Gestión de residuos: del servicio municipal al público

Para entender la política y la normativa para la gestión de los residuos sólidos en el país, es necesario remontarse al año 1970 donde sólo se disponía de una ley con el Código Sanitario en que se mencionaban algunas acciones en la materia que habría que transformarlos en decretos. Fue necesario llegar a 1994 para que surgiera la primera ley nacional sobre medio ambiente que valoraba este tema y que exigía estudios de impacto ambiental para todo su ciclo de vida. Esta ley recién pudo ser aplicada con más profundidad a partir del 2010 cuando se fortaleció la institucionalidad capaz de gestionar y orientar el funcionamiento de todo el ciclo de vida de la gestión de los residuos sólidos. Sin embargo, esos cambios normativos tampoco fueron suficientes.

En el año 2016 se publicó la famosa Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) que permite y fomenta un enfoque de economía circular para su gestión. La REP fue concebida como un instrumento económico para asegurar el financiamiento necesario para la gestión de los residuos, fortalecer la acción privada y la asociatividad entre todos los gestores. Todos puntos necesarios.
Sin embargo, la ley no incluyó la aplicación del principio de quien contamina paga, pilar de la economía de mercado, es decir que cada uno de los usuarios pague por el volumen de residuos que genera. Al igual que lo que se hace con el agua potable y la electricidad, entre otros servicios públicos.

¿Por qué este vacío al no querer considerar la gestión de los residuos como un servicio público más? Con superintendencias, empresas modelo de gestión y sistemas tarifarios que pueda dar señales para su gestión adecuada con su rol regulador en el mercado. Es posible que la respuesta tenga que ver con múltiples factores que van desde la prohibición de que la gestión de los residuos sólidos y sus rellenos sanitarios sean públicos o municipales y que tenga que ser obligatoriamente privada (desde mediados de los 70), hasta el problema político que podría significar tener que pagar por un servicio supuestamente gratuito para la población, pero no para los municipios.

Está demostrado que no es un conflicto pues la gente quiere vivir en un entorno limpio y la tarifa sería muy baja. Tal como en los países que han avanzado en el tema, se requiere una institucionalidad diferente, con una mejor fiscalización en todas las etapas del ciclo de vida. Algo con lo que no discrepa el enfoque de la economía circular; muy por el contrario, la enriquece.

Columna de opinión publicada en InduAmbiente n° 198 (enero-febrero 2026), página 43.