
A propósito de algunos episodios relacionados con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental durante los últimos meses se ha hablado bastante de que necesitaríamos "más técnica y menos política" a la hora de enfrentar la "permisología", un neologismo usado para denotar los nudos o cuellos de botella que recibirían los proyectos de inversión en nuestro país.
Más allá del cuestionable uso del sufijo "logía" (más propio del estudio, ciencias o campos de conocimiento) para no hacer alusión sino a problemas de plazos excesivos de tramitación, falta de coordinación estatal y un exceso de burocracia en los trámites; lo que no es cuestionable es la tensión que evidencia nuestra institucionalidad ambiental al día de hoy.
Hoy es, justamente, cuando necesitamos más de la política para solucionar estos problemas.
Hay varios ejemplos que muestran aquello, aunque por ahora podemos mencionar sólo tres. Hoy, cuando en las sociedades actuales el "impacto ambiental cero" no es más que una utopía, como país debemos definir cuáles impactos son aceptables y, lo más importante, en qué lugares lo serán, cuestión que atañe a un conjunto no menor de leyes, como el sistema de áreas protegidas o la Ley Lafkenche por ejemplo.
Del mismo modo, se necesita mayor claridad sobre los requisitos que impone la autoridad mediante guías, instructivos, criterios a proyectos de inversión, y reglas legales claras que impidan su aplicación a procedimientos en curso, entregando seguridad sobre los requisitos aplicables desde el ingreso al SEIA. Algo de esto lo ha abordado la reciente Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, aunque se necesita avanzar con mayor fuerza legislativa.
En fin, resulta inaceptable que cada proceso de impugnación –en teoría con sólo unos cuantos trámites procesales– tarde fácilmente más de tres años sin que existan consecuencias desfavorables claras para la Administración; o que incluso se presenten casos en que la Administración tras una sentencia favorable por parte del tribunal ambiental oponga dificultades para su cumplimiento oportuno.
En síntesis: debemos modernizar nuestro sistema. Pero para ello resulta imprescindible alcanzar un acuerdo transversal como país, similar al que existió en el 2009 cuando se aprobó la denominada –por aquel entonces– "nueva institucionalidad ambiental".
Hoy, por tanto, más política. La técnica bien podemos dejarla para después.
Columna de opinión publicada en InduAmbiente n° 198 (enero-febrero 2026), página 37.
