El SEIA otra vez en cuestión

Hace algunos días, un medio de comunicación nacional informó que más del 70% de los proyectos en calificación dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se encuentran suspendidos. Una cifra significativa, ya que la suspensión implica que el tiempo en que un proyecto permanece en pausa no se contabiliza dentro de los plazos legales de evaluación ambiental.

La suspensión puede producirse en las declaraciones de impacto ambiental (DIA) y en los estudios de impacto ambiental (EIA), principalmente durante la etapa de solicitudes de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones. En términos generales, corresponde a una solicitud del titular del proyecto destinada a contar con tiempo adicional para responder las observaciones formuladas por los organismos evaluadores. Asimismo, los plazos pueden suspenderse por procesos de consulta indígena o por situaciones excepcionales, como emergencias naturales.

Según el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el 69% de las suspensiones responde a solicitudes de los titulares. Sin embargo, la discusión no se agota en esta cifra. Expertos han señalado que estas pausas no necesariamente obedecen a una estrategia deliberada de los proponentes, sino también al aumento sostenido de las exigencias técnicas y a la dificultad material de abordarlas dentro de los plazos legales ordinarios.

Lo anterior revela una tensión estructural del sistema de evaluación ambiental. Por una parte, proyectos que ingresan sin antecedentes suficientes generan sucesivas rondas de observaciones que prolongan la tramitación. Por otra, la creciente complejidad técnica de las evaluaciones exige mayores capacidades institucionales para procesar eficientemente dicha información. El resultado es un procedimiento que, aun funcionando conforme a su diseño normativo, termina extendiendo significativamente los tiempos reales de decisión.

Hace años distintos sectores empresariales han solicitado mayor celeridad en los procesos de calificación ambiental, mientras organizaciones ciudadanas y servicios públicos advierten que la falta o deficiencia de información presentada dificulta evaluaciones oportunas y técnicamente fundadas. Así, el debate no parece centrarse únicamente en acelerar plazos, sino en mejorar la calidad del ingreso de los proyectos y fortalecer la capacidad evaluadora del sistema.

En un contexto político marcado por el interés en impulsar la inversión y destrabar iniciativas en evaluación ambiental, surge una pregunta inevitable: ¿cómo asegurar que los proyectos ingresen al SEIA con información suficiente y estándares técnicos adecuados, de modo que la evaluación sea simultáneamente rigurosa, transparente y eficiente?

Columna de opinión publicada en InduAmbiente n° 198 (enero-febrero 2026), página 67.