ha adicionales desde el mes 54.
• Simplificación del monitoreo ambiental, acotándose la lista de indicadores exigidos a aquellos efectivamente medibles y relevantes, reduciéndose costos desproporcionados de implementación
• Se autoriza la contratación de entidades externas para elaborar informes técnicos: siempre que estén inscritas en un registro oficial. La contratación se realizará mediante licitación electrónica expedita y el costo será asumido por el solicitante
• Reducción del plazo de invalidación a autorizaciones sectoriales: disminuyen a 6 meses en sectores de energía, minería, obras públicas y construcción.
Vivian Hernández detalla las implicancias
ambientales del proyecto de ley.
Rapidez vs calidad
Al analizar las distintas medidas se percibe una clara señal en línea a que la búsqueda de rapidez no sacrifique la calidad del análisis ambiental. Es más, resulta incluso esperable que los mecanismos para acelerar la tramitación impliquen necesariamente la presentación de información con estándares más rigurosos para evitar rechazos por no otorgar suficiente claridad y certeza en los acotados plazos. Además, un efecto que podría generarse es que el SEA aumente el estándar para calificar favorablemente los proyectos y reducir así su exposición a anulaciones judiciales, activando la compensación económica por parte del Estado.
Por otro lado, la diferenciación de umbrales según tecnología es un acierto que reconoce realidades distintas y favorece energías limpias, lo cual es positivo desde el punto de vista ambiental y económico.
En resumen, la propuesta busca mejorar la eficiencia y certeza del sistema, pero ello no puede entenderse sin una mejora sustancial de los estándares de presentación de los proyectos que permitan llegar con una evaluación técnica y robusta en los plazos propuestos. El desafío será lograr un equilibrio entre rapidez y calidad.
Lo anterior no es un mal escenario, puesto que configura posibles rechazos rápidos de aquellos proyectos que no cumplan los estándares técnicos, y aprobaciones más estables de cara al futuro para los que sí cumplan, mejorando así la certeza jurídica en el procedimiento. Porque lejos, lo más dañino, son los rechazos o anulaciones tardías (después de varios años).
Tal como se señaló, se exige mayor rapidez y esfuerzo por parte de los organismos técnicos del Estado, pero también aumenta la responsabilidad de los titulares y sus consultores para desarrollar proyectos técnica y normativamente sólidos. En ECOS comprendemos este nuevo escenario y asumimos el desafío, aportando nuestra experiencia para garantizar un alto estándar conforme a los procedimientos establecidos en todo el ciclo de vida de los proyectos de inversión.
Plan de Reconstrucción: ¿Qué cambia para los proyectos de inversión en materia ambiental?
La propuesta busca mejorar la eficiencia y certeza del SEIA, pero ello no puede entenderse sin una mejora sustancial de los estándares de presentación de los proyectos que permitan llegar con una evaluación técnica y robusta en los plazos propuestos.
