El año 2026 se inició con los devastadores incendios forestales que azotaron a las regiones del Biobío y Ñuble, donde comunidades enteras vieron consumirse en las llamas el fruto de décadas de esfuerzo, junto con la irreparable pérdida de vidas humanas.
En Chile, los incendios forestales no son solo consecuencia de altas temperaturas, vientos intensos u otras condiciones climáticas extremas, sino también del modo en que el territorio ha sido ocupado y organizado. La creciente proximidad entre áreas urbanas y extensas zonas de biomasa forestal ha configurado una peligrosa interfaz urbano-forestal que expone a miles de viviendas y familias a un riesgo permanente.
En este contexto, el ordenamiento territorial debiera ser una herramienta central para la prevención de desastres. Nuestro país cuenta con instrumentos de planificación que, bien utilizados, pueden contribuir a equilibrar el desarrollo económico, la protección ambiental y la seguridad de la población. Los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, elaborado por los gobiernos regionales, permiten identificar zonas de alto riesgo de incendios, inundaciones, remociones en masa u otras amenazas, orientando la localización de nuevas urbanizaciones y la priorización de infraestructura de mitigación. A nivel local, los Planes Reguladores Comunales definen directamente dónde y cómo se puede construir, pudiendo prohibir asentamientos en áreas peligrosas, establecer zonas no urbanizables y crear franjas de protección entre viviendas y plantaciones forestales que funcionen como verdaderos cortafuegos.
Sin embargo, estos instrumentos han sido utilizados de manera insuficiente y, en la práctica, no han cumplido un rol preventivo eficaz frente a incendios, inundaciones o derrumbes. Entre las razones destacan las presiones de grupos de interés, la escasa incorporación de evidencia científica y de experiencias internacionales, y, lamentablemente, una falta de voluntad política para priorizar el bien común por sobre intereses particulares.
Las proyecciones del cambio climático para Chile son preocupantes, y la ausencia de un ordenamiento territorial robusto solo incrementa la vulnerabilidad de las comunidades expuestas a estos riesgos.
Tal como señalé hace un año en este mismo espacio, evitar nuevas tragedias exige avanzar con urgencia hacia una amplia convergencia nacional que involucre al mundo privado, la academia y las instituciones públicas, con el fin de construir estándares compartidos para enfrentar este desafío. Ello requiere, además, superar la polarización política extrema, cuyas descalificaciones vacían de contenido el debate público. Solo mediante un esfuerzo colectivo, generoso y transversal podremos imaginar para Chile un futuro más seguro y sustentable, sin que el progreso siga escribiéndose sobre cenizas, dolor y destrucción, en desmedro de las próximas generaciones.
Columna publicada en InduAmbiente n° 198 (enero-febrero 2026), página 49.
Ordenamiento territorial: tarea prioritaria
Claudio Zaror
Profesor Emérito Departamento Ingeniería Química
Facultad de Ingeniería Universidad de Concepción
