Debida diligencia: oportunidad para los exportadores

Hoy la transparencia es crucial para permitir al mercado contar con la mejor información al momento de evaluar sus riesgos.

Es así que diariamente vemos a los compradores de bienes y servicios exigir mayor información no financiera en la elaboración de sus portafolios de compra y que éstos cumplan con ciertos estándares ambientales.

Ejemplo de lo anterior es la reciente encuesta de la revista Forbes que señala que los consumidores de la Generación Z (aquellos nacidos después de 1996) están dispuestos a pagar un 10% más por marcas sustentables.

Bajo este contexto, hemos sido testigos de la aprobación por parte del gobierno federal de Alemania de la Ley de Debida Diligencia en la cadena de suministro, con lo cual este país adquirió una posición de liderazgo al iniciar la migración desde la responsabilidad empresarial voluntaria a una obligatoria, lo que sin duda es un verdadero cambio de paradigma.

Por otra parte, la aplicación de esta normativa en Alemania anticipa su extensión a toda la Unión Europea, que está desarrollando una directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad que fijará estándares mínimos para sus integrantes.

En concreto, la ley alemana de debida diligencia obliga a las empresas de ese país a responsabilizarse de su cadena de suministro y a garantizar que las partes con las que tengan contratos en el extranjero también respeten y cumplan las normas de derechos humanos y medioambientales reconocidas internacionalmente.

La nueva ley establece, entre otras consideraciones, un sistema de gestión de riesgos y determina quién es el responsable al interior de la empresa. Al mismo tiempo, les impone a las compañías diligencias concretas que deben cumplir de forma adecuada.

La regulación entrará en vigencia el 1 de enero de 2023 y se aplicará a todas las empresas que tengan una oficina central o una sede estatutaria en Alemania y al menos 3.000 trabajadores que operen en ese país. A partir de 2024 será extensiva a compañías con más de 1.000 trabajadores.

Con su aplicación se podrán advertir algunos beneficios para los exportadores nacionales. Por ejemplo, aquellas empresas que estén mejor preparadas para cumplir la normativa accederán de mejor forma a este mercado o a nuevos proveedores.

En resumen, la norma fija estándares de cumplimiento no financiero que afectarán la línea final de las empresas, no solo en Alemania, sino que en un futuro próximo en Europa.

En consecuencia, podemos concluir que el cumplimiento de ciertos estándares ambientales y de derechos humanos avanza aún más allá de la regulación. Y que aquellas compañías que no se adapten a esto se quedarán atrás.

Columna publicada en InduAmbiente 178 (septiembre-octubre 2022), página 79.